Discurso de toma de posesión de Leonel Fernández en el año 2004
Señor Presidente de la Asamblea Nacional, Jesús Vázquez Martínez,
Excelentísimo Señor Presidente Ingeniero Hipólito Mejía,
Excelentísimo Señor Presidente de la República Oriental de Uruguay,
Don Jorge Batlle;
Excelentísimo Señor Presidente de la República Federativa de Brasil,
Don Luiz Inacio Lula da Silva;
Excelentísimo Señor Presidente de la República de Costa Rica,
Don Abel Pacheco de la Espriella;
Excelentísimo Señor Presidente de la República de Honduras,
Don Ricardo Maduro;
Excelentísima Señora Presidenta de la República de Panamá,
Doña Mireya Moscoso;
Excelentísimo Señor Presidente de la República de Colombia,
Don Alvaro Uribe;
Excelentísimo Señor Presidente de la República de Guatemala,
Don Oscar Berger Perdomo;
Excelentísimo Señor Presidente Provisional de la República de Haití,
Don Boniface Alexandre;
Sus Altezas Reales los Principes de Asturias,
Honorable Señor Primer Ministro de la República China Taiwán,
Don Yu Shyi-kun;
Honorable Señor Primer Ministro de Antigua y Barbuda,
Don Baldwin Spencer;
Honorable Señor Primer Ministro de Antillas Neerlandesas,
Don Etienne Nestor Ys;
Honorable Señor Primer Ministro de las Islas Turks y Caicos,
Don Michael Eugene Misick;
Excelentísimo Señor Secretario General Electo de la Organización de Estados Americanos,
Don Miguel Angel Rodríguez;
Honorable Señor Secretario Adjunto de la Organización de Estados Americanos,
Don Luigi Einaudi;
Su Eminencia Reverendísima,
Monseñor Antonio Arcari,
Nuncio Apostólico de Honduras, Enviado Especial de la Santa Sede;
Excelentísimos Señores y Señoras Jefes de las Misiones Especiales y de Organismos Internacionales;
Altos Funcionarios Civiles y Militares,
Invitados Especiales,
Señoras y Señores:
En un día como hoy, hace 141 años, lo mejor del alma nacional se expresó con auténtica nobleza, dando origen a la gesta heroica de la Restauración de la República.
Casi un siglo y medio después de tan portentosa hazaña, lo que le aguarda a nuestro país es una lucha titánica, denodada, para volver sobre sus raíces e iniciar un período de regeneración moral y patriótica, así como de reorganización económica, social e institucional, que nos permita, como el ave Fénix, emerger de nuestras propias cenizas.
Con el respaldo de casi 60% del electorado recibido en el pasado certamen, asumo hoy, por segunda vez, el inmenso honor y la gran distinción de colocar sobre mi pecho la enseña tricolor.
Lo hago consciente de la gravedad de mis responsabilidades y del momento delicado que vive la nación.
No escapa a mi conocimiento que nuestro país atraviesa en la actualidad por una de sus crisis más agudas y severas de todos los tiempos. Que nuestro pueblo sufre. Se siente desprotegido y frustrado, pero al mismo tiempo esperanzado e ilusionado de que, con la gestión del gobierno que hoy se inicia, empezará a trillar nuevamente por senderos de estabilidad, de progreso y de bienestar.
Quien os dirige la palabra se compromete solemnemente, en este momento crucial de nuestra historia, a aportar lo mejor de sí mismo, así como de todos los integrantes del equipo de gobierno, para que el pueblo dominicano asegure su derecho a la alimentación, al empleo, a la educación, a la salud, a una vida moderna y civilizada. En fin, a una vida digna, decorosa y decente.
Reconozco que no será tarea fácil. Muchos peligros nos acechan. Muchos obstáculos se entreponen a nuestro camino. Momentos difíciles nos esperan. Acomodarse en la silla presidencial será como caminar sobre un campo minado o sentarse sobre un fogón encendido.
Sin embargo, que nadie se equivoque o llame a engaño. Así como a lo largo de nuestra historia hemos salido triunfantes en muchos momentos aciagos y de gran pesadumbre, también ahora el pueblo dominicano, en base al sudor de su trabajo, su capacidad de sacrificio, la confianza en sí mismo y la fe en Dios, vencerá esta crisis, la derrotará, la sofocará, la destrozará, al tiempo que marchará erguido y orgulloso hacia la construcción de un futuro más luminoso.
Hasta hace poco, la República Dominicana era objeto de encomio y de reconocimientos en el ámbito internacional. Durante la década de los noventa, y muy especialmente durante su segunda mitad, nuestro país experimentó un crecimiento económico impresionante, el mayor de América Latina y uno de los mayores del mundo.
