Los miembros de la Asociación de Suplidores de Materiales Eléctricos (Asume) advirtieron sobre el riesgo socio político que encierra conceder al sector privado la gestión y operación de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE) sin previamente estudiar el histórico de experiencias similares ni establecer los controles y regulaciones pertinentes que eviten poderes discrecionales a la parte contractual.

Los empresarios plantearon que liberalizar de la responsabilidad estatal la gestión de las EDE no va a resolver el problema deficitario de las distribuidoras debido a que se trata de un servicio público que el Estado es dueño y responsable de otorgarlo, y la memoria histórica la evidencia arroja que el sector privado no está dispuesto a asumir.

Refirieron lo ocurrido en el pasado con los patronatos y alianzas público privadas (APP) en donde las contrataciones se han hecho directamente con empresas extranjeras y muchas veces asociadas a los mismos inversionistas.