ATLETISMO
El TAS pospone su decisión en el caso Semenya
El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) anunció este jueves que pospondrá un mes más, hasta finales de abril, la sentencia en el caso que enfrenta a la atleta sudafricana Caster Semenya y la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) sobre la participación en las competiciones de mujeres con altos niveles de testosterona.
El tribunal con sede en Lausana (Suiza) señaló en un comunicado que las partes en liza presentaron nuevas alegaciones y pruebas para defender sus posturas, por lo que acordaron conjuntamente que la decisión no se tome hasta finales de abril, en una fecha aún no concretada.
Inicialmente, el TAS había establecido como día límite para la sentencia el próximo 26 de marzo, aproximadamente seis meses antes de que se inicien los Mundiales de Atletismo de Doha (Catar). Semenya, el presidente de la IAAF (Sebastian Coe) y otros representantes de las partes en conflicto comparecieron ante el tribunal entre el 18 y el 22 de febrero.
El caso gira en torno a normativas que la IAAF quiere aplicar a las atletas con hiperandrogenismo y restringiría su participación en carreras de distancias comprendidas entre los 400 y los 1.500 metros.
Semenya es una de las deportistas con hiperandrogenismo más conocidas, y es doble campeona olímpica de 800 metros en Londres 2012 y Rio 2016, por lo que arguye que la normativa de la IAAF ha sido diseñada contra ella y atletas en su misma situación, que deberían medicarse para poder competir.
De aprobarse, la norma de la IAAF impediría participar en pruebas de medio fondo a las atletas que no mantengan sus niveles de testosterona por debajo de los 5 nanomoles por litro de sangre durante al menos seis meses antes de competir.
Hasta la fecha, el umbral de tolerancia para los niveles de testosterona estaba en los 10 nanomoles y ahora se reduciría a la mitad porque, según estudios a los que alude la IAAF, una mayor proporción aumenta un 4,4 % la masa muscular, entre un 12 y un 26 % la fuerza y un 7,8 % la hemoglobina.
La IAAF quería que la controvertida norma entrara en vigor el 1 de noviembre de 2018, pero finalmente pospuso la fecha a la espera de una decisión final del TAS.