EN PUERTO PLATA Y SANTIAGO
Condenas de 30 y 20 años por explotación sexual e intento de homicidio
El Tribunal Colegiado de Puerto Plata condenó a un hombre a 30 años de prisión tras ser hallado culpable de intento de asesinato contra otros dos.
La sentencia fue emitida contra Jorge Gabriel Báez Abreu, luego que lo declarara culpable de los delitos de tentativa de asesinato contra Henry Natanael Veras López y Pedro Parra Almonte.
El hecho se produjo en la comunidad Río Grande, del municipio de Altamira, el 30 de noviembre del año 2013, de acuerdo a un informe de la Procuraduría General de la República.
De acuerdo al acta del Ministerio Público, representado por la Procuraduría Fiscal de Puerto Plata, que dirige Alba Núñez Pichardo, Báez Abreu interceptó el vehículo en el que se transportaban las víctimas y sin mediar palabras les disparó.
De acuerdo a la acusación, para cometer el hecho el imputado utilizó un arma de fuego con la cual le propinó varios disparos en la cara, brazos y espalda a Veras López, mientras que Pedro Parra Almonte resultó con lesión permanente en ambos ojos.
El tribunal, presidido por la jueza Rosa Francia Liriano, ordenó que el imputado cumpla la pena impuesta en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe de esta ciudad.
En otro hecho, el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago condenó a 20 años de prisión y al pago de 175 salarios mínimos a un hombre al que acusó de incurrir en los delitos de violencia de género y explotación sexual en perjuicio de su pareja.
Se trata de Kelvin Rafael Núñez Cruceta, quien fue hallado culpable de ejercer violencia en perjuicio de su compañera sentimental, la cual según se estableció era obligada por el imputado a sostener relaciones sexuales con terceros a cambio de un precio por el encuentro, que a su vez éste cobraba para su lucro y beneficio personal.
La procuradora fiscal titular de Santiago, Luisa Liranzo, en un comunicado informó que lograron reunir suficientes pruebas con las cuales demostraron que el imputado violó el Código Penal Dominicano y la Ley 137-03 sobre Trata y Tráfico de Personas, que sancionan los delitos de violencia agravada y la explotación sexual.
Dijo que el Ministerio Público fue apoderado del caso a través de su Departamento de Persecución del Delito de Trata, Tráfico de Personas y Explotación Sexual. Las autoridades no revelaron el nombre de la víctima para proteger su identidad.