Medina reforma su política oficial sobre la tala de árboles

La declaración del presidente Medina en cuanto a que, quien se meta a deforestar va preso, fue una advertencia quizás como señal de un cambio de política gubernativa que en el pasado se abstuvo de intervenir en el negocio de la tala y usufructo de árboles maderables.

Aunque el Presidente habló a unos agricultores de Hondo Valle, Elías Piña, probablemente su advertencia se dirija más que nada a los grandes negociantes de la madera que están arrasando la cordillera central y el valle de Neiba, en una práctica ruinosa.

En el programa que presentó al electorado para el cuatrienio anterior, Medina puso énfasis en la necesidad de proteger el medio ambiente. En el que propuso para las elecciones del presente año, hizo énfasis también en la necesidad de proteger los bosques.

Medina busca corregir desatinos de los regímenes anteriores o “hacer lo que nunca se ha hecho”. Dentro de eso se enmarca la disposición de la Dirección General de Aduanas de no gravar los envíos de cajas y tanques de alimentos que van dirigidos a la gente más pobre.

Las zonas boscosas del país han sido objeto de un enorme negocio que amenaza con reducir más de lo que están los caudales de los ríos. Estudios recientes han advertido el grave peligro que amenaza con la destrucción de la foresta y sus consecuencias en la muerte de los ríos. Las publicaciones e investigaciones periodísticas sobre el problema de la deforestación no lograron que los gobiernos anteriores pusieran caso al problema, al igual que la extracción de materiales de los ríos, particularmente en las vecindades de San Cristóbal y del Cibao. Cualquiera creería que la advertencia presidencial fue obra de la improvisación, o quizás de la impresión que le ha causado al gobernante ver desde su helicóptero las enormes porciones de terreno en la región sur arrasadas por verdugos conuqueros dominicanos y haitianos.

La situación que se ve ahora en la República Dominicana la vivió Haití en décadas pasadas. Ese país apenas ahora cuenta con menos del 10% de su tierra para cultivar y alimentar a más de 10 millones de habitantes, lo que aumenta la miseria por la cual está pasando.

Los haitianos, con gobiernos despreocupados por el problema que ahora llama la atención del presidente Medina, permitieron que los conuqueros devastaran los campos de su país para cortar los árboles para leña madera y carbón. Y que las empresas de madera se enriquecieran.

Las estufas de gas Durante los 12 años del presidente Balaguer, advertido el estadista de que comenzaban a deforestar el país, especialmente haitianos y que en las casas dominicanas todavía en la época se cocinaba en fogones de carbón, lanzó un plan para llevar estufas populares a todo el campo.

Si bien esos programas de estufas populares no llegaron a completar la meta para la cual fueron puestos en marcha, al menos llamó la atención de los dominicanos menos pudientes y de la clase media, sobre la necesidad del uso del gas propano, que es ahora algo generalizado. Ahora que las relaciones de la República Dominicana con Haití entran en lo que parece ser un período de mejor comprensión mutua, tras la llegada a la Cancillería dominicana de Miguel Vargas Maldonado, quizás sea el tiempo de revivir esos programas para la parte haitiana. La parte dominicana podría muy bien proponer un plan de estufas populares para Haití sobre todo para el área fronteriza, lo que contribuiría al cambio de mentalidad de los haitianos respecto a la combustión con derivados de hidrocarburos para que dejen su apego al carbón. Eso podría lograrse con fondos internacionales.

Caso de los envíos El tema de los envíos de cajas y tanques con comida que embarcan los dominicanos en los Estados Unidos para sus familiares en la República Dominicana, fue al parecer la última gota que llenó la copa de tolerancia del régimen con el antiguo director de Aduanas, Fernando Fernández, destituido el pasado día 16. El ex funcionario se impuso ante los courriers para que las mercancías compradas en el extranjero a un precio superior a los US$200.00 tuvieran que pagar impuestos, no importa si se trataba de comestibles, medicinas, ropa para bebés y otros artículos de necesidad.

Como resultado de esa práctica abusiva del estado contra los contribuyentes, ha quedado el lastre para muchas compras menores de la cantidad señalada y a las cuales se pone un sello que dice: “requiere factura”, lo que afecta particularmente a gente que recibe medicamentos donados. En los dos casos, de las cajas y tanques de comida y de los embarques por los couriers, se alegaba la defensa del interés impositivo del estado, cuando al parecer lo que se buscaba era cerrar la única brecha que tenían los consumidores para adquirir productos a menores precios.

El caso de los envíos de cajas y tanques provocó la indignación de mucha gente cuyos familiares le envían comida y ropa que no podrían comprar en el país y que ha cumplido la función verdadera de que los Estados Unidos visten y calzan a la República Dominicana.

Los pobres que reciben las cajas de comida que envían sus parientes desde los Estados Unidos no tendrían posibilidades de adquirir comestibles de calidad como el arroz premium y el aceite, de oliva, de canola o maíz que en el mercado local tienen precios inalcanzables.

En su comunicado para informar sobre la revocación de la medida, la DGA dijo que “apoya, reconoce y se identifica con el sentido humanitario, solidario y social de los envíos”, pero advierte que no permitirá la entrada de municiones, armas de fuego, narcóticos y dinero del narcotráfico.Al régimen de Medina le espera una larga lista de correcciones. Entre ellas se ha citado nuevamente las excesivas ganancias que obtienen las aseguradoras de los fondos de pensiones, que según una investigación periodística ganan 3.6 veces más que los afiliados.

La Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones, ADAFP, calificó de “falsas” la denuncia de que esas entidades ganan 3.6 veces más que los afiliados. Los argumentos expuestos por el conglomerado empresarial parecen razonables desde la lógica del mercado.

Sin embargo, existe la creencia generalizada que los bancos, los dueños del capital de las Afps, que teóricamente son de los asalariados, están teniendo excesivas ventajas que podrían ser limitadas para que los cotizantes adquieran mayores partidas para su retiro laboral.

De corregirse esa y muchas otras distorsiones y descuidos de los gobiernos frente a las necesidades de la población, el presidente Medina terminará en el 2020, a la izquierda de sus críticos de hoy.