Ese crecimiento se produjo con estabilidad. Teníamos un control sobre la inflación, que nunca pasó de un dígito. Había certidumbre en la tasa de cambio. Las tasas de interés bajaron. Se crearon cientos de miles de empleos. El poder adquisitivo creció. El comercio se expandió. La pobreza se redujo y el país vivía con la satisfacción de que nos encontrábamos en los umbrales de una etapa de prosperidad y de progreso.
Pero, de repente, todo eso se nos esfumó. Se nos escapó como agua entre los dedos, y ahora, nuestro pueblo se pregunta con razón: ¿Cómo ha podido ser? ¿Qué ha ocurrido en la República Dominicana para que en tan poco tiempo haya pasado de ser un paradigma del progreso latinoamericano a un nuevo arquetipo del fracaso?
Aclaro que no acudo ante esta augusta Asamblea Nacional con la intención aviesa de levantar el índice acusador contra nadie. Semejante acto sería contrario a mi forma natural de proceder y estaría en pugna con el carácter solemne de esta ceremonia.
Sin embargo, no puedo permanecer en silencio sin que el pueblo conozca la verdadera magnitud y profundidad de la crisis que actualmente nos agobia así como de los ingentes esfuerzos que tendremos que realizar todos, gobernantes y gobernados, para poder remontarnos sobre ella.
La crisis económica, que actualmente nos abate, es de tal naturaleza que sólo el año pasado, en el 2003, la producción total de bienes y servicios del país, o lo que los economistas denominan el producto interno bruto, se redujo, en términos de dólares, en cinco mil millones.
Si esa cifra la multiplicamos por 45, que es el promedio de la tasa de cambio del peso al dólar, tendríamos como resultado 225 mil millones de pesos.
Óigase bien, el año pasado dejamos de producir 225 mil millones de pesos.
Pero en adición a esa disminución de la producción de riquezas, ocurre que en estos momentos tenemos en la República Dominicana un déficit fiscal consolidado de 56 mil millones de pesos, esto es, casi la mitad del presupuesto del gobierno actualmente en ejecución. Tenemos una inflación acumulada anual de un 60 por ciento. Altas tasas de interés. Una devaluación de la moneda nacional en más de un 100 por ciento. Pérdida del poder adquisitivo de los salarios e ingresos. Disminución del consumo. Pérdida masiva de empleos. Reservas netas negativas. Un crecimiento por debajo de cero. Fuga de divisas y cierre del acceso al mercado de capitales. Dificultades de financiación externa y de nuevos flujos de inversión extranjera. Deuda pública equivalente al 60 por ciento del PIB.
El Fondo General de la Nación, el cual debe cubrir los gastos de operaciones e inversiones de las instituciones del Gobierno Central, tiene un balance en rojo de un mil ochocientos millones de pesos.
De igual manera, el fondo especial destinado a la regalía pascual está también en rojo.
Todo eso equivale a decir que el próximo gobierno no dispondrá de un solo centavo para empezar a trabajar y tendrá que realizar grandes esfuerzos para poder cubrir en las Navidades su compromiso de un salario adicional con los empleados públicos.
En síntesis, el gobierno que hoy asume está heredando una de las peores crisis económicas de nuestra historia.
Con respecto a la deuda externa, cabe señalar que cuando llegamos al gobierno, por vez primera, en el 1996, la deuda externa de la República Dominicana era de 3 mil 810 millones de dólares.
Cuatro años después, en el 2000, cuando descendimos del solio presidencial, esa deuda había disminuido a 3 mil 635 millones de dólares.
¿Quién, en su sano juicio, jamás habría pensado que en el período constitucional que en estos momentos llega a su fin, esa deuda sería llevada a 7 mil 200 millones de dólares, esto es, casi al doble de la que había cuatro años antes?
¿Qué grandes razones se presentaron en nuestro país para que en tan breve lapso esa deuda fuese incrementada de manera tan impresionante? ¿Qué causas obligaron a que así se produjese?
Algunos de los ideólogos y voceros más conspicuos de esa política de endeudamiento externo solían repetir, en sus momentos de gloria, que visto que esa deuda representaba un bajo porcentaje de la producción nacional, la República Dominicana tenía una capacidad ilimitada para endeudarse.
Frente a argumentos tan sofisticados, el pueblo llano, el del hombre y de la mujer común y corriente, solía responder con la sabiduría del sentido común. Es posible que la capacidad para endeudarse no tenga límites. Lo que sí tiene un límite es la capacidad para pagar.
Y precisamente, lo que ocurre ahora, es que debemos pagar; y lo malo es que no nos han dejado con qué.
