La República

EXPOSICIÓN

Cuándo inicia el cambio verdadero

El pasado mes de julio tuve la oportunidad de presentar en el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio, algunos de los hallazgos de nuestro documental “Muerte Por Mil Cortes, respecto a la aceleración de la deforestación y la producción de carbón vegetal ilegal en el sur de la República Dominicana. La presentación provocó la indignación de la sociedad dominicana, resultando en que la deforestación lograra un verdadero protagonismo en los medios nacionales durante todo un mes. La charla también incitó la respuesta inmediata y directa de numerosos funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente, en su mayoría negando que hubiese un problema de deforestación generalizada en el país o que la producción autorizada de carbón vegetal representara una amenaza real.

Pese al rechazo de nuestros hallazgos, la presión pública contribuyó a que el presidente Danilo Medina realizara importantes cambios dentro del Ministerio de Medio Ambiente y recalcara la existencia de problemas ambientales en sus discursos públicos. Incluso, uno de los temas centrales de su discurso de juramentación fue la protección de los recursos de agua del país. Como parte de los cambios de su gabinete, el presidente Medina colocó a la cabeza del ministro de Medio Ambiente a Francisco Domínguez Brito, ex Procurador General de la República. En dos visitas, “visitas sorpresa” consecutivas a las comunidades rurales, Medina manifestó la importancia de frenar la deforestación y amenazó con penas de cárcel a quienes talaran bosques ilegalmente. En un mes, el tono del gobierno pasó de negación a reconocimiento del problema que representa la desforestación y la necesidad de realizar mejoras en el sistema.

El ministro Domínguez Brito ha demostrado la clara intención de emprender un cambio creíble. Una semana tras que asumiera el cargo, tuve la oportunidad de presentarle “Muerte Por Mil Cortes” y debatimos posibles soluciones. Domínguez Brito se ha tomado el tiempo de buscar y escuchar las opiniones de grupos ambientales, organizaciones sin fines de lucro y miembros de la sociedad civil en relación a los distintos retos ambientales que enfrenta el país. En más de una ocasión, el Ministro ha viajado hasta Valle Nuevo en compañía de actores interesados locales, científicos y defensores del medio ambiente. Incluso, hace muy poco anunció importantes cambios en la política de uso del suelo del parque nacional Valle Nuevo, a fines de erradicar las invasiones agrícolas a gran escala y otros problemas del parque. En sólo unos meses, el Ministro ha incluido en su toma de decisiones voces de distintos actores, generado una sensación de cauto optimismo, fruto de sus iniciativas.

Sin embargo, a pesar de los prometedores pasos del Ministro, aún falta mucho por cambiar. Si bien la comunidad ambiental aplaude, con razón, las iniciativas del nuevo Ministro, también resulta evidente que son muy pocos, por no decir ninguno, los cambios estructurales y sistemáticos que ha habido dentro del Ministerio de Medio Ambiente.

Por ejemplo, pese a la escasez evidente de recursos disponibles, cada vez son más los retos anuales que debe afrontar el ministerio y menor la dotación económica de que dispone. Desde hace varios años, el presupuesto operativo anual del Ministerio de Medio Ambiente tiende a reducirse. En el 2015, el presupuesto del Ministerio era de 5.9 millones de pesos y en el 2016 se redujo a 5.6 millones de pesos. No sólo hay una marcada debilidad para monitorizar, controlar y resguardar las zonas protegidas de país, sus cuencas hidrográficas principales y llevar a término los objetivos más básicos de la Ley Medioambiental No. 64-00, sino que además el Ministerio se ve obligado a afrontar todos estos retos con recursos cada vez más limitados.

