Reputación, Compras Públicas e hipersensibilidad

Reputación y compras públicas, dos conceptos que hoy más que nunca se encuentran. Sin embargo, en la práctica, su asociación es poco valorada y orbita alrededor de un accionar encapsulado que solo conoce el " aquí y ahora", con una sentida ausencia de gestión de riesgos- administrativos y reputacionales- no solo a nivel del funcionario líder de la organización, sino del servidor público que forma parte del proceso, sin importar partido.

Hoy día es imperativo para las empresas, marcas personales y gobiernos la gestión de su reputación- este último vinculado estrechamente a la reputación del partido- donde hoy cuenta más lo que hace que lo que dice que hace. Precisamente ahí radica una de las diferencias entre imagen y reputación: la primera es apariencia y la otra es comportamiento. Una se gestiona y la otra se construye. Por lo cual siempre recomiendo a las marcas apostar a la coherencia como vehículo para generar confianza.

Las compras y contrataciones públicas se han convertido en una de las principales causas de escándalos de corrupción y fuente de destrucción de reputación no solo de funcionarios públicos, gobiernos y partidos, sino también de empresarios, tanto en República Dominicana, como iberoamérica, situación agravada por la respuesta a la pandemia. Según datos que comparte el portal LexLatin en su artículo COVID-19 y la corrupción en las licitaciones públicas en Latinoamérica, a junio de 2020, la Fiscalía Anticorrupción en Perú investigaba 869 casos por sobrevaloración de equipos médicos e irregularidades en la distribución y compra de canastas. En México y en Chile se denunciaron compras a sobrecosto de mascarillas. En Bolivia y en México se denunciaron incluso compras sobrevaluadas de respiradores pulmonares.

En República Dominicana, ocurrió también un espiral de denuncias que llevó al gobierno anterior a crear una comisión de veeduría para vigilar las compras públicas, con ese mismo titular lo publicaba Listín Diario el pasado 26 de abril de 2020, a poco más de un mes de haberse declarado el Estado de emergencia. En su defensa, el entonces ministro de salud se refirió a la especulación de los precios de insumos médicos a nivel internacional como la causa de los costos exorbitantes que ofrecían los oferentes. Era mucha la incertidumbre y de la noche a la mañana productos muy específicos se convirtieron en imprescindibles para gestionar la pandemia.

Encontramos otros ejemplos de escándalos en procedimientos de compras públicas en países como España, como el caso Lezo que involucra al expresidente de la comunidad de Madrid, Ignacio González por, supuestamente amañar la adjudicación del campo de golf del Canal de Isabel II y donde el magistrado atribuye un delito de cohecho al exdirigente del PP.

Sin importar el gobierno, partido o país, esto sin dudas nos invita a reflexionar: primero, que estamos frente a uno de los procesos más sensibles en la administración pública que al cruzarse con un contexto de hipertransparencia, desconfianza y ciudadanía activa, ve mermada la tolerancia ciudadana frente estos casos y su viralización es inminente. Segundo, la importancia de contar con personal competente llevando a cabo estos procedimientos.

Ya decía en líneas anteriores que ahora toma mayor relevancia lo que se hace que lo que se dice porque estamos expuestos a ser refutados al instante gracias a las nuevas tecnologías. Esta alta capacidad de viralización que tienen los contenidos, nos lleva a proteger más que nunca nuestra reputación, entendiendo este concepto como el reconocimiento que hacen los stakeholders del comportamiento de un ente en el tiempo.

Estamos a expensa de una filtración o un oferente indignado que impugne el proceso, para exponernos negativamente en una época donde los titulares tienen la fuerza para acabar con cualquier reputación. Este aspecto abre otras líneas de reflexión como la alfabetización mediática o los juicios mediáticos.

Las compras y contrataciones públicas deben ser abordadas con mayor compromiso, ética y rigurosidad por las instituciones, ya que se han convertido en una fuente importante de riesgos reputacionales en las organizaciones públicas.

Existe una imperiosa necesidad de contar con funcionarios públicos más conscientes de la gestión de riesgos; de que ellos, como parte del gabinete de un gobierno, participan en la construcción de la imagen y reputación del mismo y con ello de su partido. Necesitamos una nueva visión en la administración pública. Sí, esa que entiende la necesidad de su profesionalización, con más hechos que discursos.

Los funcionarios públicos deben ser los más interesados en superar esas brechas que permiten la corrupción a través de las compras y contrataciones públicas ¿por qué? Porque de seguro tienen aspiraciones a futuro, quieren ayudar a su gobierno, su partido desea retener el poder o porque simplemente quieren hacerlo bien acorde con sus valores. Debemos dar paso a una nueva tendencia, la de hacerlo bien; donde la legitimidad social y de hecho se conviertan en los principales objetivos que persiguen gobiernos, funcionarios, partidos políticos, entre otros actores de la sociedad.

Hay autores que incluyen a los proveedores y suplidores del Estado como parte de la gestión pública, al manejar fondos públicos a la hora de ser contratados.

Bajo esta premisa tan amplia, podemos afirmar que la corrupción en las compras y contrataciones públicas, no solo implica una falta y ausencia de valores en los servidores públicos que la practican, sino también de los empresarios que están de acuerdo con pagar un “peaje”, con alterar su presupuesto o con no cumplir con sus obligaciones. Es un problema social, que encuentra su trasfondo en una ausencia de valores que provoca una cultura que se fortalece en el tiempo y que deja a muchos con la lastimosa creencia de que solo así se puede lograr ganar un proceso.

En un live que realizamos hace unas semanas junto a Babaji Cruz, abogado administrativista, experto en contratación pública con más de 13 años de experiencia en derecho público, abordamos el tema “Reputación y Contratación Pública”, y él destacaba que ajustarse al marco normativo es imprescindible porque la administración pública está sujeta a un debido procedimiento que si no se garantiza ocasiona incumplimientos legales y espacios para la corrupción.

Recordó además que la responsabilidad en la gestión pública es individual y de tipo patrimonial, disciplinaria y penal. Por esto, es importante que no solo el funcionario se involucre, sino que todos los colaboradores de la institución se empoderen y estén conscientes que también tienen incidencia en los procedimientos de compras, que ser perito de un proceso es una gran responsabilidad y que el buen accionar depende no solo del área de compras de la institución, sino de que cada involucrado haga su parte y la haga bien.

Una gestión que apuesta a una ejecución ética y transparente de las contrataciones públicas, capacitará a sus colaboradores, asumirá la gestión de riesgos y planificación para cerrar brechas y lograr coherencia entre discurso y comportamiento.

Al evitar exposición negativa por estos temas, no solo custodias tu reputación personal y profesional, sino también la del líder de la institución, la del gobierno que representas y la del país.

Sí, la reputación del país. República Dominicana obtuvo 28 puntos sobre 100 ocupando el lugar 137 en el ranking de 180 países participantes en el estudio Índice de Percepción de la Corrupción 2020 realizado por Transparencia Internacional.

¿Qué mejor campaña y manera de gestionar la reputación que haciendo las cosas bien? Ni ingenuidad ni teoría, este es el reto, el que tenemos en frente y por el que se debe trabajar. Como diría una ex compañera, “la prisa pasa y la chapuza queda”. Piénsalo.