El lado oscuro en la compra de los tucanos

El escándalo que rebrota en la República Dominicana con el arresto de un mayor general y un coronel de la aviación --ambos en activo--, y dos conocidos empresarios a quienes se acusa de recibir un soborno millonario por la compra de ocho aviones Súper Tucano, tiene origen en la competencia comercial de los dos grandes fabricantes norteamericanos --Boeing y Airbus--, en disputa con la brasilera Embraer que en pocos años se situó como la tercera empresa aviónica del mundo y amenaza seriamente intereses estadounidenses.

No sólo en la República Dominicana el poder económico del Norte se resintió con la penetración al mercado de los fabricantes sudamericanos de aviones, sino que también en Argentina la pasada presidenta Cristina Fernández sufre graves acusaciones por coimas multimillonarias que supuestamente recibió por la compra de más de 40 aviones militares a la firma Embraer.

En Panamá se presionó al pasado Presidente Ricardo Martinelli para que violentara la composición accionaria de la aerolínea Copa Air Line tratando de evitar la renovación de su flota con 38 aviones brasileños modelo E-90 --un perfecto reemplazo en aerodinamia, confort y economía del Boeing 737--, lo que provocó una agria disputa político empresarial que separó para siempre al ex mandatario de la influyente familia Motta, accionista mayoritaria de la aerolínea.

En todos los casos --República Dominicana, Argentina y Panamá--, los fabricantes norteamericanos participaron en licitaciones internacionales para la adquisición de aviones militares o comerciales con características muy parecidas. En el caso dominicano no sólo participaron la Boeing, de Estados Unidos, y Embraer, de Brasil, sino también una pujante industria de aviones militares propiedad del Estado chileno que opera bajo el nombre de Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile (ENAER). Ambas fueron descalificadas en la primera apertura de sobres.

... Una licitación cuestionada La licitación fue ganada por la brasileña Embraer a pesar de que la misma cantidad de equipos militares con características parecidas fueron cotizados por Boeing-Airbus por algo más de 25 millones de dólares. La propuesta chilena no llegaba a los US$ 50 millones, pero luego se explicó que las características de los equipos eran muy diferentes.

Para la compra de los ocho aviones Tucano, el Estado Dominicano asumió un crédito con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), también de Brasil, por un total de US$ 93,697,887.60.

Por la acusación de recibir 3.5 millones de dólares en sobornos por esa operación, están arrestados el mayor general Pedro Rafael Peña Antonio, ex secretario de las Fuerzas Armadas en el gobierno del Presidente Leonel Fernández, y el coronel piloto Carlos Piccini, así como los empresarios Daniel Aquino Hernández y su hijo Daniel Aquino Méndez. También se involucra en la acción dolosa al senador Juan René Canaán, PLD-Hermanas Mirabal.

... La sospecha de los EU Medios estadounidenses como The Wall Street Journal y The New York Times se hicieron eco de investigaciones relacionadas con la compra de los equipos militares y filtraron una solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos al Ministerio Público de Brasil indagando sobre supuestos sobornos de Embraer a congresistas y a autoridades civiles y militares dominicanas y argentinas.

El expediente se originó en la investigación iniciada por la SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) a raíz de la incursión de Embraer en varios mercados de países del tercer mundo que provocaron denuncias de prácticas corruptas por parte de competidores directos de los principales fabricantes de aviones Boeing y Airbus.

Las indagatorias en torno a supuestos sobornos pagados a congresistas y militares por estas operaciones se iniciaron en el año 2010 cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos solicitó la colaboración del Ministerio Público brasileño luego de que ejecutivos de Embraer admitieran a los investigadores estadounidenses que habían pagado sobornos a autoridades militares y civiles en operaciones de ventas de aeronaves en ambos países.

A finales del 2013, el Wall Street Journal y el NY Times hicieron público algunos detalles de las investigaciones y revelaron los nombres de los ejecutivos de Embraer investigados y la delación de uno de ellos que atribuía al coronel Carlos Piccini, quien al momento de realizarse la operación fungía como encargado de Proyectos Especiales de las FFAA, como la persona receptora de un soborno de 3.6 millones de dólares para un supuesto pago a un senador que haría pasar el proyecto en el Congreso.

Es en esa circunstancia que la Procuraduría General de la República puso en marcha la acción pública solicitando informaciones tanto al Ministerio de Defensa como al Departamento de Justicia de los Estados Unidos y a los investigadores brasileños. Según la directora del PETCA, éstos les suministraron más de dos mil documentos que constituyen la base para la implicación del coronel Piccini, el ex secretario Peña Antonio y los empresarios Aquino Méndez y Aquino Hernández, y el señalamiento público al senador Rojas Canaán.

¿Cuándo entra el Senado? Cuando se aprobó el préstamo en el Senado, su entonces presidente y secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, dijo desde el estrado: “Si me entero que en esta compra hay soborno, tengan la seguridad de que yo mismo seré quien los someta a los Justicia a todos ustedes”.

La razón de esa advertencia tan poco usual radicaba en que en la Cámara Alta había renuencia a aprobar el préstamo. El senador Pared había sido informado por su hermano, el ex secretario de las FFAA entre el 2004 y el 2006, Sigfrido Pared Pérez, de la inconveniencia de la transacción porque se detectaron “zonas oscuras” dentro de la operación, pero también por la negativa de los norteamericanos a que el país adquiera esos equipos a una empresa brasileña en lugar de aceptar la oferta que hacían empresas norteamericanas a precios inferiores.

Sin embargo, los técnicos de la Fuerza Aérea entendían que los aviones Tucano en oferta eran “más flexibles, económicos y aptos para contrarrestar los vuelos irregulares” que buscaban impactar en la interdicción de la lucha contra la droga.

El expediente permaneció mucho tiempo estancado en la comisión de Hacienda del Senado a pesar de las presiones que se hacían por parte de figuras e instituciones de mucho peso en la sociedad y por la cúpula militar de la época, hasta que intervino “la mano política” que hizo posible su aprobación.

(+) FOLLOW THE MONEY La imputación de los empresarios Aquino surgió porque los norteamericanos utilizaron una técnica investigativa a partir de un viejo concepto policial conocido en la investigación forense por el vocablo sajón “Follow the Money”--sigue el dinero--, un termino que sugiere que el seguimiento del movimiento del dinero ilícito termina por dar con los responsables de una trama corrupta.

Según el expediente que maneja la PGR, la empresa 4-D Business Group, S.

A., propiedad de Daniel Aquino Hernández y de su hijo Daniel Aquino Méndez, fue el mecanismo utilizado para recibir y blanquear los US$ 3,520,000.00 que habría pagado Embraer en sobornos por la operación de los Tucano.

A partir de la información financiera, resultó fácil seguir la ruta de volúmenes tan importantes de dinero rodando de una cuenta a otra así fuera en paraísos fiscales… Siguiendo el hilo se llegó al ovillo.

A pesar de la magnitud del escándalo y sus implicaciones legales y políticas, la oposición encabezada por el PRM --que ha sido tan beligerante en contra del gobierno de Danilo Medina- -, obvia referirse al tema o lo minimiza calificándolo de circo o de show mediático.

La razón podría ser que un documento del expediente consigna que entre las empresas utilizadas para el envío del dinero ilícito, que supuestamente le era entregado al senador Rojas Canaán, está una empresa identificada como Saperofa, propiedad de Samuel Pereyra Rojas, sobrino del legislador… ¡… Pero resulta que Pereyra Rojas fue el director financiero de la campaña de Luis Abinader!!