Basta una breve visita a las zonas protegidas del país para apreciar la alarmante falta de empleados, vehículos, materiales básicos o infraestructura adecuada que serían razonables y necesarios para proteger esas áreas. Las amenazas son múltiples: agricultores poderosos, carboneros, cazadores furtivos, minería e intereses de desarrollo, además del asentamiento de nuevas comunidades dentro de los límites del parque. A pesar de las diversas organizaciones locales e internacionales, hasta que las áreas protegidas del país no sean una prioridad real para el gobierno dominicano, con un presupuesto que respalde su gestión, estas zonas seguirán languideciendo. En noviembre salen los planes presupuestarios del 2017 ofreciéndonos la oportunidad de comparar el nuevo interés gubernamental en la protección ambiental, con los recursos necesarios para lograrlo. Por otra parte, muchos de los funcionarios óentre ellos, prácticamente todos los Viceministros de Medio Ambiente- continúan ocupando el mismo cargo. Eso, a pesar de que son las mismas autoridades que han permitido el deterioro consistente de las condiciones ambientales durante la última década.

Como ejemplo, la devastación de los parques nacionales en los últimos años es uno de los casos más horrorosos. En un estudio de la Universidad de Maryland titulado “High-Resolution Global Maps of 21st Century Forest Cover Change”, los investigadores documentan la pérdida de 317 kilómetros cuadrados de bosque autóctono de las zonas protegidas del país. En concreto, la Sierra de Bahoruco, donde se filmó Muerte Por Mil Cortes, perdió 58 kilómetros de bosque. Valle Nuevo por su parte, perdió 21 kilómetros cuadrados de bosque autóctono, y el Parque Nacional de José del Carmen Ramírez perdió 89 kilómetros cuadrados de bosque, equivalente al 12% de la superficie total del parque. Para salvaguardar las áreas protegidas, es necesario que haya una gestión más eficiente, mayor disponibilidad de recursos y alternativas realistas para las poblaciones pobres que viven en estas zonas protegidas y sus alrededores. Pero lo más importante es exigir que los funcionarios asuman una mayor responsabilidad por el estado de los parques y rindan cuentas.

Al mismo tiempo, dado el profundo deterioro de las zonas protegidas dominicanas, el país ha recurrido a sus bosques para convertirse (según un artículo publicado en Energy Wire) en uno de los mayores exportadores de carbón vegetal a Estados Unidos, compitiendo con Canadá, Brasil y Argentina en el valor del carbón. El Ministerio ha permitido a pequeños grupos de productores explotar grandes superficies de bosque para producir carbón vegetal y exportarlo como carbón de barbacoa. La eficacia de la supervisión por parte de funcionarios forestales, a esos productores de carbón autorizado, es cuestionable. Hay poca garantía de que ese carbón no afecte negativamente al bosque autóctono, a las especies en peligro de extinción o a las zonas protegidas. Sin embargo, la supervisión de los bosques dominicanos y la vigencia de esos permisos continúan bajo la misma dirección.

Pese a la confianza que inspiraron las primeras iniciativas de Domínguez Brito, es necesario introducir cambios sistémicos en el Ministerio de Medio Ambiente para evitar que las repetidas infracciones históricas de las leyes ambientales se sigan cometiendo a futuro. En concreto, es necesario aumentar, en gran medida, el nivel de transparencia y responsabilidad de los funcionarios a cargo de aplicar la legislación ambiental del país.

Finalmente, el Ministerio debe institucionalizar la participación pública como principio básico del Ministerio de Medio Ambiente. Más allá de las audiencias públicas que forman parte del proceso para aplicar para nuevos permisos ambientales, se deben ampliar los mecanismos de participación pública para incluir reuniones periódicas entre los actores interesados y debatir temas relacionados a las zonas protegidas, la creación de un mecanismo funcional para documentar denuncias ambientales y oportunidades de exponer observaciones públicas sobre nombramientos dentro del ministerio. El nuevo Ministro ha abierto la puerta a una mayor participación y transparencia, pero para que los cambios perduren, no debe depender tan sólo de una persona.

El autor es co director y productor de ‘Muerte Por Mil Cortes’.

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