CONQUISTA SOCIAL O MÉRITO PROFESIONAL
Motivos para los ascensos militares
Como cada año, pero este año con un énfasis especial, las Fuerzas Armadas de la República Dominicana han hecho pública su “lista” de ascensos, que según los medios de prensa, ha alcanzado la cifra de 10,444 “agraciados”.
Como parece que las promociones de grado por méritos profesionales ha pasado a la historia, el criterio utilizado por el mando militar para recomendar al Poder Ejecutivo los ascensos ha sido el de la “antigüedad” en el rango, práctica que se ha convertido en una tradición forzada en unas instituciones que están perdiendo su esencia y naturaleza filosófica y misional a una velocidad preocupante.
Un análisis detallado de estos listados permite ver con tristeza y preocupación cómo ciertos niveles del alto mando castrense siguen confundiendo la esencia fundamental del ascenso en las instituciones militares, manejándolos erradamente como si la promoción al grado superior fuese una especie de “conquista social” que se obtiene simplemente por favoritismo, y no como el resultado de un desempeño eficiente, apegado estrictamente a unos parámetros establecidos por ley que se sobreponen a otros, donde la antigüedad es solo un criterio más a tomar en cuenta. Parecería una negación consciente de lo que la propia ley que los rige ha estatuido, al expresar tajantemente en su Artículo 112 que “el ascenso forma parte esencial de la carrera militar, constituyendo una motivación y la oportunidad para cada miembro de obtener su realización profesional, en base al mérito y constancia en el servicio”, para agregar de inmediato que “su finalidad es fortalecer la institución asegurando la validación de la carrera militar de los miembros de las Fuerzas Armadas, además de desarrollar el liderazgo y el espíritu militar.
Independientemente de esto, para nadie es un secreto que en cada ascenso, este criterio (el de la antigüedad) es frecuentemente violado, y en el último ascenso también ha sido así, privilegiando a unos de manera descarada por encima de los derechos legítimos de otros.
Nueva vez, criterios, como el “amiguismo”, “él estudió conmigo”, “es hijo de la doña”, “lo recomendó fulano” o “es un compromiso de tal o cual poder”, por desgracia, son los que han primado. Para muestra, basta con mirar con un “ojo abierto y otro cerrado” los ascensos al grado de Oficial General que han sido publicados, y analizar las características particulares y distintivas de cada uno de los “agraciados”, donde se podrá ver con claridad que, aunque a lo interno se pudiera haber hecho algún esfuerzo por cumplir lo que establece la ley en relación a la concesión de nuevas plazas para oficiales generales, en la selección de los ascendidos requisitos como equidad y justicia son elementos que parecen estar ausentes o confusos, pues es evidente que alguien ha obviado que la misma Ley Orgánica militar ordena en el Artículo 75 que “la promoción de grado estará condicionada a la existencia de plazas disponibles, y estrictamente sujeta al orden de antigüedad establecido en el escalafón de la institución militar que corresponda”, en este caso el Ejército de la República Dominicana (ERD). Los años de ingreso diferenciados (1981, 1985 y 1991) de los tres nuevos oficiales generales, en donde se destacan diferencias hasta de diez años entre uno y otro, indican claramente que estos requisitos no han sido cumplidos de manera justa, equitativa y observando el debido respeto a los fundamentos básicos de esta profesión tan compleja, a pesar de que las instituciones militares están regidas ahora por una normativa “moderna”, que al decir de sus últimos promotores, venía a corregir viejos entuertos que “castraban” su desarrollo institucional y su accionar en un ambiente de plena democracia.
En ese orden, estamos seguros que mucha gente se estará preguntando ahora para qué y con qué propósito real fue derogada la antigua ley 873-1978, si a la luz de los hechos actuales, los males institucionales que la hacían inoperante ahora se repiten con igual impunidad y descaro, ignorando además que ahora existe una Carrera Militar que por demás está reconocida en la propia Constitución de la República.
Pero también falta por saber si alguien, dentro de la estructura de toma de decisiones al más alto nivel del Estado, se ha detenido a pensar en las consecuencias nocivas que para la cohesión y disciplina institucional tiene el involucramiento excesivo de sectores ajenos a las Fuerzas Armadas en sus asuntos internos, una de cuyas manifestaciones más obvias es precisamente el incidir en los ascensos, especialmente al grado de Oficial General.
En el caso que referimos, y a pesar de ser una cantidad evidentemente mínima de promovidos al grado de Oficial General comparada con otros años, hay una mezcla de “mansos y cimarrones”, que puede tener muchas lecturas dependiendo de las “preferencias” literarias del interesado, por lo que le invitamos a sacar sus propias conclusiones, y a inquirir como ciudadano con derechos, si realmente se avanza en el necesario proceso de reforma militar, bajo el entendido de que unas FFAA cohesionadas, motivadas, respetadas e institucionalizas constituyen el sostén de la democracia en la mayoría de las naciones del planeta...
Como sabemos que el asunto es muy complejo, más adelante continuaremos con el tema en cuestión...