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ANÁLISIS

Delincuencia y narco afectan campaña del partido oficial

INSEGURIDAD AFECTA POLÍTICA, NEGOCIOS E IMPULSO DE TURISMO

El mandato del presidente Leonel Fernández a su ministro de las Fuerzas Armadas, teniente general Pérez Féliz, para incrementar la seguridad, podría evidenciar adicionalmente a otros gestos, su propósito de erradicar la delincuencia, un tormento público que amenaza hasta la campaña de su partido. El general Pérez Féliz ha demostrado bastante decisión respecto a ese problema, como también lo hizo cuando el Presidente le ordenó socorrer con los soldados a los damnificados de la última tormenta, sobre todo en la provincia de San Cristóbal. Fernández reunió recientemente en el Palacio Nacional al ministro y al jefe de la Policía Nacional, mayor general Polanco Gómez, e impartió instrucciones para la elaboración de un plan de contingencia contra la criminalidad rampante. A su vez el ministro Pérez Féliz convocó a los jefes de estado mayor del Ejército, mayor general Cáceres Chestaro; de la Marina de Guerra, vicealmirante Nicolás Cabrera Arias y de la FAD mayor general Gilberto Delgado Valdez, para materializar el encargo. Con tal de que sean frustrados los asaltos callejeros que han llegado hasta poblaciones tradicionalmente pacíficas donde pocas cosas malas ocurrían, muchos ciudadanos están pidiendo la medida extrema de enviar militares a dar soporte a la PN, algo que podría ser controversial en una época preelectoral. La delincuencia común, los asaltos y la aparente inundación de drogas que sufre el país amenazan no solamente el discurrir de las actividades políticas y la pujanza de los negocios sino también el impulso turístico que ha mantenido el país. La gente cree en FF.AA.Pese a que aparecen en la prensa con alguna frecuencia informes de soldados que se ven envueltos en actos reñidos con la ley, especialmente por el narcotráfico, las instituciones armadas se mantienen creíbles, según encuestas independientes. Los militares tienen mayor decisión, disciplina y sentido del sacrificio que muchos civiles que acceden a los cargos con el anticipado propósito de beneficiarse y favorecer a la legión de seguidores que los aupan en cada elección y a quienes importa poco la seguridad. Los últimos golpes al bandidaje y al narcotráfico, sobre todo después del asesinato del coronel de la DNCD, César Ubrí Bocio, le han ganado apoyo y respeto al presidente de la institución, general Rolando Rosado Mateo, cuya indignación fue la del ciudadano común. El malestar público sobre los crímenes que se cometen en el país, sin sentido en todos los casos, ha hecho que ciudadanos que se expresan a través de los medios interactivos reclamen mano dura, que liquiden a los delincuentes sin contemplaciones como si el país tuviera consagrada la pena de muerte. Quizá en atención a los mandatos de la ley, el gobierno del doctor Fernández ha dejado en parte el tema de castigar la delincuencia a los tribunales ordinarios, que en muchas ocasiones absuelven a los delincuentes, los cuales vuelven a su faena con mayores bríos. El Código Procesal Penal, castigado por la crítica pública al igual que muchos jueces y la misma dirección de la Suprema Corte de Justicia, sería modificado en 75 artículos para darle frente a la criminalidad y variar aspectos que pudieran impedir a los jueces severas condenas para los delincuentes. Como entre los delincuentes han estado oficiales militares y policiales vinculados al narcotráfico, el Gobierno decidió una profilaxis con el retiro de los que han cometido faltas graves. El lado malo de ello es que van a las calles tiradores que aprendieron a matar, como hizo el cabo Cavallo Montero, un joven policía con amplio pedigrí en los crímenes, contra un oficial superior. Los críticos dicen que un reciente aviso de que en el presupuesto de 2012 se consagran aumentos de sueldos para militares y policías entre l0 y 15%, no es suficiente. Otros comprenden la explicación del Gobierno de que no se dispone de más dinero por las restricciones del FMI. Rainieri advierte Recientemente el emprendedor turístico y empresario, Frank Rainieri, con casi cuarenta años en actividades en Punta Cana, advirtió el peligro que corre el turismo si continúan los crímenes en los polos de ese quehacer. El turismo ha crecido significativamente en RD pese a que faltan incentivos, mientras se ha alejado de naciones como México, otrora una potencia indiscutible, que lucha contra el flagelo de los carteles de drogas. Rainieri teme que una pérdida de la reputación de la República Dominicana como destino turístico de primer rango, haría que se desvíen hacia otros destinos caribeños de viajes muchos de los paquetes que vienen aquí desde Estados Unidos, Canadá, Rusia y el resto de Europa. La pérdida por el turismo, que el régimen del doctor Fernández ha privilegiado como una fuente de ingreso de divisas y de trabajo, sería no solamente un golpe duro para la economía del país y de los empresarios, sino también de los trabajadores. Punta Cana, un destino turístico donde se han construido últimamente hoteles que son publicitados en portales sofisticados para turismo de gran clase y se han hecho grandes inversiones, no puede correr el riesgo de que una situación descontrolada, que todavía no afecta tanto a los polos, llegue allí.

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