En su edición del pasado 6 de agosto, el influyente diario norteamericano, The New York Times, traía la noticia de que en los mercados financieros internacionales se tiene la impresión que la República Dominicana se encuentra en el umbral de un default, es decir, de una cesación de pagos, o incumplimiento de sus obligaciones.
Para contrarrestar dicha percepción e impedir las consecuencias nefastas que ésta pudiese generar, la República Dominicana procederá en lo inmediato a una reestructuración de la deuda externa, en consistencia con los criterios del Fondo Monetario Internacional y el Club de París, que le permitan a nuestro país un alivio en el cumplimiento de su carga financiera.
Al meditar sobre el nuevo perfil de la deuda externa de la República Dominicana, descubrimos las complejidades del mundo contemporáneo, y de la cautela que ha de mantenerse para representar de la mejor manera posible los intereses nacionales.
Ahora, los que deciden el destino financiero de los pueblos son unos jóvenes de entre 25 y 35 años de edad, bien educados y entrenados, los cuales trabajan para agencias calificadoras de riesgo, como Moody’s, Standard and Poor’s y Bear Stearns, así como para bancos de inversores, como J.P. Morgan, Lehman Brothers y Morgan Stanley.
Esos jóvenes asignan calificaciones a los países, de acuerdo con su comportamiento económico. A algunos les otorgan A, para decir que están muy bien. A otros, B plus, para indicar que están bien; a otros, simplemente B, para señalar que están regular; y a otros C, para apuntar que están mal.
A la República Dominicana le han otorgado CCC, que es como si fueran a decir que estamos muy, muy, pero muy mal.
En la actualidad, sólo Argentina, después de un demoledor colapso financiero de hace algo más de dos años, tiene en América Latina una calificación inferior a la de la República Dominicana.
Ahora, esta imagen hay que cambiarla con urgencia, este proceso hay que revertirlo. De lo contrario, nos quedaremos sin nuevos flujos de recursos e inversiones frescas. Permaneceríamos aislados en el mundo, lo cual sólo precipitaría irremediablemente nuestra decadencia económica y social.
Señores Miembros de la Asamblea Nacional.
Ilustres Invitados:
La tarea más importante que la República Dominicana tiene por delante en estos momentos, y de la que nuestros conciudadanos esperan mayores resultados, es en la solución de la crisis económica anteriormente descrita y que tan drásticamente ha afectado a todos los sectores sociales.
Advertimos que carecemos de los dones divinos para hacer milagros. En estos momentos de eclipse de la vida nacional, resulta más que apropiado evocar la frase inolvidable de aquel gran genio de la política británica, Winston Churchill, quien para vencer a las huestes nazis sólo ofrecía a su pueblo «sangre, sudor y lágrimas».
Entre las diversas voces que se han levantado para sugerir soluciones al drama de la economía nacional, hay algunas que se inclinan por una disminución de los impuestos comoforma de reactivación del crecimiento.
Respeto esas ideas, pero no las comparto, pues el próximo gobierno no podrá elaborar su plan de acción para combatir la actual crisis extrayendo sus ideas del mundo ficticio de Alicia en el País de las Maravillas, o del universo mágico de Harry Potter.
Para solucionar esa crisis, lo primero que se requiere, señoras y señores, es recuperar la confianza. Y para recuperarla, el próximo gobierno está compelido a tomar un conjunto de acciones, entre las cuales, la más importante, tal vez, sea la de decretar que a partir de este mismo instante iniciamos un período de austeridad.
Esa austeridad significa poner todo el empeño para reducir en no menos de un 20 por ciento el gasto del Estado.
Hay muchos cargos públicos en exceso, creados mediante la tradicional práctica corrosiva de clientelismo o bien producto de las duplicidades de funciones dentro de nuestro aparato burocrático estatal. Esos serán suprimidos.
Soy de los que creen, con absoluta firmeza y convicción, que las oportunidades de empleo tienen que ser iniciadas, fundamentalmente, en el sector privado, que es el gran creador de la riqueza nacional. La función del Estado, entre otras, debe ser la de hacer posible el cumplimiento de ese propósito.
En el modelo de desarrollo económico que visualizamos, al sector privado le corresponde desempeñar el papel de locomotora del tren del progreso, y al Estado, el de simple maquinista que la pone en movimiento sobre los rieles.
En el gobierno que hoy se inicia, ninguna institución gubernamental u organismo independiente está autorizado a realizar compras o transacciones que vayan más allá de lo estrictamente indispensable.
Nadie, absolutamente nadie, podrá utilizar los fondos públicos para la adquisición de nuevas jeepetas, o para efectuar llamadas telefónicas, nacionales o internacionales, sin límites de tiempo.
Los viáticos y las dietas tienen que ser disminuidos. Los gastos superfluos, eliminados.
Hay que suprimir aquellos cargos de subsecretarios de Estado no contemplados en la ley orgánica de la Secretaría de Estado correspondiente.
