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Instituto de Auditores respalda divulgación de irregularidades hecha por la Contraloría

Los auditores indican que los informes deben utilizarse únicamente para corregir procesos administrativos y prevenir prácticas similares.

El Instituto de Auditores Internos de la República Dominicana (IAIRD) expresó su respaldo a la divulgación de las irregularidades relacionadas con las violaciones del control interno en las instituciones del gobierno central.

El presidente del IAIRD, Geraldo Almonte, al ser consultado por el Listín Diario, explicó que si bien la Contraloría General de la República tiene facultades de fiscalización, los informes que emite deben utilizarse únicamente para corregir procesos administrativos y prevenir prácticas similares.

No obstante, dijo que es fundamental que los mecanismos utilizados con este fin eviten cualquier conflicto con los principios de objetividad e independencia establecidos en las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de Auditoría Interna.

Rol

Con relación a los informes emitidos por la Contraloría General de la República sobre las irregularidades encontradas en diversas instituciones del Estado, el presidente del Instituto de Auditores Internos de la República Dominicana citó que esa entidad tiene como objetivo promover el cumplimiento de las leyes y fortalecer el gobierno corporativo tanto en instituciones públicas como privadas.

Para lograr un entorno ético y transparente, se fomenta y practica la Auditoría Interna. Aunque las leyes locales y la Constitución prevalecen sobre los estándares internacionales, consideramos necesario que todas las auditorías se realicen siguiendo el Marco Internacional para la Práctica Profesional de Auditoría Interna, dijo Almonte

Expresó que es importante destacar ciertos aspectos fundamentales. La Constitución de la República Dominicana menciona el término "auditar" y lo asigna a la Cámara de Cuentas en su artículo 250, literal 3. 

Este artículo establece que la Cámara de Cuentas tiene la responsabilidad de auditar y analizar la ejecución del Presupuesto General del Estado, tomando como base el estado de recaudación e inversión de la renta presentada por el Poder Ejecutivo. 

El informe correspondiente debe ser presentado a más tardar el 30 de abril del año siguiente para su conocimiento y toma de decisiones.

Almonte dijo que la Contraloría General tiene responsabilidades de control y fiscalización según los artículos 246 y 247 de la Constitución.

Estos artículos establecen que el control y fiscalización sobre el patrimonio, ingresos, gastos y uso de los fondos públicos se lleva a cabo por el Congreso Nacional, la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República, dentro de sus respectivas competencias. También se menciona que la sociedad participa a través de los mecanismos establecidos por ley.

La Ley 10/07, que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y la Contraloría General de la República, en su Título II, Capítulo I, Artículo 3, último párrafo, establece que la Contraloría General de la República es responsable del diseño, vigencia, actualización y supervisión del sistema de control interno del sector público, incluyendo el funcionamiento de las Unidades de Auditoría Interna.

Almonte manifestó que con estas referencias, “queremos ilustrar que la ley menciona las unidades de Auditoría Interna, extrapolando su función a lo que es la práctica de la auditoría a nivel internacional. En este contexto, la Auditoría Interna cumple con un rol de segunda línea, proporcionando análisis e informes sobre la adecuación y eficacia del control interno y la gestión de riesgos”.

Los roles de segunda línea pueden incluir monitoreo, asesoramiento, orientación, pruebas, análisis e informes relacionados con la gestión de riesgos, así como el diseño y la eficacia de los controles. Aunque estos roles apoyan y cuestionan a quienes desempeñan roles de primera línea, forman parte integral de las decisiones y acciones de la dirección y no están completamente independientes de ella, concluyó el presidente del Instituto de Auditores Internos de la República Dominicana.