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JUSTICIA

Suprema Corte rechaza querella contra Díaz Rúa

JUEZ MOSCOSO SEGARRA DECLARÓ INADMISIBLE UNA ACUSACIÓN PENAL

El magistrado Alejandro Moscoso Segarra, juez de la Suprema Corte de Justicia, declaró inadmisible una acusación penal por supuesta violación de propiedad y una demanda en reparación de daños y perjuicios interpuesta por Víctor Manuel Espaillat Luna contra el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Víctor Díaz Rúa. Moscoso Segarra fue apoderado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, para decidir de manera previa sobre la “admisibilidad de la acusación”. La parte querellante pretendía que Díaz Rúa fuera condenado a dos años de prisión y al pago de una indemnización de RD$1,500 millones, junto con los señores Armín García Acuña, Rafael Graciano, Pedro Yarull y las empresas Dovicón, S.A. y Constructora Yarull, a quienes se les imputaba el delito de violación de propiedad previsto por la Ley No. 5869 del 24 de abril de 1962, cuando realizaron, por mandato del Estado, los trabajos de construcción de la avenida Circunvalación Norte en la ciudad de Santiago. El querellante los acusaba de penetrar a su propiedad, tumbar las cercas, destruir mejoras, cavar huecos y remover tierra. La acción penal fue iniciada por Víctor Manuel Espaillat Luna el día 11 de febrero de 2011 a través de sus abogados Ángel Lockward, Norberto Rondón, Rubén Puntier y Eduardo López. LAS AUTORIDADES NO ENCONTRARON PRUEBASEl juez Moscoso Segarra estableció en el auto dictado a favor del ministro Díaz Rúa que, “de las imputaciones proferidas por la víctima en su acusación se ha podido constatar que en ninguna parte ha acusado a Víctor Díaz Rúa de introducirse en la propiedad, cuya violación se alega; como tampoco de que se tratara de una actuación personal, directa e inmediata de dicho funcionario”, y que “no se han aportado pruebas que sirvan de fundamento a los hechos alegados, ni constituye una evidencia irrefutable la comisión de los mismos.” Además, con la citada decisión se puso fin a la persecución penal respecto a la jurisdicción privilegiada agotada de que goza el ingeniero Díaz Rúa, en su calidad de ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. La defensa de Díaz Rúa fue encabezada por el abogado Juan Antonio Delgado, e integrada también por Santiago Rodríguez Tejada y Joan Manuel Alcántara.

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