14,798 reos esperan por una sentencia

A la vez que aumenta la población que guarda prisión en el país, se ha ido incrementando el número de reclusos que espera por una sentencia que defina su condición jurídica.

En espera de ser condenados o absueltos, porque todavía no cuentan con una sentencia que determine su culpabilidad o inocencia, se encuentran 14,798 reos, que representan 59.6 por ciento de los 24,848 que están privados de libertad en los 39 centros carcelarios del país, tanto del nuevo modelo como del tradicional. Las estadísticas de la población penitenciaria hasta el cinco de julio de 2016 muestran que los condenados son menos. En esa condición jurídica se registran 10,050, equivalente a 40.4%.

Como se puede apreciar, en vez de disminuir la cantidad de presos preventivos va en aumento. Hasta agosto del 2015, ascendía a 14,543, correspondiente al 58.8% de los 24,719 que hasta esa fecha estaban recluidos. Ya con una sentencia condenatoria estaban 10,176, para 41.2%.

En los últimos 11 meses se sumaron 255 reclusos más al estatus de preventivos, al elevarse de 14,543, hasta agosto del 2015, a 14,798, a julio de este año.

Los frecuentes aplazamientos de las audiencias en los tribunales provoca que haya demora en la emisión de una sentencia.

Abogados penalistas atribuyen esos constantes reenvíos a múltiples factores vinculados a deficiencias del sistema judicial y al tecnicismo procesal penal que debe ser agotado a partir de la entrada en vigor del Código Procesal Penal, en el 2004, que dividió los procesos penales en varias fases.

El no traslado de los reclusos al tribunal, la falta de un abogado, de un testigo o del juez, figuran entre las principales razones, en opinión de los abogados penalistas Víctor Sierra, Carlos Novas y Basilio Corsino Dotel.

Sierra expresa que a veces el imputado no es trasladado porque la resolución de medida de coerción dice que fue enviado a La Victoria, sin embargo está en otra cárcel.

“Los juicios se hacen con las partes, si falta una no puede haber audiencia”, enfatiza Sierra. Atribuye en parte la suspensión de los juicios a deficiencias del sistema judicial, pues sostiene que el conocimiento del proceso se demora por las notificaciones, por el mal procedimiento que llevan los jueces o porque el imputado se esconde en el recinto para que no lo lleven al tribunal. Dice que también los policías cuando el preso no les paga no lo suben en la guagua para transportarlo al tribunal.

El abogado Basilio Corsino Dotel piensa que a veces se atrasa porque al reo no le llega la citación o no lo encuentran cuando van a buscarlo por la sobrepoblación de la cárcel, imposibilitando su presencia en la audiencia.

Corsino Dotel plantea que lo correcto es que el tribunal dicte una sentencia en la primera audiencia y como máximo en la segunda.

Para exponer cómo afecta la espera de una sentencia a los imputados, Corsino Dotel asemeja los casos penales con un padecimiento de salud, analizando que mientras la persona no sabe cuál es su pronóstico se mantiene con una incertidumbre.

“Ellos tienen incertidumbre de cuál va a ser su veredicto, si va a resultar en una absolución o en una condena, y eso le afecta emocionalmente”, cree.

El abogado Carlos Novas puntualiza que los procesos penales que suelen aplazarse con más frecuencia son aquellos en los que hay varios imputados.

Y en ese sentido expone que recientemente el Séptimo Juzgado de la Instrucción aplazó el conocimiento de un caso que implica a 11 personas porque a uno de los acusados lo mataron en la cárcel La Victoria, y porque otros acusados cambiaron de abogados.

Solo en la fase preliminar ya ese caso se ha aplazado tres veces.

“Como son tantos imputados se ha ido reenviando, porque algunos de ellos han cambiado de abogados, otra porque un abogado no vino, otras veces porque no han traído a uno de los acusados, y ahora porque mataron a uno en la cárcel”, precisó.

“Siempre es problemático cuando hay varios imputados”, dice.

En otro proceso, señala que pidió un aplazamiento porque está gestionando un acuerdo con el ministerio público para que se aplique el procedimiento penal abreviado, a través del cual su cliente se declarará culpable a cambio de que le disminuyan la pena. El hecho por el cual esa persona fue enviada a prisión ocurrió en diciembre, por posesión de drogas.

Los abogados penalistas consideran normal dos y tres aplazamientos, pero perciben que en ocasiones ocurren hasta diez, por espacio entre audiencia de uno y dos meses, debido a la cantidad de expedientes que tiene asignado un tribunal.

Para poner un ejemplo, el lunes pasado el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional tenía previsto conocer 27 casos. Ese día fueron aplazados varios procesos judiciales.

(+) LA DISTRIBUCIÓN DE LOS PREVENTIVOS Las estadísticas evidencian que el porcentaje de preventivos es mayor en los centros tradicionales en comparación con los del régimen del nuevo modelo, en los primeros hay 4,438 personas, el 63.7 por ciento de los 8,573 recluidos en ese tipo de recintos, y en los segundos, 10,360, el 51.8% de los 16,275 que hay en las cárceles tradicionales. La Victoria alberga la mayor cantidad de presidiarios sin sentencia, un total de 5,540, que representan el 69.4 por ciento de los encerrados allí, que suman 7,983. La cantidad de preventivos de La Victoria constituye el 34 por ciento de la totalidad de reclusos que esperan un fallo y el 22.2 por ciento de la población penitenciaria nacional. A ese recinto le sigue en número de preventivos la cárcel de La Vega, con 1,094, equivalente a 75.2 por ciento de 1,454 reos que conviven en ese recinto.

En el centro de Najayo hombre hay 540, representando 35% de su población general, que suma 1,543 reos, y la de El Seybo, con 504, que significa 63 por ciento de los 797 recluidos.