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REACCIONES

Vincho advierte sectores accionan en contra del país

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Ramón Pérez Reyes y Ricardo SantanaSanto Domingo

El director de Ética e Integridad Gubernamental, Marino Vinicio Castillo, denunció que existen organismos internacionales que buscan desacreditar al país con la finalidad de convertirlo en puerto libre del Caribe. Castillo informó que hay una manifiesta actividad contraria a la reputación del país a escala mundial que nos preferirían ver hundidos en el desorden, en la deshonra, en la inconducta, y que lo peor es que hay sectores nacionales que no están distantes de esos propósitos. El funcionario dijo que se nos quiere reducir de tal modo que parezcamos a la tragedia, vergüenza del mundo que se viene desarrollando hace décadas en la parte oeste de la isla. Destacó que ningún pueblo ha ejercido la compasión como nosotros frente a la desgracia de los vecinos, sin embargo nos acusan de represivos, persecutores, xenófobos y esta acusación no es solo a las autoridades sino a todo el pueblo. Dijo que por esta razón es necesario iniciar un proceso de unidad, un estado de conciencia generalizada, que entendamos que no estamos seguros, que no se admiten nuestros méritos, pese al desprendimiento y la piedad con que este pueblo se ha comportado. Mientras que, por otra parte, el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, consideró ayer que en la fase en que se encuentra la situación derivada de sentencia 168-13, que establece los criterios para obtener la nacionalidad dominicana, debe ser manejada únicamente por el presidente Danilo Medina y los funcionarios designados por el mandatario. Llamó a los funcionarios a dejar en manos del presidente este tema. Sobre el tema también habló ayer en Santiago el director de Migración, quien afirmó que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) vino al país a emitir juicios sin fundamentos, pero que ignoraron la solidaridad del pueblo dominicano con Haití y la tolerancia con los inmigrantes haitianos ilegales. José Ricardo Taveras dijo que la Ley de Migración seguirá aplicándose, porque el Estado dominicano no puede renunciar a sus derechos.

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