Crisis de Honduras y la Carta Democrática Interamericana

Santo Domingo.- En esa misma Asamblea General se planteó la necesidad de adoptar un instrumento jurídico más desarrollado que la Resolución 1080 que sirviera de fundamento a la acción colectiva de la organización en defensa de la democracia. El año siguiente, el 11 de septiembre de 2001, los Ministros de Relaciones Exteriores de los países americanos adoptaron en Lima, Perú, la Carta Democrática Interamericana. Esto explica que Colin Powell, entonces Secretario de Estado de Estados Unidos, se encontrara fuera de su país el día de los dramáticos ataques terroristas que tuvieron lugar en ese día en su nación.

A diferencia de la escueta Resolución 1080, la Carta Democrática cuenta con seis secciones y veintiocho artículos, en los que plasma definiciones conceptuales, objetivos y compromisos de acción conjunta en una variedad de ámbitos, tales como derechos humanos, observación electoral, combate a la pobreza, promoción de la cultura democrática, entre otros.

En lo que concierne a la parte operativa del mecanismo de defensa colectiva de la democracia, la Carta adopta un lenguaje distinto a la Resolución 1080 en tanto otorga a los gobiernos ñen el sentido estricto de la palabra- la facultad de activar el mecanismo o de consentir cualquier acción si la iniciativa surge de la propia organización. El artículo 17 consagra que “cuando el gobierno de un Estado Miembro considere que está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder” podrá recurrir al Secretario General o al Consejo Permanente para requerir asistencia en la preservación de la democracia. Por su parte, el artículo 18 establece que cuando en un Estado miembro “se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, el Secretario General o el Consejo Permanente podrá, con el consentimiento previo del gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones” con la finalidad de hacer un análisis de la situación creada y proponer medidas a tomar.

El artículo 20 contiene una disposición más abierta al reconocer el derecho tanto del Secretario General como de cualquier Estado miembro de convocar el Consejo Permanente en caso de que en cualquier país de la región “se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático”. En cualquier caso, sin embargo, el gobierno del país en el que la democracia esté amenazada goza de una capacidad de convocatoria y de veto que no tienen los otros órganos el Estado como el poder legislativo o el poder judicial.

La primera vez que se invocó la Carta Democrática Interamericana fue en el año 2003 en respuesta al golpe de Estado intentado contra el presidente Hugo Chávez, de Venezuela. Paradójicamente, el gobierno venezolano, que había puesto bastante resistente en el proceso de negociación de este instrumento jurídico interamericano, resultó beneficiario del mismo, mientras que Estados Unidos, que había sido un promotor principal de esta iniciativa, se mostró pasivo, ambivalente o desinteresado, al menos en un primer momento, en cuanto a invocar la Carta Democrática Interamericana para responder al golpe de Estado contra Chávez. Le correspondió a los presidentes del Grupo de Río, reunidos en San José, Costa Rica, solicitarle al Secretario General de la OEA, quien estaba presente en dicha reunión, activar el mecanismo de consulta contemplado en la Carta Democrática, lo que resultó ser una acción clave en el proceso de revertir el golpe de Estado en Venezuela.

REUNIÓN DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORESLa Carta Democrática ha sido invocada de nuevo ante el golpe de Estado perpetrado contra el presidente democráticamente electo de Honduras, Manuel Zelaya. En efecto, la reunión de Ministros de Relaciones Exteriores decidió, en virtud de la normativa de dicha Carta, suspender al gobierno de facto que reemplazó al Presidente Zelaya luego de que éste fuera apresado y trasladado a Costa Rica por los militares hondureños.

En gran medida la Carta Democrática Interamericana ha cumplido su propósito.

La misma ha servido de referente común a los Estados americanos para demandar de manera colectiva la reposición del presidente Zelaya y el restablecimiento de la normalidad democrática.

Al mismo tiempo, sin embargo, la crisis hondureña ha puesto de manifiesto los límites de la acción colectiva regional al enfrentar situaciones de crisis política complejas como la que se ha presentado en Honduras.

Si bien la Carta Democrática establece que la Asamblea General de la OEA puede adoptar “las decisiones que estime apropiadas” en caso de que no se consiga el propósito de restablecer el orden democrático, entre dichas decisiones no está incluida el uso de la fuerza para obligar a los detentadores ilegítimos del poder a que cedan el mismo. Esta facultad sólo está reservada al Consejo de Seguridad de la ONU cuando una determinada situación sea tipificada como amenaza a la seguridad internacional, lo que no ocurre en la crisis hondureña. Las presiones, por tanto, tendrán que continuar en los ámbitos diplomáticos y de opinión pública, aunque también podrían contemplarse sanciones de carácter económico.

Otra limitación de la acción colectiva regional es que ésta no se produce en un vacío político, sino que la misma tiene lugar en un contexto interno en el que confluyen diversas fuerzas y factores. Una de las sorpresas de la crisis hondureña ha sido la resistencia de los actores internos opuestos al presidente Zelaya ante la presión regional. Esto ha puesto de manifiesto que la simple aplicación de la Carta Democrática a un determinado país no se traduce de manera automática en el cumplimiento de los objetivos deseados.

En ese contexto, el desafío está en cómo preservar la credibilidad y la legitimidad de la Carta Democrática Interamericana, a la vez que se reconoce la necesidad de crear espacios de negociación entre los actores envueltos que eventualmente resulten en concesiones mutuas.

Lamentablemente, ambos lados de la crisis hondureña comienzan a adoptar posiciones maximalistas que podrían empeorar la crisis política.

Por una parte, el gobierno de facto ha puesto como condición el no retorno del presidente Zelaya, lo cual debe ser inaceptable para la comunidad regional. El apoyo interno que tiene esta posición, especialmente entre los partidos políticos, los poderes del Estado y la iglesia Católica, le impide calibrar en su justa dimensión el riesgo de seguir desafiando la voluntad colectiva de la comunidad hemisférica.

Por otro lado, sin embargo, las fuerzas que apoyan al presidente Zelaya parecen enrumbarse por un camino de confrontación radical que podría desatar situaciones peligrosas e impredecibles que a la postre resulten perjudiciales a su propia causa. Asimismo, el bloque del ALBA que apoya a Zelaya parece estar buscando cualquier excusa para convertir esta crisis en una oportunidad de confrontación contra Estados Unidos, en lugar de aunar esfuerzos con la administración del presidente Barack Obama en las gestiones para restaurar al presidente depuesto.

Este ambiente de radicalización de posiciones no es propicio para el diálogo y la negociación. La mediación del presidente Oscar Arias, sin embargo, debe continuar, pues la misma cuenta con credibilidad y con el apoyo internacional. A su vez, la OEA debe recuperar su capacidad de acción pues luego de la decisión de suspender al gobierno de facto y de la visita sin resultados del Secretario General José Miguel Insulza a Tegucigalpa, la misma parece paralizada ante el desarrollo inesperado de los acontecimientos. Y la propia administración Obama está llamada a jugar un papel más activo, si bien con el pragmatismo y la prudencia que caracteriza al joven presidente norteamericano, también con la energía y la focalización que esta crisis amerita. Lo contrario sería dejar que los bandos enfrentados corran su propia suerte, lo que podría ser nefasto tanto para Honduras como para el resto de la región.