Diputados acusan de difundir una campaña de descrédito a la Asociación Dominicana de Radiodifusoras

Durante la sesión de la Cámara de Diputados, celebrada ayer en el congreso, varios miembros del hemiciclo se quejaron por lo que señalaron como una campaña de descrédito de parte de la Asociación Dominicana de Radio Difusoras (ADORA) que objetan un proyecto de ley presentado por el diputado Manuel Jiménez que establece sanciones para las emisoras que incluyan en su programación un 50 por ciento de música dominicana. Jiménez fue el primero en tomar la palabra y presentar el tema frente a sus compañeros ante los cuales señaló específicamente a la emisora Zol 106.5 y a varias de de sus figuras como promotores de una campaña que habría “provocado”, al menos, una agresión contra un diputado. De acuerdo a Jiménez, un diputado de San Francisco de Macorís requirió protección policía luego que una “turba le reclamara” porque ellos entendían que ahora los oyentes tendrán que pagar para escuchar música. En el debate también intervino el diputado Nelson Guillén y el diputado Víctor Gómez Casanova, quien es comentarista en la emisora Zol 106.5. Este defendió la actuación del medio para el cual trabaja y de sus compañeros. En el día de hoy, Jiménez fue contactado por el programa “El Sol de la Mañana” y allí volvió a reiterar que la campaña es difamatoria contra los diputados. Específicamente la campaña, que se escucha en las voces de Pablo Mckinney, Yolanda Martínez y Carlos Alberto Montaner, se sustenta en el alegato de que interferir sobre el gusto musical de los ciudadanos es una violación a la libertad de expresión. El proyecto de ley plantea multas desde 100 a 1,000 salarios mínimos del sector público al director de la emisora, el programador, o a quienes pauten, coordinen o dispongan la colocación de la música, o a los programas de la planta radial, televisiva o cualquier otro medio por no colocar música dominicana en el 50 por ciento de su programación. Si el condenado es reincidente, se duplicará la multa y se podrá ordenar la clausura del medio por un período no mayor de 30 días. Además, los empresarios artísticos podrían ser sancionados con pena de cárcel si violan los artículos 33, 34 y 35 del proyecto de ley, que obliga a presentar al menos un artista u orquesta criolla por cada artista o agrupación extranjera. El empresario artístico podría ser condenado a prisión correccional de dos meses a tres años, y pagar una multa de 100 a 1,000 salarios mínimos. También contempla sanciones contra los programas televisivos que no indiquen el nombre del autor de una canción, interpretada en vivo, grabada o en video clip. Abarca hasta la publicidad del espectáculo en los casos que no se haga mención del nombre del artista o la agrupación dominicana.