Indotel inicia licitación para adquirir 450 mil cajas para la implementación de la TV digital
El Estado realizará inversión millonaria, no especificada, para llevar televisión digital a hogares vulnerables
El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) inició el proceso de licitación pública internacional para la adquisición y entrega de 450 mil “cajas convertidoras” de señal digital, que serán entregadas a hogares vulnerables del país para asegurar el acceso a la señal abierta al momento de la entrada en funcionamiento de la Televisión Terrestre Digital en el país.
Este proceso se enmarca dentro del proyecto de la implementación de la Televisión Terrestre Digital (TTD), proyecto que llevaba más de una década postergándose.
Dicha Licitación planea seleccionar a la empresa que adquirirá, distribuirá y entregará las cajas convertidoras de señal digital a los hogares seleccionados por el órgano regulador de las telecomunicaciones. El estándar para la TTD aprobado en el país es ATSC 1.0.
El Indotel ha identificado como beneficiarios a hogares vulnerables que cuentan con un televisor, pero que no tengan un servicio de televisión por suscripción (cable); es decir, hogares que consumen contenido televisivo por televisión abierta.
Con el inicio de transmisión de señales de televisión abierta, los usuarios que reciban esta señal, entre ellos los beneficiarios de las cajas convertidoras, podrán disfrutar de imágenes en alta definición y con mayor calidad de audio.
Los interesados en participar pueden acceder a los pliegos y demás documentos relevantes en el portal del INDOTEL (www.indotel.com.do), la fecha límite para la inscripción de los interesados es el 31 de mayo del 2022 y para la recepción de las propuestas 22 de junio del mismo año.
La implementación de la TTD se realiza en el marco del proyecto “Expansión de la Conectividad para la Transformación Digital en la República Dominicana”, que está siendo ejecutado por el Indotel, en correspondencia con la Ley General de Telecomunicaciones número 153-98, que le designa como la institución responsable de garantizar el derecho al acceso universal a los servicios de telecomunicaciones.