Dictaremos normas para evitar que las instituciones del gobierno central tomen préstamos de bancos comerciales domésticos sin la debida autorización de la Oficina Nacional de Presupuesto o la Contraloría General de la República.
Se someterá al Congreso un proyecto de ley de modificación de las leyes que contemplan los honorarios consulares, y en lugar de percibir ingresos equivalentes al 25 por ciento de los servicios prestados, los representantes consulares, como todo el mundo en la Administración Pública, recibirán un salario.
Pero al tiempo que se toman medidas para reducir significativamente el gasto corriente del gobierno, es imprescindible que el Congreso Nacional apruebe, en el plazo más breve posible, el proyecto de reforma fiscal que le ha sido sometido, y que fue el fruto del acuerdo de la pasada administración con el Fondo Monetario Internacional.
De acuerdo con las estimaciones del propio Fondo, para lograr la estabilidad y recuperación de la economía nacional, se requiere realizar un ajuste fiscal de un 4 por ciento del PIB, lo que representa treinta mil millones de pesos.
El proyecto de reforma enviado al Congreso generaría cerca del 2.5 por ciento del PIB, por lo cual la diferencia de 1.5 por ciento del producto, equivalente a alrededor de diez mil millones de pesos, tendría que ser logrado por mejoría administrativa y reducción de subsidios.
A los fines de establecer un régimen de disciplina en el manejo de las finanzas públicas, las nuevas autoridades reanudarán el acuerdo, hoy suspendido, con el Fondo Monetario Internacional. De esa forma accederemos en el próximo año y medio a 1 mil 200 millones de dólares a través del propio Fondo, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
Para enfrentar el déficit cuasi fiscal del Banco Central, generado por el rescate de los depositantes de los tres bancos colapsados el año pasado, el nuevo gobierno ha obtenido ya el compromiso de destacados empresarios, nacionales e internacionales, quienes depositarán en el Banco Central o el Banco de Reservas los fondos de futuras inversiones, a una tasa de interés por encima de la que se ofrece en los mercados.
Con esos fondos depositados durante un plazo razonable, aspiramos a desmontar el referido déficit cuasi fiscal, el cual representa en estos momentos un monto de 90 mil millones de pesos, y el pago de los intereses, 30 mil millones de pesos inorgánicos al año, todo lo cual constituye la causa generadora de la devaluación del peso dominicano y de los altos niveles de inflación que afectan a los consumidores.
Con respecto a los tenedores de certificados emitidos por el Banco Central, el próximo gobierno asegura que cumplirá y respetará los términos en que fueron captados los depósitos del público y de las entidades financieras.
Al aplicar el conjunto de medidas previamente esbozadas, la economía dominicana deberá tender hacia la estabilización, y de esa estabilización hacia una recuperación delcrecimiento.
Ese crecimiento provocará el retorno de los capitales que han migrado en los últimos tiempos y estimulará nuevas inversiones extranjeras directas. Se crearán nuevas fuentes de empleos. Se incrementará la demanda y el consumo. Bajará el costo de la vida; y de un círculo vicioso de estancamiento y postración, pasaremos a un círculo virtuoso de prosperidad y de progreso.
Para alcanzar la plena recuperación, será imprescindible mejorar los mecanismos de supervisión y de control del sistema financiero nacional.
No podemos darnos el lujo de que otro banco pueda quebrar en la República Dominicana. No dispondríamos de los medios para salvarlo y sería injusto cargarle de nuevo a la población los costos de otro naufragio financiero.
Así, pues, la salud del sistema bancario es vital para el buen desempeño del conjunto de la economía nacional.
Pero, de igual manera, será imprescindible enfrentar con energía y de manera drástica uno de los peores males que afecta el desarrollo de los pueblos y torna ineficaz toda lucha sincera contra la hecatombe de la pobreza: el fenómeno de la corrupción.
La corrupción es moral y legalmente inaceptable. Por tal motivo, durante la administración que desde hoy me corresponderá dirigir, tomaremos todas las providencias de lugar para, tal como establece la Convención Interamericana contra la Corrupción, prevenir, detectar, perseguir y castigar todo acto doloso que atente contra el patrimonio público.
Al volver a dirigir los destinos de la nación, no albergo ánimo alguno de venganza o de retaliación. He experimentado la amargura de ser perseguido con cizaña e intención destructiva, y sin embargo, eso no ha hecho más que fortalecer mi espíritu contra la vileza y la maledicencia así como reafirmar mis convicciones contra el abuso, el atropello y la arbitrariedad.
Pero así como nadie será perseguido por razones de revancha política, tampoco esta administración puede convertirse en un nuevo abanderado del borrón y cuenta nueva.
