La imperante necesidad de un orden institucional

En el pasado artículo hablamos sobre las causas de la precaria institucionalidad del deporte dominicano, y un amigo a través de las redes, nos hizo llegar sus inquietudes sobre nuestro planteamiento de la justicia deportiva, donde cuestionaba nuestros argumentos, primero en lo concerniente a que el deporte no había llegado al Estado constitucional, refiriéndose a que debe ser competencia de la justicia ordinaria.

De igual manera, refutaba que en nuestro país existe el Tribunal de Arbitraje, por lo que nuestra publicación tenía algunas imprecisiones.

Le agradezco primeramente por leer nuestros artículos, y el compromiso que tenemos con nuestros lectores de llevar información veraz, y fundamentada sobre la norma.

Con relación a los tribunales ordinarios, lo primero que tenemos que decir, es que los litigios que surgen en el deporte, en el orden disciplinario y estatutario, no deben conocerse en esa jurisdicción. Es una negación procesal y de justicia, ya que los procesos en materia judicial conllevan tiempo y plazos. 

Asimismo, el deporte tiene ciclos, eventos predeterminados que requieren justicia expedita.

Los atletas tienen una vida deportiva limitada e incierta, por lo que necesitan de garantías procesales para su buen desarrollo. Pero aún más, llevar un proceso judicial en los tribunales tiene un costo, y partiendo de nuestra realidad socio deportiva la mayoría de nuestros atletas y dirigentes son de estratos sociales humildes, lo cual no le permite accionar.

Es la estratagema de algunos dirigentes federativos, dilucidar los conflictos internos en la justicia ordinaria, para dar una apariencia de legalidad, pero que en el fondo es una acción de desgaste por el largo proceso que demanda la acción.

En lo relacionado al Tribunal de Arbitraje, a lo que el amigo hace referencia, fue creado en el año 2011, por la pasada administración del COD, el expresidente Luis Mejía Oviedo.

Es prudente aclarar que es una iniciativa privada, aunque tiene desafíos de forma y de fondo, porque el mandato de la Ley General de Deportes 356-05 es la creación del Tribunal Nacional del Deporte, que su competencia abarca todas las instituciones deportivas del país: profesional y olímpica, es una innovación para ponerse acorde al ámbito internacional.

La justicia olímpica internacional

A pesar de las diferencias estructurales del Comité Olímpico Internacional, y los Comités Olímpicos Nacionales, aun así cuentan con un tercero imparcial que garantiza el orden institucional. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), instituido para garantizar la justicia y el debido proceso en el deporte, y todos los laudos emitidos por dicho tribunal, aun siendo acción privada tiene la tutela de la Justicia Federal Suiza.

La génesis del conflicto

Los Comités Olímpicos Nacionales y las federaciones internacionales no son parte de su estructura electiva, ya que solo los miembros COI son los que eligen y deciden todo lo concerniente a esta institución global, a través del artículo 18 de la Carta Olímpica.

Aún con la marcada diferencia del Comité Olímpico Dominicano con relación al ámbito internacional, donde las federaciones deportivas nacionales son las que eligen los miembros del Comité Ejecutivo, por lo que implica la urgencia y la necesidad de que exista un árbitro, ya que de esa manera no se puede autorregular, puesto que el deporte es operado por dichas federaciones.

Por lo tanto, se genera un conflicto de intereses que trae como resultado las luchas grupales, sin que exista una autoridad que ponga fin a esas ambiciones desmedidas que existen en cualquier colectivo.

Por consiguiente, aunque hoy en día el Tribunal de Arbitraje no ha tenido los resultados esperados. Lo cierto es, que se reconoce por parte de las autoridades olímpicas la necesidad de un ente regulador, debido a su composición interna.

Aún con el mandato de la figura del Tribunal de Arbitraje en los estatutos de todas las federaciones deportivas, y una serie de normativas estatutarias y códigos disciplinarios, no existe garantía de un tercero imparcial para proveer el debido proceso, y la tutela judicial en el deporte.

Finalmente, si el deporte nacional no es regulado y organizado tendrá un impacto negativo en el orden social, todos los valores que constituye la práctica deportiva de nuestro país dejarán de ser percibidos en la nación, y el deporte se constituiría en vez de una inversión pública en un gasto público, afectando así el desarrollo nacional.