Consejo convocará a una discusión abierta del tema
El Consejo Económico y Social (CES) se encuentra trabajando para en breve tiempo convocar a los sectores empresariales, sociales y políticos al conocimiento del proyecto de ley de fideicomiso de la Central Termoeléctrica Punta Catalina.
A requerimiento de Listín Diario, el presidente del CES, Rafael Toribio, afirmó que tanto la Comisión Ejecutiva y el Pleno del Consejo Económico y Social serán convocados para dar respuesta a este llamado lo antes posible.
Tanto la comisión ejecutiva y el Pleno del Consejo Económico y Social serán convocados para dar respuesta a este llamado lo antes posible, señaló Toribio.
“Oportunamente se ofrecerá mayor información de manera formal mediante una nota de prensa que compartiremos con los medios de comunicación”, agregó el presidente del CES.
Al respecto, el presidente del Consejo Dominicano de Economistas (Codeco), Rafael Espinal, dijo que el gremio apoya la decisión del Presidente Abinader de revisar el contrato y de someter ante el CES la discusión.
“En nuestra opinión el fideicomiso es una figura jurídica que ofrece seguridad, rentabilidad, transparencia y fiabilidad”, indicó.
No obstante, recalcó que la crítica radicaría en la composición del Comité Técnico propuesto, cuya presidencia debería ocuparla el Ministro de Hacienda o de Energía y debería estar integrado por miembros del Gabinete seleccionados y miembros de sector privado. Así quedaría estructurado con participación mixta, como ocurre en la Junta Monetaria, en el Consejo del Banco de Reservas y en otras entidades autónomas o empresas públicas, explicó.
Castellanos Para Bernardo Castellanos, “una vez más el Presidente demuestra que es una persona sensible que coloca sus oídos en el alma y corazón de la sociedad y se engrandece colocándose a la altura de las circunstancias.
Entiende que para poder discutir el contrato de fideicomiso de Punta Catalina, primero deben cumplirse pasos y condiciones, entre las que cita que se retire del Senado y sea aprobada en el Congreso una ley que regularía el fideicomiso público, y que el Presidente anunció se someterla al Congreso.