El Estado ha recibido US$26.4 millones por la cobertura del seguro de Gas Natural
Este monto es el doble de lo que se paga por su adquisición, refiere el Ministerio de Hacienda
El Ministerio de Hacienda informó que entre junio y octubre el Estado dominicano ha percibido una compensación por la cobertura del seguro de Gas Natural superior al doble de lo pagado para su adquisición. En efecto, el monto de compensación ascendió a US$26,499,958.04, lo que supera el costo de la prima en US$13,707,958.07.
El excedente obtenido se produjo en el marco del seguro (“call option”) adquirido en abril de este año para garantizar que el precio de este combustible utilizado en la generación eléctrica no exceda US$3.25 MMBtu.
La adquisición de este seguro forma parte de las medidas estratégicas emprendidas por el Ministerio de Hacienda para asegurar la estabilidad del presupuesto ante la tendencia alcista que experimentaban los precios del Gas Natural al momento de su contratación.
El alza percibida a inicios del año de los precios internacionales del combustible se ha profundizado en los últimos meses, hasta llegar a registrar un incremento de su precio en un 105 % a la fecha. Esto ha permitido al Estado reclamar el ingreso mencionado. Para el mes de octubre, los ingresos recibidos ascendieron a US$9,979,666.57.
“Si bien el objetivo principal del seguro es mitigar los impactos por las alzas de los precios del Gas Natural, su adquisición oportuna ha derivado en un beneficio adicional al fisco nacional”, dijo el ministro de Hacienda, Jochi Vicente.
La contratación del seguro de Gas Natural se realizó de manera escalonada, cubriendo un 80 % de la importación de este combustible de mayo a diciembre del 2021, 60% del 2022 y 40% del 2023.
Este combustible es utilizado para aproximadamente el 50% de la matriz de generación eléctrica del país, lo cual permite atenuar el efecto alcista en el costo de la generación de la energía.
Esta operación forma parte de la estrategia de mitigación de riesgos llevada a cabo por el Gobierno para hacer frente a la evolución desfavorable de los precios de las materias primas, con el objetivo de contrarrestar su impacto en el subsidio eléctrico y, por ende, en las finanzas públicas.