Crisis bancaria de 2003: los soportes de la historia

Recientemente, ha vuelto a la palestra el debatido tema de la crisis bancaria 2003. Con nuevo furor, economistas del litoral de oposición al Gobierno, que se han convertido en voceros públicos, afirman que la causa principal de la crisis bancaria no fue la devolución de los depósitos al público que se autorizó en el 2003, si no el excesivo endeudamiento en dólares que se promovió en el Gobierno del Dr. Leonel Fernández Reyna en el período 1996-2000, el cual, según ellos, presionó posteriormente al alza de la tasa de cambio y la inflación. En efecto, el señor Arturo Martínez Moya, y luego el Dr. Andy Dauhajre, de manera increíble y por conveniencias particulares, han venido expresando que el problema de dicha crisis se originó por el endeudamiento en dólares de la banca, y no por las malas prácticas bancarias, lavado de activos y operaciones fraudulentas entre otras causas que se detallan más adelante, por las cuales precisamente cumplen condena los principales directivos de los bancos fallidos. Pero más aún, en estos osados planteamientos, invitan al Honorable Señor Vicepresidente de la República y al público en general, a “revisar” las resoluciones de Junta Monetaria, para que “verifiquen las muchas facilidades que se otorgaron en ese período para propiciar el endeudamiento en dólares”. En interés de contribuir a arrojar luces sobre la verdad, a fin de que la opinión pública quede debidamente edificada, aceptamos el reto de “revisar” los anales de la historia, es decir, acceder a la documentación que sobre el particular reposa en la Secretaría de la Junta Monetaria. Ciertamente las autoridades monetarias y financieras, en el marco de las operaciones de la banca múltiple, desde inicios de los 90 autorizaron las operaciones en otros tipos de monedas, con el sano propósito de hacerla más competitiva y en consonancia con las prácticas bancarias internacionales prevalecientes en ese momento. Ahora bien, junto con el uso de estas nuevas facilidades, permitidas en todos los países del mundo, dichas autoridades fueron oportunamente cautas, y tomaron las medidas prudenciales de lugar para mitigar, con enfoque preventivo, los riesgos asociados a ese tipo de operaciones en moneda extranjera. Veamos pues los soportes de la historia disponibles: • Como primera medida cautelar, tenemos el establecimiento de un límite de un 30% del capital y reservas de los bancos múltiples, a los endeudamientos en moneda extranjera, con el propósito de alinear los niveles de este tipo de endeudamiento, en función del patrimonio que respalda a cada banco, el cual por su importancia sigue vigente todavía a más de 10 años de su establecimiento. ( Ver Segunda Resolución de la Junta Monetaria del 7 de octubre 1999) • De igual modo, para garantizar el repago en el exterior de los compromisos en moneda extranjera asumidos por estos bancos, tanto las inversiones como los préstamos en dólares que éstos concedieran tenían que estar previamente calificados en categorías A o B, preferiblemente, es decir deudores de muy bajo riesgo. ( Ver Resolución anterior) • Posteriormente, también por el lado del activo en dólares de la banca múltiple, se estableció un tope prudencial a la cartera de préstamos en dicha moneda por un plazo de 60 días, con la finalidad de desacelerar el ritmo de crecimiento del crédito en dólares, medida ésta que fue extendida por 60 días adicionales a su vencimiento. (Ver Primera Resolución de la Junta Monetaria del 21 de junio del 2000 y Segunda del 12 de octubre del 2000) • Dando continuidad a estas acciones prudenciales, se establecieron las disposiciones sobre Evaluación y Control a la exposición a los Riesgos de Mercado, es decir de liquidez, de tasas de interés y cambiario, con lo cual quedaron institucionalizados los reportes e informe especiales de las operaciones activas y pasivas en moneda extranjera para fines de seguimiento. (Ver Cuarta Resolución del 9 de enero 2001) • Como complemento en esa línea cautelar, se dispuso que los recursos en monedas extranjeras captados por dichos bancos mediante depósitos del público y financiamientos obtenidos en el exterior, no podían ser canalizados a los sectores no generadores de divisas por montos que excedan el 40% de su cartera en moneda extranjera. (Ver Cuarta Resolución 20 agosto 2002) Como puede apreciarse, “en los papeles de la historia”, se evidencia que lejos de estar “errada la política financiera” previa a la crisis 2003, como ha sido catalogada por esos economistas, las autoridades actuaron en la dirección correcta, limitando a tiempo los grados de libertad en esta materia, y lo hicieron de forma continua, coherente e institucional, a tono con las tendencias internacionales en la materia, lo cual fue corroborado en el Informe del Panel de Expertos que se contrató en el marco del Acuerdo con el FMI de 2004, para analizar las causas de la crisis bancaria 2003. Es evidente que el problema en torno al endeudamiento en dólares, se produjo porque la banca, en particular las entidades