Fideicomiso y desarrollo en América Latina
Panamá fue el primer país de la región con legislación sobre fideicomisos.
Leía en estos días un análisis del abogado Jaime M. Senior sobre el fideicomiso, que considero plasmó de forma acertada qué es y para qué se apela como motor de desarrollo. Sostuvo que un fideicomiso “es una figura de derecho que implica la creación de un vehículo jurídico que será el titular (dueño) de determinados activos y derechos que les sean aportados. Aunque el titular se desprende de la titularidad, no pierde el derecho de percibir los beneficios, ni tampoco de establecer las pautas de su gestión”.
Agregó luego M. Senior que la fiduciaria es la gestora, pero no titular de los activos, apegada siempre a los lineamientos de un contrato. Concluye que se toma la determinación de utilizar un fideicomiso para “permitir que otros que tienen la capacidad y experiencia puedan gestionarlos”, en directa relación con la tendencia regional de “buscar especialización en la gestión de determinados activos y negocios para asegurar y procurar que obtengan el mayor rendimiento posible”.
Dicha tendencia regional tiene cerca de 100 años de recorrido, vinculado y motivado fundamentalmente al “trust” anglosajón y norteamericano. Todo comenzó en Panamá, en 1925, primer país de la región con legislación sobre fideicomisos; seguido por México en 1926, con la Ley de Bancos de Fideicomiso. Más tarde sería El Salvador, en 1937, con la Ley de Fideicomisos, y en Guatemala, en 1945, cuando se introduce esta figura en la Constitución. Le seguiría Venezuela (1956); Colombia (1971), Perú (1993) y Argentina (1995).
En República Dominicana el primer esfuerzo real radica en la Ley 189-11. Ahí nos encontramos con el fideicomiso en el ámbito inmobiliario, lo que ha propiciado su desarrollo, sobre todo en cuanto a viviendas de bajo costo, la creación de empresas del rubro y la movilización de miles de millones de pesos, beneficiando a miles de familias.
Por supuesto, todo es perfectible. De ahí que el presidente Abinader anunciara que el 27 de febrero someterá un proyecto de ley para fortalecer las regulaciones existentes sobre los fideicomisos públicos.
Dos cosas son claras: el fideicomiso es un vehículo útil y eficaz para el desarrollo, y crecerá en los próximos años. Así se confirma si echamos un vistazo a la región, donde nos encontramos con que el 49% del PIB en Colombia está alojado en activos administrados por fideicomisos, mientras que en Ecuador el 17.5% del PIB está en Activos Administrados por fideicomisos. En el caso de Panamá, el segundo país que más crece económicamente de toda la región, tiene un 65.1% del PIB en activos administrados por fideicomisos.
República Dominicana tiene un enorme potencial de crecimiento de la mano de figuras jurídicas confiables. No es casualidad que Colombia o Panamá, de las economías más grandes y que más crecen, tengan la mitad o más de su PIB en activos bajo el fideicomiso. Su confianza y rentabilidad están probadas, otra cosa es confundirla con privatización o no respaldar su aplicación a ciertos bienes o activos.