Venezolanos enviados a prisión en La Romana consideran que se les violaron sus derechos

Los cinco venezolanos a quienes se les dictó tres meses de prisión preventiva, por el alijo de 359 kilos de cocaína que llegaron por el aeropuerto de La Romana el pasado 26 de marzo, consideran que se les violaron sus derechos para lograr su condena y mantenerlos en prisión.

Los extranjeros, quienes mantienen un proceso judicial desde el Jueves Santos, observaron como algo irregular que se les colocaran abogados de la Defensoría Pública, cuando ellos querían sus abogados privados, lo que también avala su abogado Dionicio Báez, quien fue declarado en abandono.

Luis Justiniano Núñez, de 55 años; Jorge Henríquez, de 44; Gerardo Díaz, de 38; Gregory Frías, de 23 y Jean Carlos Díaz, de 35, son los detenidos a quienes el juez Nehemías Rodríguez dictó tres meses en la revisión del fallo de Aristilda Rodríguez del pasado Jueves Santos que ordenaba su libertad “pura y simple”.

Según los apresados, la violación procuraba la medida de coerción y legalizar la prisión, versión que niega la procuradora fiscal Yaniris Rodríguez, quien sostiene que con ellos no hubo violación en el proceso, que tuvieron oportunidad de tener sus abogados privados, pero no respetaron los plazos reglamentarios, y luego a quienes postularon fueron decretados en abandono.

El caso se encuentra en la fase en que el Ministerio Público tendrá tres meses para indagar sobre el expediente y los implicados, después de que el magistrado a cargo, normalizara la prisión que se alegaba irregular, luego de que la jueza Mercedes dispusiera la libertad. En esta ocasión el juicio se llevó a cabo a puerta cerrada, no se permitió entrada a la prensa.

A los reclamos de los apresados se unieron sus familiares, entre ellos la madre de Jean Carlos Díaz, quien dijo que su hijo lleva cuatro años residiendo en el país con su esposa y cinco hijos, y se quejó de que no lo pusieron en libertad con la primera decisión.

A pesar de que el Ministerio Público se acogió en parte al pedido de enviar a prisión a los detenidos, la solicitud inicial era un año de prisión para los venezolanos.

Por su parte el abogado de los venezolanos reiteró que los implicados no quieren ser defendidos por el Estado, a lo que tienen derecho, adelantó que apelarán y harán todo lo que la justicia le permita en favor de lograr la libertad de los extranjeros citando el artículo 111 del Código Procesal Penal que refiere sobre el derecho que tienen los acusados de escoger sus abogados.