La soberanía migratoria y sugerencia de apátridas, puntos de reacción de políticos

Dos puntos del informe de la OEA sobre la crisis migratoria entre República Dominicana y Haití produjeron las mayores reacciones en la clase política nacional: la valoración de que el país puede ejercer sus políticas migratorias y afirmación de que existen personas en riesgo de no contar con ninguna nacionalidad reconocida.

Cristina Lizardo, presidenta del Senado, por ejemplo, declaró su satisfacción en que la Organización de Estados Americanos reconozca que República Dominicana tiene derecho a regular su migración, y aprovechó para reiterar que su soberanía no se negocia.

Las posiciones más críticas, como era de esperarse, la asumieron desde la Fuerza Nacional Progresista (FNP). Pelegrín Castillo, su primer vicepresidente, dijo que el país no necesita que la OEA o Haití reconozcan su derecho soberano a repatriar. “Lo que urge es ejercerlo. ¡Ya!”, aseguró.

Y su hermano, el diputado Vinicio Castillo, consideró que con el informe la misión de la OEA hace causa común con la “ofensiva diplomática haitiana” en sus ejes centrales, ya que entiende sirve para validar la existencia de ciudadanos en riesgo de quedar sin nacionalidad reconocida, en condición de apátridas.

“Haití acusó ante el mundo y ante la OEA a la República Dominicana de desatar una crisis humanitaria en Haití en capacidad de desestabilizar la región. Haití nos acusó de torturadores, de persecuciones y maltrato producto de repatriaciones masivas. La Misión de la OEA vino a comprobar si eso era verdad o mentira. Y sin embargo, han guardado silencio cómplice y ‘bandidesco’, dejando ante el mundo esas infamias contra nuestro pueblo sin desmentirlas”, declaró el legislador en un comunicado de prensa.

El secretario general de la OEA presentó ayer al Consejo Permanente de la entidad el informe de la comisión especial que visitó República Dominicana y Haití para constatar la realidad migratoria entre ambos pueblos. En el informe, la OEA recomienda retomar el diálogo de alto nivel entre ambos países y también menciona la necesidad de realizar las repatriaciones con el debido respeto a los derechos de los seres humanos envueltos en los retornos.

El presidente en funciones del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), diputado Víctor Bisonó, consideró que el diálogo pedido por la OEA entre RD y Haití debe estar supeditado al “fin del chantaje”. “El país no puede dialogar si hay intereses ocultos”, dijo.

Para Bisonó, República Dominicana siempre ha estado y estará abierta al diálogo, y sin concesiones en términos legales. Dijo que le satisfizo que con su informe la OEA reconoce el derecho del país a ejercer su política migratoria en consonancia a tratados y normas internacionales.

El gobierno dominicano respondió ayer al informe de la OEA indicando que la parte descriptiva del documento es una demostración de que las acusaciones contra el país son falsas e infundadas. La crítica que le hacen es que se verifica que no existe correspondencia entre contenido descriptivo y las conclusiones y propuestas que incluye.