Suprema aumenta de 20 a 30 años condena de Pou Castro

SANTO DOMINGO.- El pleno de Suprema Corte de Justicia condenó a 30 años de prisión al general retirado Joaquín Antonio Pou Castro, tras declararlo responsable de la muerte del periodista Orlando Martínez Howley, en vez de cómplice como lo había calificado una sentencia que le había impuesto 20 años.El máximo tribunal revocó la sentencia de los 20 años dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, el 16 de mayo pasado, tras acoger como bueno y válido el recurso de casación interpuesto por la familia de Martínez Howley contra la pena del acusado. En torno al caso, la Corte de Apelación también condenó a Mariano Cabrera Durán y Rafael Alfredo Lluberes Ricart, a 30 años de prisión, confirmando la sentencia original emitida por la Décima Sala Penal del Distrito Nacional, en agosto de 2000. Al calificar como débil la pena de 20 años contra Pou Castro, la familia Martínez Howley recurrió el caso en casación. El pleno de la Suprema Corte tomó como fundamento para revocar la sentencia, el hecho de que los cargos que se les imputan a Pou Castro constituyen el hecho punible de asesinato en calidad de autor y no de cómplice como estableció la Corte de Apelación, hecho más grave que debe sancionarse con 30 años de reclusión mayor, por lo que “debe declararse con ha lugar el recurso de los actores civiles y anular la sentencia únicamente en lo concerniente a la determinación de la sanción”. En uno de lo considerando de la sentencia, la Suprema Corte sostiene que la Corte de Apelación en su decisión desnaturalizó los hechos de la causa y se contradijo en sus motivaciones, lo que dejó a su sentencia carente de base legal. De los otros dos implicados en el asesinato de Orlando Martínez, ocurrido el 17 de marzo de 1975, De la Rosa Beras cumplió el pasado 10 de abril una pena de 10 años de cárcel, mientras que Salvador Lluberes Montás fue desglosado del expediente. La instrucción del caso estuvo a cargo del Juzgado de Instrucción de la Cuarta Circunscripción del Distrito Nacional, que presidía el entonces juez Juan Miguel Castillo Pantaleón, quien dictó la providencia calificativa el 4 de abril del año 1997. Todos los imputados recurrieron en apelación, tanto la parte civil constituida, como los imputados.