Difieren sobre venta de acciones plantas a carbón
Posiciones a favor y en contra ha generado la información de que el Gobierno se propone vender las acciones que tiene en la planta generadora de energía en Punta Catalina, por US$1,000 millones, para fortalecer el presupuesto del Estado del 2017.
El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Ramón Alburquerque, favoreció la medida tomada por el Gobierno y dijo que el país no debe ver esto con “ojeriza” sino exigir transparencia, y lo que el Gobierno no puede es entrar en concesiones de favoritismo, ni ventas de sus empresas sin transparencia.
“Si es una operación transparente, a precio conocido y público, yo estoy totalmente de acuerdo, si no hay tampoco regalo del patrimonio a favor de una empresa llámese como se llame”, enfatizó Alburquerque.
Agregó que las empresas que aspiren a tener acciones en la generación de las plantas a carbón Punta Catalina, deben comprometerse con el cumplimiento de los objetivos que busca el Estado en función de ampliar la capacidad de generación, garantizar precios justos en el mercado eléctrico y aportar al desarrollo del país.
El dirigente político destacó que se deben establecer reglas claras para este proceso y que las mismas deben emanar como resultado del pacto eléctrico.
Sin embargo, el presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y el Gran Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, consideró que es imposible ejecutar la venta de acciones de las plantas Punta Catalina, y que el gobierno juega a la demagogia, ya que éste ha sido un proyecto muy cuestionado desde sus inicios.
Indicó que no es honesto que el Gobierno diga eso ahora, y que en el país nadie sabe el costo real que tiene la construcción de estas plantas. Dijo, además, que el sector privado ha propuesto al Gobierno comprar Punta Catalina y éste ha rechazado la oferta. Que resulta hace un mes las autoridades eléctricas habían expuesto que tenían asegurados los fondos para concluir la construcción de las plantas.
Guzmán reiteró una propuesta hecha por la AEIH de que Punta Catalina sea terminada, sin endeudamiento, que luego licite la administración y que la empresa ganadora sea calificada internacionalmente para ponerla en condiciones de emitir bonos en el mercado de valores, lo que a su juicio garantizará transparencia, buena administración y sostenibilidad.