Respuesta a un ex ministro

Desde hace ya 55 semanas, el Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, decidió mantener sin variación el precio de los combustibles en la República Dominicana; sin dudas una acción responsable, seria y empática.

El plan de subsidios planteado en el palacio nacional en marzo del 2022, no solo ha sido acertado dado la eficacia de los resultados que ha traído consigo, sino que ha sido ponderada en términos muy favorables como herramienta de reducción de la inflación y en vías de consecuencias, un muro de contención que ha impedido el desborde de la ingobernabilidad que acusa casi toda Latinoamérica.

Solo basta con revisar la información oficial del Banco Central de la República Dominicana en donde se destaca el papel principal que ha desempeñado el subsidio a los carburantes, como método paliativo de la inflación, para entender que la medida dispuesta fue correcta.

En última instancia, el gobierno ve las importantes sumas que se han destinado para el subsidio de los hidrocarburos como una inversión en competitividad, paz social, además de ser un sólido vector de atracción de capitales de procedencia foránea.

Al margen del fingimiento de algunos actores del pasado, cuya apelación a débiles materiales de apoyo, revestidos de pseudo rigor académico que devela pretensiones frívolas, lo incontrovertible es que el gobierno dominicano anuncia subsidios a los derivados del petróleo, fácilmente comprobables por dos mecanismos, siendo el primero de ellos, la ponderación de la metodología del cálculo de venta al público del preciado bien y segundo a partir de la revisión y verificación de los pagos a través de libramientos, que semana tras semana, sin retrasos ni morosidad, esta gestión efectúa por concepto de compensación del precio paridad de importación a Refidomsa, Total, Gulfstream, Esso, Coastal, Morini y AES, empresas importadoras de combustibles en nuestro país.

Hoy, nuestro gobierno exhibe en materia de planificación, sustanciales avances en dichas áreas, a diferencia del pasado reciente. Las previsiones presupuestarias, la amortización sin mácula de los compromisos asumidos, así como el proyecto de ley depositado en el congreso hace más de un año, que procura transformar no remendar el sector de los hidrocarburos en nuestro país, confirman mi afirmación.

Lo responsable y lo académicamente lógico, seria sin dudas hablar del índice del precio del crudo aplicable para casi toda la región, que como ya sabe parte importante del país, es el West Texas Intermediate (WTI).

Adicionalmente, para el costo de la gasolina y el gasoil, parecería desconocimiento elemental, introducir en la argumentación de la formación de precios, variables extrañas a la norma aplicable. Acaso queremos ahora inventar métodos de cálculo con actitud entusiasta y de paso poco calado normativo.

¿Cuál es la conveniencia de hablar de índices que no tienen aplicabilidad para la construcción de los precios en nuestro país y obviar lo que claramente nuestra norma apunta para tales fines, como es el caso del valor FOB de los combustibles líquidos y su referencia, el Platts USGC Waterborne?

En el caso de los fletes, pareciera que ocurre exactamente igual; más allá del maniqueísmo de manual, cuál sería la conveniencia de argumentar y traer a colación índices globales de fletes, sesgando el que nuestro marco normativo señala en el caso particular, el de la publicación WorldScale. No necesariamente lo comparto, pero a muchos la inobservancia les mueve a pensar, que descartada la falta de formación, la manipulación tiene vía franca en este caso.

Tal vez no sean argumentos huecos, pero de lo que si estoy seguro es que no forman parte de los elementos de la metodología del cálculo de los precios y por ello, cualquier ejercicio que se fundamente sobre premisas ventajosamente erradas, puede entretener, pero no aportar mucho.

La procura del desmerito de esfuerzos que se impulsan desde el gobierno y que se cuantifican en alrededor de 1,000 millones de dólares, de agosto del 2020 a la fecha, cuyo objetivo primordial es beneficiar el bolsillo de los dominicanos, de todos, no de un grupito, requiere más que de mezquindad. Es un tema de hechos, no de pretensiones.

Nuestra nación, nuestros ciudadanos esperan aportes propedéuticos de todos los litorales, no derivaciones coyunturales con pigmento rentista. Es obvio que el pueblo espera mas de su clase política.

Mientras los responsables del tema en cuestión de esta administración se empeñan afanosamente en buscar soluciones constantes a la dinámica de los embates que genera el mercado energético internacional, con sus obvias consecuencias para el mercado doméstico, algunos ex funcionarios lo que hacen es de manera oblicua con interés o no, acusar por vías de consecuencia a los importadores de combustibles, de formar parte de un esquema falso de pagos del Estado dominicano, puesto que si el subsidio a los combustibles es una falsa o invento del gobierno, los emolumentos destinados a la compensación del precio de paridad de importación corren la misma suerte, sobre todo si la consecuencia de un pago de lo indebido sigue siendo la de toda la vida, un enriquecimiento sin causa.

La sed del retorno justifica para unos cuantos, la herramienta del ardid, pero pretender escupir el sector público y el privado desde un simulado oráculo de delfos, fabricando escenarios esotéricos del mercado de hidrocarburos, solo por pretensión politiquera parece tremendismo lamentable y sin dudas devela liderazgo inmaduro.