La democracia se fundamenta en la rendición de cuentas. Aquel que no tenga las suyas claras, sea del sector público o del privado, que sepa, desde ahora, que la justicia no será objeto de obstrucción ni de manipulación alguna por parte del Poder Ejecutivo para que actúe conforme a como indican nuestros códigos y nuestras leyes.
Como deseo actuar siempre de forma clara y sin ningún enturbamiento o enredo, reitero en esta oportunidad lo que he dicho en otras ocasiones: Que nadie me susurre en privado lo que no está en capacidad de decirme en público.
Señores Miembros de la Asamblea Nacional:
La gravedad de la crisis económica que afecta al pueblo dominicano ha tenido serias consecuencias de carácter social.
En mis recorridos por todos los rincones del país, he podido comprobar la situación de miseria y marginalidad en la que viven miles de compatriotas. Con profunda tristeza he percibido con claridad el hambre que azota a un segmento importante de nuestro pueblo.
De acuerdo con los datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, como el resultado de la actual crisis económica, ahora hay un millón más de dominicanos sumidos en la pobreza.
Por consiguiente, impulsaremos una política social responsable, fundamentada en un enfoque integral y territorial, en armonía con las necesidades de las comunidades y de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Desde mañana mismo, estaré disponiendo la reestructuración del Gabinete Social, dando las instrucciones pertinentes para involucrar a la sociedad civil en la gestión y ejecución de varios de esos programas.
Desde los primeros días de nuestro gobierno pondremos en práctica programas sociales integrales de salud, alimentación, nutrición y educación. Fortaleceremos y ampliaremos el programa del desayuno escolar; el programa para la reducción de la mortalidad materno-infantil. Llevaremos a cabo programas de capacitación para reactivar el empleo; de renovación de viviendas; de asistencia técnica y de fomento del micro crédito.
Pero sabemos que, ante la gravedad de la crisis, es urgente responder de inmediato a las necesidades actuales imperiosas de comida y medicinas que afectan nuestro pueblo.
El gobierno que hoy asumo se hace eco de la voz de la calle cuando reconoce que comer es primero.
El programa denominado «Comer es Primero» representa una acción de emergencia alimenticia que reclaman las familias en condición de extrema pobreza.
Desde este mes de agosto a enero del 2005, la ejecución de este programa atenderá a 25 mil familias ubicadas en las zonas y barrios más deprimidos del país.
Posteriormente, dicha iniciativa se irá ampliando hasta alcanzar a 200 mil familias.
Aspiro, como he dicho en distintas oportunidades, a que ningún dominicano se vaya a la cama con el estómago vacío.
De igual modo, a partir de la próxima semana, se pondrá en ejecución un programa de emergencia nacional para abastecer a todos los hospitales públicos de los medicamentos básicos, con el objetivo de ponerle fin a la alarmante situación de carencia que hoy afecta a todos los centros hospitalarios del Estado.
No puedo dejar de referirme a otros dos aspectos de gran trascendencia que reclaman el concurso urgente de la administración que hoy se inicia.
Uno es el relativo al sistema eléctrico nacional, hoy sumido en una de sus crisis más agudas, provocando prolongados apagones que alteran el curso normal de la vida de la población. El otro es el del suministro del gas licuado de petróleo, que también ha suscitado en estos días inmensos trastornos y dificultados al público consumidor, provocando lo que la gente del pueblo llama «estar cogiendo lucha».
En lo que respecta a la industria eléctrica, aunque en distintas oportunidades se me ha imputado ser, por el proceso de capitalización, el responsable de la crisis sistémica que afecta al sector, hoy sabemos que no es así.
En primer lugar, los apagones en la República Dominicana no empezaron durante mi pasado gobierno. Los apagones constituyen un mal de más de cuarenta años en nuestro país.
Los de mi generación recordarán que se llegó hasta indicar que los apagones eran provocados por las chichiguas y capuchines que se encampanaban en las líneas de transmisión.
Frente a un monopolio estatal que a lo largo de varias décadas había demostrado su ineficacia, su incapacidad para renovarse, su insostenibilidad financiera y su falta de transparencia, se procedió, como en muchos otros países de América Latina y del mundo, a procurar el concurso del sector privado para hacer las inversiones requeridas e introducir las tecnologías que hacían falta para un relanzamiento y modernización de la industria.
Si el proceso resultó imperfecto, o con áreas fallidas, sólo había una cosa que hacer: modificarlo, mejorarlo, complementarlo, seguir desarrollándolo en base a nuevas experiencias y soluciones.
Pero no fue así. En lugar de eso se procedió a satanizarlo, a politizarlo, y ahora, casi cinco años después de haberse realizado el proceso de capitalización de la industria eléctrica nacional, nos encontramos con una nueva crisis estructural que mantiene a toda la población legítimamente enojada e indignada.