colapsadas excedían estos límites prudenciales. Aún así, a nivel agregado el endeudamiento en dólares de la banca, a penas representaba al momento de esa crisis un 10.1% del pasivo de la misma, razón por la cual no tiene una ponderación importante como causante de la crisis bancaria. En otras palabras, no es verdad que un porcentaje tan poco representativo, iba a poner en peligro el sistema financiero y generar una crisis económica de las magnitudes que alcanzó la que azotó brutalmente al país en el 2003. Las causas evidentes. Lo que sí tuvo una trascendente ponderación como detonante de la crisis bancaria, en franca violación a las regulaciones existentes, fue la doble contabilidad detectada en los bancos colapsados, los excesivos préstamos, sobregiros con vinculados y sus blandas condiciones; la bajísima calidad de las carteras de préstamos, la evasión a la constitución de provisiones, la insuficiencia de capital y el lavado de activos, operaciones éstas que según el propio Dr. Andy Dauhajre, datan desde el año 1989. En otras palabras, no revelaban en sus libros contables sujetos a supervisión bancaria y a la revisión de sus auditores externos, ni en sus reportes oficiales y públicos, su verdadera situación financiera, exposición de riesgos e innúmeras operaciones off-shore con empresas vinculadas. De ahí que es la mala gestión y conducta irresponsable de los directivos bancarios, que propiciaron típicos fraudes bancarios, la principal causa de la caída de esas entidades y por ende de la crisis BANCARIA, lo cual quedó ampliamente demostrado en las Salas de los Tribunales de nuestro país. Como se puede apreciar, querer endilgarle a las autoridades el dardo de la crisis bancaria sobre la base de este tipo de endeudamientos de poca representación, o pretender hacerlas responsables de la misma, por las operaciones fraudulentas que se hacían tras bastidores, de manera oculta, tanto así que ni las firmas auditoras externas, ni las calificadoras de riesgo, ni los organismos internacionales pudieron detectarlas en años, sería una manera ligera y carente de sustentación para minimizar, con fines políticos, hechos violatorios contundentes y de mucho peso, que fueron de la exclusiva responsabilidad de esos protagonistas bancarios. Pero lo que no acaban de entender esos flamantes asesores, es que la crisis ECONOMICA, la que golpeó al pueblo dominicano con una devaluación e inflación sin precedentes, la que dejó a más de 1.5 millones de dominicanos bajo la línea de la pobreza, esa, fue la generada por el manejo inadecuado en el 2003 y 2004 de la crisis bancaria que presentaron en sus distintos momentos las 3 entidades colapsadas. Es el hecho, de haber generado una hemorragia monetaria en pesos, para el pago a los depositantes, en una cuantía exorbitante, triplicándose la emisión monetaria, sin haber tomado en cuenta la debida neutralización para desmonetizar, en paralelo, una cantidad de dinero como esa, que la economía no estaba en condiciones de absorber. Ese es el pecado original!!!, al cual se adicionan otros garrafales errores como la descoordinación de la política monetaria con la fiscal y el manejo inapropiado de las finanzas públicas, así como las elevadas tasas de interés utilizadas tardíamente para intentar neutralizar el exceso de liquidez en la economía, todo lo cual detona en una gran desconfianza de parte de los agentes económicos y el público en general en el Gobierno a partir del 2003, con su secuela de la estampida de capitales, caída del producto y mayor desempleo. Es importante traer a colación, que la referida sobre monetización que se produjo en la economía en el 2003, al triplicarse la emisión monetaria al concederse facilidades de liquidez por más de RD$104,000.0 millones, tuvo que ser esterilizada mediante colocación de títulos del BC. Al 17 de agosto del 2004, por la falta de confianza, sólo se habían podido colocar certificados del BC por RD$89,000.0 millones, a tasas de interés superiores al 50% anual, lo que a su vez provocó un incremento de grandes proporciones en el stock de certificados, todo lo cual agudizó los niveles de pérdidas cuasifiscales y por tanto las pérdidas acumuladas del BC. Si se analizan las cifras fácilmente se puede apreciar, que el incremento anual del stock de títulos del BC es prácticamente similar al total de gastos financieros por concepto de pago de intereses por dichos títulos anual. Al respecto precisa indicar, que en varias intervenciones públicas, el propio Dr. Dauhajre ha sido el primero en reconocer el error que cometieron las autoridades en el 2003, al no prever y adoptar un mecanismo alternativo de un pagaré o certificados a mayor plazo y baja tasa de interés, como fuera su recomendación en su condición de Asesor de la Gobernación, a los fines de que se evitara esa monetización masiva, por sus consecuentes efectos inflacionarios y devaluatorios. La respuesta más contundente de las actuales autoridades monetarias para la solución definitiva de ese déficit cuasifiscal y del incremento del stock de títulos del BC estuvo en la