Minería dominicana: visión y retos

Desde la época precolombina, la minería ha estado presente en nuestro territorio. Es legendaria la infame sed de oro de nuestros conquistadores a su llegada, contrastando con la abundancia aurífera en la isla, llegando a ser conocida La Española con el mote “La isla del oro”.

Pese a su antigüedad, su desarrollo no ha registrado el crecimiento esperado, distinto a otros países latinoamericanos, donde la minería constituye uno de los principales pilares económicos. Destacamos particularmente el caso de Chile, referente por excelencia del desarrollo minero latinoamericano.

En el caso dominicano, estimamos que, con las reformas adecuadas, los recursos minerales pueden aprovecharse, dentro de los criterios de sostenibilidad económica, social, ambiental e institucional. Es deber del Estado garantizar el derecho de sus ciudadanos a conservar dentro de sus comunidades un ambiente ecológica y socialmente equilibrado, mientras que perciben los beneficios derivados de la minería dentro de sus zonas de influencia.

Las provincias mineras de Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel han percibido beneficios en empleos, proyectos sociales y fondos, pero no tienen el nivel de desarrollo e ingreso esperado. Esto constituye su reclamo general en contra de la minería, lo cual dificulta la aprobación de nuevos proyectos e imposibilita ocasionalmente, obtener la licencia social para operar. Tal es el caso del proyecto Romero en San Juan.

Para materializar un impacto positivo en la economía dominicana requerimos de desafiar el statu quo, cambiando paradigmas, abordando de forma clara y sistemática los retos que tiene el sector minero en el país, mediante iniciativas abocadas a su desarrollo.

El marco de referencia expuesto viene dado por nuestra visión personal sobre el particular. Creo firmemente que República Dominicana tiene potencial para desarrollar, como uno de sus pilares económicos, la minería responsable. Aspiro que progresemos hacia una nueva minería, bajo una gestión holística e integral en materia de operación, salud y seguridad, protección ambiental, producción, sostenibilidad, participación y representatividad de nuestras comunidades dentro de la zona de influencia.

Abogo por una gestión digital, adoptando la minería 4.0, donde el Estado sea capaz de fiscalizar de manera oportuna las faenas, con profesionales altamente capacitados. Podemos ser un país exportador de talento, con una minería transparente, responsable, operando de acuerdo con las prácticas líder de la industria y haciendo uso de las mejores tecnologías disponibles. Deseo que República Dominicana se convierta en el referente como un país en vías de desarrollo, con una minería de clase mundial.” (De Jesús Hilario, 2022).

Retos de la minería

dominicana

Marco legal regulatorio minero: Pese a la existencia de las leyes mineras No. 4550 (1956) y No. 146 (1971) y su Reglamento de Aplicación No. 207-98 (1998), no contamos con un marco regulatorio integral, actualizado, que rija efectivamente el ejercicio de las actividades mineras, y que ofrezca garantías suficientes para impulsar la inversión extranjera de forma sostenible.

Idealmente, deberíamos delimitar las obligaciones, garantías y derechos de las partes involucradas, en todas sus fases (exploración, proyecto, operación, cierre y post cierre). Otros aspectos que normar integralmente son: el aseguramiento de la remediación ambiental, proceso de estudio de impacto ambiental (EIA), consultas comunitarias y beneficios otorgados a las comunidades. Resulta vital que los cambios propuestos estén alineados con los estándares internacionales, para garantizar su ejecución de acuerdo con las prácticas líder de la industria.

Renta estatal minera: Actualmente, no existe un esquema de compensación integral definido legalmente (renta estatal minera), sus componentes ni forma de distribución. La estandarización deberá considerar los stakeholders de la pequeña, mediana y gran minería, sus contribuciones al Estado y distribución de estos fondos equitativamente a las comunidades de interés.

El mayor contribuidor a las arcas del estado, Pueblo Viejo Jersey Limitada 2, posee sus acuerdos mediante un contrato especial con el Estado Dominicano.

Proyectos de desarrollo: No existen mecanismos oficiales y legales que incentiven a la generación de proyectos de desarrollo local, regional y provincial, que dinamicen la microeconomía en las zonas aledañas a las operaciones mineras, donde existan comunidades afectadas. Es de interés gubernamental fomentar la inversión mediante la derivación de un porcentaje de la renta minera a este renglón, más allá de los planes de responsabilidad social de las empresas mineras. Integrar a las comunidades mediante comités de desarrollo participativo para identificar sus necesidades a ser incorporadas en dichos planes, con el apoyo estatal.

Licencia social para operar: El gran reto radica en que las comunidades de manera sostenible generen simbiosis con el proyecto minero, logrando crecer y desarrollarse a la par de la empresa. Generar una dinámica armónica en la cual los actores clave en las comunidades tengan voz y voto sobre las decisiones que inciden en el nivel de vida de su área de influencia. Existe en distintos grados, desconfianza entre las comunidades, empresas mineras y el Estado.

Credibilidad del Estado: El Estado debe lidiar con la percepción de bajo involucramiento en los procesos de participación comunitaria, así como la percepción de que generar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), significa que será automáticamente aprobado, aún en detrimento del medioambiente y las comunidades.

En otro orden, la campaña mediática negativa sobre los aspectos contractuales, acuerdos comerciales y colaboración con las empresas mineras ha dejado al Estado con una imagen con amplias oportunidades de mejora. La ausencia de una política minera a largo plazo genera dudas sobre el interés de desarrollo de la industria como parte de un plan país, más allá de quién ocupe la silla en el palacio nacional.

Otros retos no menos importantes, son la implementación de transformación digital y mejoras derivadas de la minería 4.0, transparencia y difusión pública de información a partes interesadas, fiscalización estatal, la escasez de personal técnico competente con experiencia práctica minera dentro de la estructura gubernamental, monitoreo post-cierre y sus garantías asociadas.

Considerando los retos de la minería dominicana, se requiere una propuesta reformadora que garantice la competitividad global, en aspectos técnicos, ambientales y económicos; que posicione a la República Dominicana como un destino atractivo de inversión minera para empresas de la mediana y gran minería, para así integrar esta industria como un pilar del desarrollo sustentable dominicano.

El contenido de este artículo representa íntegramente la visión personal de la autora.

La autora es ingeniera civil, especialista en gerencia y desarrollo de proyectos, ingeniería geotécnica, gobernanza e ingeniería de relaves. Cuenta con 15 años de experiencia en la industria minera nacional e internacional.