Leonel Castellanos sugiere revisar exenciones ficales respetando los derechos adquiridos

El presidente de la Unión Nacional de Empresarios (UNE), Leonel Castellanos Duarte, advirtió a las autoridades que la reforma fiscal que piensan implementar debe tener como objetivo la protección de la estabilidad económica, social y política que ha disfrutado la República Dominicana por varias décadas.

Castellanos Duarte sostuvo que la República Dominicana como país tiene condiciones que hay que salvarlas y cuidarlas, para evitar situaciones que se produjeron en el pasado.

Reconoció que se hace impostergable la ampliación de la base impositiva porque no es justo seguir castigando a quienes en la actualidad pagan impuestos, y que la ampliación debe tomar en consideración a los sectores más desposeídos de la población.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´Agenda que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, el dirigente empresarial recordó que como país debemos mirarnos en la experiencia que tenemos de la reforma fiscal que se implementó en el año 1984.

Dijo tener la seguridad de que el presidente Luis Abinader está muy consciente de eso, para evitar que no produzcan escenas muy parecidas a las ocurridas en la citada fecha, cuando se firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el cual, fijó una serie de condiciones que resultó insostenible para la población.

“Nosotros como país tenemos una condición que hay que salvarla y cuidarla, para evitar no caer en lo que caímos en el pasado, o sea, una reforma fiscal tiene que considerar aspectos sociales, económico, y político, tenemos esas tres condiciones de estabilidad que debemos protégelas, porque eso es lo que nos diferencia del resto de los países de América Latina”, insistió el presidente de la UNE.

Castellanos Duarte puso como ejemplo que el país acaba de pasar por un proceso electoral sin traumas, lo que demuestra el nivel de madurez que tiene la sociedad dominicana.

“Entonces, dentro del marco de una reforma fiscal, esos tres elementos hay que tratar de concatenarlos, porque queremos un país que continue creciendo, tenemos que definir el tamaño de la economía que queremos, y eliminar muchas distorsiones que existen en el sistema impositivo”, planteó el empresario.

Puso como ejemplo el caso de los embutidos, donde todo el mundo está de acuerdo que el salami que consume la clase más desposeída no debe ser grabado, pero hay otros tipos “gourmet”, que son muy consumidos en clase alta que debería pagar impuestos.

“Todos esos esquemas hay que revisarlos, producto por producto, para ampliar la base del Itbis, pero aquellos que consume la clase alta, elementos como esos deben entrar en la reforma, siempre y cuando no se afecte la canasta básica de los más pobres”, precisó.

El dirigente empresarial dijo que un tema que no puede quedarse en la reforma tiene que ver con la eficiencia en el gasto público, aunque se está consciente que el gobierno necesita más recursos para hacer frente a las distintas necesidades que tiene el país.

Además, la evasión fiscal, que en el Itbis supera el 40%, y en el Impuesto Sobre la Renta el incumplimiento es superior al 60%.

Exenciones

Castellanos Duarte favorece que, dentro del contexto de la reforma fiscal, se revisen las exenciones fiscales, siempre y cuando se respeten derechos adquiridos.

“Aquí hay sectores que tienen exenciones ficales que deben ser revisados, siempre respetándole sus derechos adquiridos, porque existe un marco jurídico que hay que respetarlo, pero aquí hay sectores que son sostenible, y que pudieran justificar su crecimiento sobre la base de los incentivos que han recibido”, explicó.

Insistió en que, para la institución que preside, todo eso hay que revisarlo, y establecer una política de incentivos y exenciones fiscales sobre la base de resultados, y que se establezcan por un periodo de tiempo definido.

“No podemos continuar otorgando incentivos a algunos sectores que ya son adultos, que son sostenibles por sí mismo”, alertó.

Dice que el Consejo de Fomento al Turismo (Confotur) hay que revisarlo, respetando los derechos adquiridos como dijimos anteriormente, pero hay que revisar la sostenibilidad, porque son otras cualidades, y no necesariamente los incentivos, lo que ha hecho exitoso el sector turismo.

“No es solamente el incentivo, otros factores intervienen también, como la capacidad, experiencia y entrenamiento que tenemos los dominicanos en esa área, hay muchas cosas que para los inversionistas del sector turismo irse a otro lugar lo piensan muy bien, porque ya a la República Dominicana la hemos sabido vender en el mundo”, destacó.

El dirigente empresarial puso como ejemplo el desarrollo turístico de viviendas que no pagan el Impuesto a la propiedad Inmobiliaria, (IPIS), y una persona que hace una inversión de un millón de dólar no es pobre, por lo que no se explica por qué están exentos del pago de dicho tributo, e igual sucede con el impuesto a las placas de los vehículos, porque uno de alta gama no puede pagar lo mismo que uno de clase económica.

Advierte quienes ganen licitación de las Edes deberán invertir sus recursos y no los del Estado

Las empresas que ganen la licitación para administrar las Distribuidoras de Electricidad deben tener en cuentas que las inversiones que deberán hacerse tendrán que salir de sus bolsillos, y no de recursos provenientes del Estado dominicano, advirtió el empresario Leonel Castellano.

“Nosotros estamos de acuerdo con la participación del sector privado en la gestión de las Distribuidoras, pero hay que aclarar que una cosa es la privatización donde usted vende al sector privado, y otra cosa es usted hacer una licitación para gestionar esas empresas, y nosotros hemos agregado a esa gestión, que en esa licitación, los términos de condiciones establezcan que el sector privado sea quien invierta en las Distribuidoras, y no el gobierno”, aclaró el presidente de la Unión Nacional de Empresarios.

Castellano Duarte dijo que la idea es quitarle de encima ese subsidio al Estado, que solo para este año le cuesta RD$86,000 millones de pesos, y que aumentará más en el presupuesto del 2025.

“Entonces, el Estado se desprendería de ese subsidio si hacemos un esquema basado en que el sector privado sea el que invierta en las redes de distribución, mediante un esquema que esté establecido de manera transparente”, precisó.

Advirtió que el Estado no puede seguir invirtiendo en las redes para que otro lo administre, eso no es negocio, porque el gobierno seguiría con el mismo problema.

“Seguirá gastando dinero, otorgando subsidio, para que el otro cobre los beneficios de las inversiones que haga el Estado, no, es como arrendar la finca por 20 o 30 años, eso deberán establecerlo los organismos responsables, pero si buscar una fórmula que el sector privado sea el que invierta mediante un proceso de gestión administrativa de las distribuidoras de electricidad”, ponderó.

Dijo que mediante ese esquema el sector privado gestiona las empresas, pero asume los riesgos si pierde, y obtendría las utilidades si hay ganancias, y que a partir de ahí se acabe el robo de energía, y que todo el mundo pague por el servicio.