En la página tres del reciente informe publicado por la Comisión Nacional de Energía y la Comisión Especial de Energía, creada mediante el Decreto 1036-03, del 28 de octubre del 2003, titulado, Propuesta de Reforma del Sector Eléctrico Nacional, se afirma lo que sigue:
«El capital privado ha realizado importante inversión en el sector eléctrico dominicano, con un aumento muy importante en la potencia de generación, especialmente por medio de la construcción de plantas de gran eficiencia energética y por la reparación de las plantas existentes, y con importantes inversiones también en distribución. Se ha desarrollado un mercado mayorista de electricidad que está en condiciones de incentivar la eficiencia económica del sector. Y se ha creado un marco institucional para canalizar la iniciativa privada hacia el desarrollo sostenible del sector y para que éste sea capaz de atender a las necesidades de la sociedad dominicana.»
Confieso que no reclamo mejor defensa.
Pero de lo que se trata aquí no es de una reivindicación de carácter personal, sino de encontrar verdaderamente las causas que explican la actual crisis y la forma de encararlas y resolverlas.
En la actualidad, el problema consiste, simple y llanamente, en que no hay fondos suficientes para cubrir los costos de producción de energía. Cada mes, el sector energético pierde entre 20 y 25 millones de dólares.
Como no hay recursos suficientes para cubrir mensualmente los costos de generación de energía, se ha acumulado una deuda de alrededor de 400 millones de dólares.
La falta de recursos, a su vez, limita la capacidad de compra del combustible para producir energía eléctrica, y de ahí resulta que de una demanda de 1,500 megavatios, el suministro sólo alcanza 950 megavatios.
En resumen: apagones.
La pregunta, por consiguiente, aquí sería: ¿Por qué no hay fondos suficientes para el sostenimiento de la industria eléctrica nacional?
Y la respuesta es que hay una diversidad de razones.
La primera es que los costos de generación de energía se han disparado por las nubes, debido, por un lado, al incremento de precios de los combustibles en los mercados internacionales, y por el otro, a la devaluación del peso dominicano, que lo ha encarecido todo.
La segunda razón es que casi la mitad de la electricidad que se produce se pierde o no se paga.
La tercera es la incapacidad del gobierno para cumplir con el pago del subsidio.
Debido a la incidencia capital que tiene el sistema eléctrico en los planes de desarrollo nacional, se ha podido ir logrando un consenso entre distintos sectores respecto de las diversas medidas que deben ser tomadas para su recuperación.
Entre esas medidas, se señalan las siguientes:
1) Contratar una línea de crédito a corto plazo, por un valor de 50 millones de dólares, para compra de combustible, a los fines de normalizar, en lo inmediato, el suministro de energía eléctrica.
2) Evaluar o renegociar los contratos de compra y venta de energía entre la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas y los productores independientes o IPPs, así comoentre generadores y distribuidores.
3) Transparentar los costos del sector eléctrico.
4) Focalizar el subsidio del sector eléctrico a familias con un consumo mensual de hasta 200 kw/h.
5) Aumentar el índice de cobros.
6) Realizar una licitación internacional para adjudicar la administración de Edenorte y Edesur a empresas privadas especializadas en administración de servicios públicos.
7) Elaborar un programa de capacitación de personal técnico en el área de regulación del sistema eléctrico y de diseño y formulación de políticas energéticas.
8) Fortalecer la Superintendencia de Electricidad y la Comisión Nacional de Energía.
9) Aprobar el proyecto de ley de incentivos a las energías renovables; y
10) Realizar una fuerte inyección de nuevos capitales al sector.
Como puede observarse, ideas no faltan. Estoy seguro de que con el apoyo de los organismos multilaterales, especialmente del Banco Mundial y del BID, la aplicación coherente y sistemática de este conjunto de medidas deberá traer pronto la luz al final del túnel.
En lo que atañe al gas licuado de petróleo, en los próximos días estaremos tomando un conjunto de medidas para normalizar su suministro en todo el ámbito del territorio nacional.
Señores Legisladores. Honorables Personalidades.
No pretendo abusar de su indulgencia ni abrumarles con una carga de pesares. Lo que he querido tan sólo es poner de relieve ante mis conciudadanos la verdadera magnitud de nuestras dificultades actuales y de los esfuerzos que se requieren para superarlos.
Pero no se trata tan sólo de problemas económicos y sociales. También nuestro país está afectado de graves problemas institucionales.
Y eso tiene que cambiar.
Durante más de cuatro décadas, desde que cayó abatido a tiros el dictador Rafael Leónidas Trujillo, la República Dominicana ha estado inmersa en un proceso continuo de transición hacia la democracia.
