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Compromiso ético no logra que se cumpla con declaraciones juradas
A pesar de los sistemáticos incumplimientos con las declaraciones juradas de bienes de funcionarios de distintos niveles, aún no se conocen las sanciones aplicadas.
El viernes pasado, el presidente Luis Abinader , se reunió por primera vez, con su nuevo gabinete.
El presidente Luis Abinader, al cierre de la pasada semana, reiteró a su gabinete la obligatoriedad del compromiso con la ética y la transparencia, reeditando la firma de la carta compromiso del 2020, una acción positiva que, aunque impulsa el cumplimiento de la Ley 311-14 y otras normativas, no logra que todos sus funcionarios cumplan a cabalidad con las mismas, ni en los tiempos estipulados.
Según las estadísticas de la Cámara de Cuenta, al cierre de septiembre 2020, 4,646 funcionarios no habían presentado su declaración jurada de bienes, de estos, un 11% (515) pertenecían al Gobierno Central, a pesar de que la carta compromiso fue firmada el mismo 16 de agosto, cuando inició la gestión.
En el periodo julio-septiembre del 2020, el organismo fiscalizador identificó a 8,606 funcionarios electos, reelectos, designados y cesantes a partir del 16 de agosto de 2016, con obligación de presentar sus declaraciones de bienes, y de estos, 2,960 (34%) fueron entregadas en tiempo hábil, 1,000 (12%) extemporáneas, y 4,646 (54%) no fueron presentadas.
De los funcionarios que sí realizaron sus declaraciones en este trimestre, un 67% pertenecía al Gobierno Central (2,668), el 28% (1,124) a los gobiernos locales, y un 4% (168) a las entidades descentralizadas o autónomas.
En el cuarto trimestre del 2020 (octubre-diciembre), de 6,277 funcionarios fueron electos, reelectos, designados y cesantes a partir del 16 de agosto de 2016, que debieron presentar sus declaraciones, un 72% no lo hizo (4,523), un 21% entregó extemporáneamente, y solo el 7% entregó en tiempo hábil.
En este último trimestre del 2020, de los 1,754 funcionario que realizaron sus declaraciones, en tiempo hábil y extemporáneamente, el 74% (1,290) pertenecía a instituciones descentralizadas o autónomas, el 18% (322) al Gobierno Central, y el 8% (142) a los gobiernos locales. De estos, el 67% de los declarantes eran hombres y el 33% mujeres.
Sanciones que no se ven
A mediados de mayo del 2021, el pleno de miembros de la Cámara de Cuentas informó que al 27 de abril 4,453 funcionaros no habían presentado su declaración jurada de bienes, los cuales dividió en dos grupos: el primero, 3,919 electos, entre los cuales se encontraban presidenciales, congresuales y municipales, y un segundo grupo de 534, que correspondían a designados por nombramientos o decretos.
La CCRD apuntó que estos omisos pertenecían a períodos anteriores y del gobierno actual.
A pesar de los sistemáticos incumplimientos con las declaraciones juradas de bienes de funcionarios de distintos niveles, aún no se conocen las sanciones aplicadas, aunque al inicio de la gestión del Presidente Abinader se dijo que los salarios de los funcionarios que no cumplieran con la Ley 311-2014, serían retenidos.
Funcionarios cuestionados
En el primer periodo de gobierno del presidente Abinader, se han suscitado casos de cuestionamientos éticos contra funcionarios públicos, los cuales han sido apartados del tren gubernamental, ya sea mediante licencias, o removiendolos del puesto.
Entre estos se encuentran: el exministro de Salud Pública, Plutarco Arias, señalado por supuesta sobrevaluación y compra irregular de jeringuillas; las dos exministras de la Juventud, Luz del Alba Jiménez y Kinsberly Taveras, la primera cuestionada por intentar beneficiar a dos empresas en licitaciones, y la segunda, investigada por el PEPCA por la procedencia de su patrimonio.
También se conoció el caso de lel director del Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC), José Altagracia Sánchez, por denuncias de irregularidad; el general Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), involucrado en el caso Coral;
el director de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (Utect), mencionado el caso Calamar; el viceministro de Interior y Policía, Víctor Polanco Severino, acusado de participar en una supuesta mafia en la expedición de licencias de armas de fuego; y el exdirector del Intrant, Hugo Beras, señalado por irregularidades en un proceso de licitación de los semáforos inteligentes.
Nuevo llamado
El pasado viernes, 23 de agosto, en su primer Consejo de Ministros y Directores, el presidente Luis Abinader llamó a los funcionarios de su gabinete y de su gobierno, a honrar el compromiso con más transparencia, las mejores prácticas y el mejor de los comportamientos en el devenir de sus labores.
El mandatario recalcó que todo funcionario deberá firmar un compromiso ético.