Leía en estos días un análisis del abogado Jaime M. Senior sobre el fideicomiso, que considero plasmó de forma acertada qué es y para qué se apela como motor de desarrollo. Sostuvo que un fideicomiso “es una figura de derecho que implica la creación de un vehículo jurídico que será el titular (dueño) de determinados activos y derechos que les sean aportados. Aunque el titular se desprende de la titularidad, no pierde el derecho de percibir los beneficios, ni tampoco de establecer las pautas de su gestión”.

Agregó luego M. Senior que la fiduciaria es la gestora, pero no titular de los activos, apegada siempre a los lineamientos de un contrato. Concluye que se toma la determinación de utilizar un fideicomiso para “permitir que otros que tienen la capacidad y experiencia puedan gestionarlos”, en directa relación con la tendencia regional de “buscar especialización en la gestión de determinados activos y negocios para asegurar y procurar que obtengan el mayor rendimiento posible”.

Dicha tendencia regional tiene cerca de 100 años de recorrido, vinculado y motivado fundamentalmente al “trust” anglosajón y norteamericano. Todo comenzó en Panamá, en 1925, primer país de la región con legislación sobre fideicomisos; seguido por México en 1926, con la Ley de Bancos de Fideicomiso. Más tarde sería El Salvador, en 1937, con la Ley de Fideicomisos, y en Guatemala, en 1945, cuando se introduce esta figura en la Constitución. Le seguiría Venezuela (1956); Colombia (1971), Perú (1993) y Argentina (1995).