En sentido general, hemos avanzado en ese proceso. Pero durante cuarenta años no fuimos capaces de crear las instituciones de un verdadero Estado de derecho, garante de la seguridad jurídica y de la protección de los ciudadanos.
En lugar de instituciones, la gobernabilidad y el funcionamiento del país reposaba sobre tres líderes carismáticos y respetados, los cuales supieron imponer su autoridad en sus respectivas áreas de influencia política.
Esos tres líderes, los más grandes del siglo XX en la República Dominicana, fueron el profesor Juan Bosch, el doctor Joaquín Balaguer y el doctor José Francisco Peña Gómez.
El pueblo dominicano tiene una deuda de gratitud hacia los tres, pues a pesar de sus marcadas diferencias ideológicas y de estilo de conducción política, se dedicaron con amor y sacrificio a ofrecer lo mejor de sus años y de sus talentos a encumbrar a nuestro país.
Durante décadas, esos tres líderes constituyeron un freno moral a las apetencias desmedidas y a los desbordamientos con que suelen actuar determinados sectores de la vida nacional.
Pero hoy, desafortunadamente, ya esos líderes iluminados no se encuentran entre nosotros. Corresponde ahora a la nueva generación, a la generación del relevo, cumplir con la sagrada tarea de construir el verdadero Estado de derecho con el que siempre soñaron los líderes civilistas de la Restauración.
La República Dominicana no puede seguir como va. No puede seguir con la inseguridad ciudadana. Con el tráfico de influencias. Con el clientelismo. Con el enriquecimiento ilícito. Con el abuso de poder. Con el irrespeto. En fin, con la falta de seriedad en todo.
La República Dominicana no puede seguir albergando temores de fraude en cada proceso electoral. Los ciudadanos no deben sentirse intimidados o perseguidos por el poder de turno. La prensa no debe ser censurada.
Los poderes del Estado, con su actitud respetuosa y responsable, deben conquistar de nuevo la confianza del pueblo. Los miembros del Congreso Nacional deben asumir con dignidad el rol para el cual fueron seleccionados. Las relaciones entre las Cámaras Legislativas y el Poder Ejecutivo deben fundamentarse en la colaboración, como garantía de la gobernabilidad democrática de la Nación, siempre en defensa del interés nacional.
Nuestro pueblo espera que entre los Miembros de las Cámaras Legislativas y el Poder Ejecutivo podamos resolver la actual crisis económica. Nuestro pueblo espera que en estos momentos de gran pesadumbre nacional podamos colocarnos por encima de nuestras diferencias partidistas.
Hasta ahora, el pueblo dominicano ha sido paciente. Ha tenido una conducta ciudadana ejemplar. Pero no se debe abusar de él. No desafiemos la capacidad de tolerancia delpueblo dominicano.
Si para algo ha servido la actual crisis es para poner al desnudo la bancarrota de un sistema que ha demostrado ser incompetente, injusto y corrupto.
Cambiémoslo. Sacudamos el árbol de la democracia dominicana. Hagamos que caigan sus frutos podridos.
Construyamos una nueva sociedad. Más solidaria. Más justa. Más próspera. Más humana. Más democrática. Mas transparente. Más participativa.
Pueblo Dominicano:
Juntos podemos trabajar en la culminación de las tareas inconclusas de la era industrial, de la pre-modernidad. Juntos podemos ponerle fin a los apagones, al hambre. Juntos podemos garantizar la distribución de medicamentos en los hospitales y disponer del acceso al agua potable. Podemos construir calles y caminos vecinales.
Pero al mismo tiempo, es imprescindible trabajar en la agenda de la modernidad y el progreso, la que se corresponde con la sociedad del conocimiento y la era digital.
En un breve pero enjundioso ensayo, titulado, La Creación de una Nueva Civilización, Alvin y Heidi Toffler afirman lo que sigue:
«La humanidad se enfrenta con un gran salto hacia delante. … La especie humana ha experimentado hasta ahora dos grandes olas de cambio…. La primera ola de cambio, la revolución agrícola, invirtió miles de años en su desarrollo. La segunda ola, el auge de la civilización industrial, necesitó sólo trescientos años. La historia avanza ahora todavía a mayor velocidad, y es probable que la tercera ola progrese y se complete en unas pocas décadas. …
«La tercera ola trae consigo un estilo de vida auténticamente nuevo, basado sobre fuentes diversificadas y renovables de energía, métodos de reproducción que dejan anticuada a la mayoría de las cadenas fabriles de montaje, nuevas familias nucleares, una nueva institución que cabría denominar el «hogar electrónico» y las escuelas y empresas del futuro radicalmente modificadas.»
