Víctimas de violencia citan trabas para lograr justicia

Usuarios de la justicia en el Distrito Nacional identificaron una serie de obstáculos que han impedido a las víctimas de violencia de género acceder al sistema judicial y lograr una justicia oportuna y efectiva, entre ellos el costo y la lentitud del proceso penal. Consideran que el costo del proceso impide la participación plena de la víctima para lograr el resarcimiento del daño provocado. Plantean, además, que la duración excesiva del proceso hace que la víctima pierda interés y que los excesivos reenvíos se convierten en una revictimización. Las limitaciones y trabas fueron identificadas por 100 usuarios del Palacio de Justicia del Distrito Nacional, mediante una encuesta realizada por la magistrada Sarah Veras Almánzar, jueza del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. Los resultados de esa encuesta fueron presentados por la magistrada en el tercer seminario internacional de victimología: víctima, política criminal y sistema judicial dominicano, organizado por el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, en el cual la jueza expuso sobre el tema “Victimización y Sistema Judicial en los Casos de Violencia de Género”. A los usuarios se les hizo la siguiente pregunta: “¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrenta la víctima de violencia en el Proceso Penal que traen como resultado su revictimización? Como parte de las respuestas, los usuarios citaron que no existe equidad entre la defensa técnica del imputado y de la víctima. Observan excesivas garantías para el acusado del delito, lo que entienden va en desmedro de las víctimas. Perciben como un inconveniente el estado de libertad del agresor, porque en ciertos casos se convierte en una amenaza para la víctima. Como un estorbo también citan la falta de información que tienen de los actos procesales o la información tardía. Más obstáculos Otros obstáculos identificados fueron la falta de seguridad individual y seguimiento adecuado a las víctimas, porque se encuentran desprotegidas y en estado de vulnerabilidad. También considera un escollo la inexistencia de una política criminal efectiva, sobre todo respecto a las instituciones a las que puede acudir la víctima en casos de violencia luego de la interposición de una denuncia. Entienden que no solo la víctima directa se encuentra vulnerable por ausencia de protección, sino también la familia. Otras limitaciones citadas conciernen a la falta de protección y de seguimiento, pues facilitan los mecanismos de manipulación; acuerdos sin la aprobación inteligente de la víctima entre imputado y ministerio público; citaciones formalmente correcta, pero materialmente inefectivas, no se toman en cuenta las excusas de las partes, desamparo de la víctima en casos de descargo; temor por represalias y los enfrentamientos con el agresor en audiencia y fuera de ella. No obstante a los obstáculos identificados por los usuarios del sistema, la magistrada mencionó pasos de avances, entre ellos defensa gratuita para las víctimas y la inclusión de jueces y fiscales en programas de formación sobre el tema de la violencia de género e intrafamiliar, a fin de lograr sensibilización. Destacó las campañas contra la violencia y la creación de una unidad de protección a las víctimas.