implementación de un Plan Integral aprobado por la Junta Monetaria el 28 de septiembre de 2004, el cual dio lugar a la Ley de Recapitalización del Banco Central, No. 167-07 del 13 de julio del 2007, que establece los mecanismos legales y financieros para que el Estado dominicano cubra con recursos previamente presupuestados y de manera sistemática, en base a un modelo consistente a 10 años, las pérdidas acumuladas que el BC tiene registradas. Las inadecuadas comparaciones. Las crisis financieras de la República Dominicana (2003-2004) y la de Estados Unidos (2007) no son comparables. La primera es una economía pequeña con un sistema financiero en desarrollo, basado en la banca comercial, mientras el segundo es una economía grande con un sistema financiero altamente desarrollado, lo cual explica su complejidad y profundidad. Cabe recordar que la moneda estadounidense es una divisa altamente aceptada como medio de pago y depósito de valor a nivel internacional por lo que, como existe una demanda mundial por esa moneda fuera de las fronteras del país emisor de la misma, una expansión monetaria por parte del Banco Central de Estados Unidos (la Fed) no implica necesariamente un aumento en la cantidad de dinero en la economía de los Estados Unidos que presione los precios internos al alza, porque parte de esos dólares se van a circular al resto del mundo. En ese sentido, yerran los que pretenden comparar la crisis dominicana vis-á-vis con la de Estados Unidos. El hecho de que en el contexto de la reciente crisis de EUA, sus autoridades hayan inyectado liquidez a la economía, no justifica bajo ningún concepto la modalidad de pago que en el 2003 se utilizó para los depositantes de los bancos fallidos en nuestro país, ya que ambos manejos fueron totalmente diferentes, aunque algunos sectores pretendan usar este hecho foráneo como sombrilla. Realmente son dos casos totalmente incomparables. En EUA, la FED y el Tesoro se vieron compelidos, mediante distintos programas y planes de intervención, a inyectar liquidez al sistema financiero mediante la compra, de títulos, muchos de los llamados títulos tóxicos, a los bancos de inversión con problemas por haber perdido valor en el mercado, ya que los subyacentes hipotecarios eran de baja calidad, y no podían ser vendidos en el mercado secundario, generando elevados requerimientos de provisiones. De ahí que, lo que se produce en ese caso es un apoyo a la capitalización de esos bancos de inversión, coordinado en términos monetarios y fiscales, no un pago directo a los inversionistas, los cuales a pesar de la situación, no perdieron la confianza en las autoridades ni demandaron pagos inmediatos. Aquí en cambio, lo que se produjo en el 2003 fueron pagos directos y masivos a los depositantes de los bancos quebrados, presionados por una falta de confianza en las autoridades, quienes en adición no previeron aspectos claves de índole monetario, que desafortunadamente generaron inflación y devaluación galopantes. Estos hechos también tienen sus soportes históricos Por Dios, seamos objetivos, sin parcialismos coyunturales y argumentos sin fundamentos, pues en base a una de las reglas de oro de política monetaria, si un gobierno y/o banco central (reserva federal) se ve compelido a inyectar liquidez a una economía en tales circunstancias, debe hacerlo en coordinación con otras medidas que neutralicen el efecto expansivo de esos recursos, sin embargo, ésta ha sido considerada por algunos, como algo imposible de lograr en la práctica por las presiones del momento. Las buenas referencias. Existe un ejemplo que evidencia que es posible conseguir esa adecuada coordinación, y es el caso de Bancomercio en 1996, que me permito traer a colación. Las autoridades de ese tiempo fueron capaces de manejar la crisis bancaria del 2do banco del sistema, sin afectar la estabilidad macroeconómica de la Nación. Concedieron facilidades para el pago de los depositantes, coordinando simultáneamente su desmonetización con una oportuna colocación de certificados del Banco Central, constituyéndose en un modelo histórico de manejo adecuado de un problema bancario, que no trascendió al ámbito macroeconómico ni a la población, a diferencia de las crisis bancaria 2003. Aprendamos pues de nuestras lecciones como país, de sus luces y sombras y maduremos constructivamente. Las conclusiones. Por lo antes esbozado se colige, que al aceptar la invitación a “ver las Resoluciones de Junta Monetaria”, quedan claramente evidenciadas las causas de la crisis bancaria por un lado y las de la crisis económica por otro. De ahí que por más que se afanen en confundir a la población en este sentido, no podrán “tapar el sol con un dedo” como reza un dicho popular, pues sin lugar a equívocos, la verdadera historia no es la de tintas de prensa que aguantan todo, ni la de voces sin fundamento, si no la que cuentan los hechos concretos plasmados en documentos oficiales y estadísticas institucionales que de manera abierta y transparente están disponibles ante los ojos del mundo. LA AUTORA ES ECONOMISTA [EP]