Abogados destacan necesidad de aprobar Ley de Extinción de Dominio
Varios abogados propugnaron por la aprobación del proyecto de ley de extinción de dominio que se discute en el Congreso Nacional y expusieron sus beneficios y los aspectos que debe incluir.
Las valoraciones de los juristas fueron expuestas en la “Mesa de Discusión sobre el Proyecto de Ley de Extinción de Dominio, en la búsqueda de un informe conclusivo”, organizada por la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD), a través de su Escuela de Derecho. En el panel participaron los juristas Pedro Catrain Bonilla, Eric Raful, y Olivo Rodríguez Huertas.
Pedro Catrain Bonilla, quien además es senador, planteó que la Ley de Extinción de Dominio, que se está conociendo actualmente por la comisión bicameral del Senado, integrada por 25 legisladores, debe necesariamente regular situaciones ocurridas antes de su vigencia, cuando tratan sobre derecho aparente.
Argumentó que trata únicamente dominio de bienes y patrimonio, es decir, que comprende el derecho adquirido, y no abarca ni vulnera circunstancias en esta aplicación sobre derecho consolidado.
“Se trata del patrimonio obtenido como producto del crimen y el delito, el cual se traduce en una simple expectativa de naturaleza irregular e ilícita desde su origen, situación está que jamás podrá consolidar el derecho de propiedad consagrado plenamente por la Constitución”, puntualizó. Entiende que la normativa debe contemplar garantía clara, respeto al debido proceso, para evitar afectar derechos ciudadanos.
El abogado Eric Raful, agradeció a la universidad por darle el privilegio de participar en ese evento para contribuir al debate de ideas, a propósito de esta importante normativa.
“La Ley de Extinción de Dominio procura atacar el crimen organizado como parte de la política de anticriminalidad, persiguiendo los bienes que no puedan demostrarse en un proceso debido, conforme ordena el artículo 8 de la convención de la Constitución, un proceso con todas las garantías para perseguir estos bienes”, indicó.
Mientras, el también abogado y profesor Olivo Rodríguez Huertas, coincidió en la necesidad de contar con la ley, pero advirtió que su aprobación no significa que de inmediato serían recuperados los bienes robados o de actuaciones ilícitas, ya que eso conlleva un proceso.
“Frente al poderío económico de una serie de actividades delictivas que genera inmensas cantidades de recursos, la forma de disuadir las mismas es a través de incautarle el patrimonio que genera”, expresó.