Con miras hacia el futuro, la prioridad en la agenda nacional lo ocupa la educación. Pero ya no basta la educación clásica, formal. Ahora hay que avanzar hacia parámetros más exigentes de contenidos curriculares y calidad de la enseñanza.
Durante nuestra pasada gestión de gobierno nos convertimos en uno de los primeros países en América Latina en instalar laboratorios de computadoras en las escuelas públicas secundarias.
Ahora, extenderemos el programa a los niveles inicial y básico, al tiempo que daremos inicio a proyectos de educación bilingüe, para de esa manera eliminar las amenazas de la brecha digital y de la inequidad en las ofertas educativas entre el sector público y el sector privado.
Mi gran deseo es que para los hijos de las familias pobres de la República Dominicana podamos tener también escuelas públicas como las mejores escuelas privadas del país: limpias, ordenadas, con maestros altamente preparados y motivados, llenas de creatividad e imaginación, equipadas de computadoras, biblioteca y centros de recreación física.
Instalaremos centros comunitarios tecnológicos y telecentros, tanto en la zona rural como urbano-marginal y daremos origen a los primeros colegios comunitarios, o community colleges, como se conocen en Estados Unidos, para el rápido adiestramiento de la fuerza laboral joven en nuestro país.
Educaremos a nuestros niños y jóvenes para la democracia. Les daremos la base de una sólida y moderna educación cívica y reforzaremos en ellos los valores más altos de nuestra nación.
En nuestra agenda de progreso y modernidad, es imprescindible la aprobación de una nueva Constitución de la República, la cual, al tiempo que afianza las garantías individuales, incorpora los derechos económicos, sociales y culturales.
Es de vital importancia, igualmente, la promulgación de una ley de participación social. Es preciso iniciar el desarrollo de una política en materia criminal, tendente a garantizar la seguridad y la paz ciudadana, sin vulnerar los derechos individuales, el debido proceso y el Estado de derecho.
Hay que continuar el proceso de reforma y modernización del Estado. Hay que fortalecer el sistema judicial. Hay que reformar el sistema carcelario. Hay que profesionalizar el Ministerio Público. Hay que mejorar la calidad de los servicios que ofrece el Estado.
En materia de relaciones exteriores, impulsaremos una política orientada hacia la promoción de la paz y la seguridad internacional. Reforzaremos los mecanismos de carácter multilateral y actuaremos conforme a las directrices de las Naciones Unidas, y en el plano regional, de la Organización de Estados Americanos, OEA.
Trabajaremos para contribuir a una cooperación internacional dinámica y armoniosa. Fortaleceremos y diversificaremos relaciones bilaterales con los pueblos de las Américas, Europa, Africa y Asia, y prestaremos especial atención a nuestro vecino, Haití.
La nueva sociedad del progreso y de la modernización será capaz de crear un nuevo modelo de desarrollo económico que, al tiempo que protege el medio ambiente y los recursos naturales, brinde al sector agropecuario, a la industria nacional, a las zonas francas, a las medianas, pequeñas y microempresas y al sector turístico, mayores niveles de productividad y de competitividad, generando mayor riqueza para el bienestar y la felicidad del pueblo dominicano.
La sociedad dominicana cuenta con inmensos recursos humanos para llevar adelante esa hermosa tarea histórica. Cuenta con una juventud íntegra y estudiosa. Con mujeres nobles y abnegadas. Cuenta con campesinos y trabajadores laboriosos; y cuenta con una activa y dinámica comunidad en el exterior, fuente de orgullo para toda la patria.
Para empezar a construir esa nueva sociedad, propongo la creación de un Gobierno de Unidad Nacional, que integre en un Consejo Económico y Social, a los representantes del sector empresarial, del sector laboral, de la sociedad civil y de las iglesias. Que permita darle sentido y orientación a los Consejos Regionales y Provinciales de Desarrollo. Que haga que todo el mundo se sienta parte de la tarea de construcción de nuestro propio destino.
En este momento crítico y trascendental en que una vez más el pueblo dominicano ha depositado tantas responsabilidades sobre mis hombros, le pido a Dios, el Todopoderoso, como lo hice en este mismo recinto hace ya ocho años, que me conceda la sabiduría que otorgó al rey Salomón, para de esa manera, imbuido del aliento divino, conducir a nuestro pueblo, siempre con humildad, por merecidos caminos de gloria y de engrandecimiento.
Desde ahora en adelante un nuevo espíritu ha de apoderarse de nuestro pueblo. Un espíritu de optimismo, de fe, de confianza y determinación.
Que en las ciudades y en los campos, que en los valles y en las lomas, sólo se escuche un grito que diga: Dominicanos, E’ pa’ lante que vamos!, E’ pa’ lante que vamos!, E’ pa’ lante que vamos!
Muchas gracias.