La mano amiga de la Unión Europea en República Dominicana

La Unión Europea se ha constituido en una mano amiga indispensable para la República Dominicana, debido a su trato y colaboración en los distintos sectores del país, donde través de su agenda de cooperación fomenta el fortalecimiento de la economía y los impulsos de elevar un mayor alcance en la búsqueda de un progreso equilibrado, inclusivo y equitativo.

En los últimos seis años, los fondos europeos han destinado 77 millones de euros en cooperación no reembolsable al país. De estos, el 43.9% se ha dedicado al financiamiento de programas enfocados en reformas de la administración pública y en iniciativas de género, un eje transversal a todas las políticas gubernamentales, según datos de la Dirección General de Cooperación Multilateral (Digecoom).

El objetivo de esta cooperación prioriza las mejoras de los procesos institucionales de las entidades públicas y la calidad de los servicios que ofrece el Estado a la población a través de distintos ministerios.

Las acciones de la Unión Europea han logrado impulsar el avance en el fortalecimiento institucional de estos organismos públicos que se reflejan en mejor atención al ciudadano, mayor control de sus ejecutorias presupuestarias y administrativas.

Específicamente, 2.6 millones de euros fueron asignados a la implementación del Programa de Apoyo al Fortalecimiento de la Administración Pública y la Calidad de los Servicios Públicos (PARAP II), en los procesos institucionales internos para alcanzar la eficiencia y la transparencia pública, como son: el Ministerio de Administración Pública (MAP), Ministerio de Interior y Policía (MIP), Instituto Nacional de Migración (INM), Policía Nacional, Procuraduría General de la Republica (PGR), Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y el Ministerio de la Mujer.

Dotar al Gobierno dominicano y a sus instituciones de criterios para una buena gestión que respete el estado de derecho y aplique los principios de igualdad ha sido el norte de la cooperación europea con este tipo de programa, que en la práctica ha tenido frutos palpables.

Se pueden citar la mejora en los procesos de selección de empleados de las distintas oficinas gubernamentales del país y con esto se ha transformado el modelo de servicio de atención ciudadana hacia una estructura más eficaz y transparente impulsada por la delegación europea.

Estas reformas han sido implementadas en legislaciones relativas a las finanzas públicas, a la administración pública, a la Ley General de Salarios y otras normativas pertinentes como la Ley de Carrera Sanitaria.

A partir del 2015, los resultados de las políticas institucionales han reflejado un progreso en función de sus servicios internos y externos, pasando de un 49% a 112% en la escala del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP), según lo constata el informe de cumplimiento del programa PARAP II financiado por Unión Europea.

(Ranking del SISMAP, 2018)

Estas contribuciones, también han sido palpables en los marcos estratégicos del Ministerio de Hacienda, en Compras y Contrataciones Públicas, en la Cámara de Cuentas, en la Dirección de Pensiones y Jubilaciones, el Centro de Capacitación en Políticas Fiscales, la Dirección de Bienes Nacionales, Catastro Nacional, entre otras.

Es evidente que la Unión Europea pone especial atención a la disminución de la corrupción en las entidades públicas, así como a sus procesos, por las trabas que pone la misma al desarrollo humano, a la disminución de la pobreza, al futuro institucional y económico de un país.

El aporte de esta cooperación ha sido un soporte para los mecanismos de control interno del Estado, la rendición de sus informes y para la transparencia, eso se puede palpar en organismos como la Cámara de Cuentas, el órgano fiscalizador de control y auditorías.

La seguridad ciudadana, es otro de los focos de la cooperación europea en República Dominicana. Mediante diversos programas se ha trabajado con el Ministerio de Interior y Policía y la Procuraduría General de la República, entidades que han logrado beneficiarse de la visión de desarrollo de los países europeos.

Desde años anteriores, República Dominicana lucha por una autonomía en los órganos judiciales, que brinde confiablidad a sus procesos, por consiguiente, parte de los fondos dedicados por la UE han ayudado a la implementación de nuevas estrategias en los procesos transparencia legal y manejo del mismo.

Los logros de la cooperación en el fortalecimiento institucional de los organismos de control de la corrupción administrativa se pueden visualizar en las nuevas formas de enfrentar los procesos de corrupción administrativa que se llevan a cabo en la actualidad.

Este acompañamiento de los programas que implementa la EU ha cimentado nuevas políticas del sistema de justicia contra la criminalidad, contribuyendo a una fase muy importante en el marco judicial y la gestión pública.

La persistente entrega de la delegación de la UE ha dejado rastros en los sistemas de seguridad social, tal es el caso del modelo penitenciario de nuestro país, participando en el nuevo estándar de gestión penitenciaria de los privados de libertad, en el cual se tienen en cuenta sus derechos ciudadanos fundamentales, a pesar de que estén en conflicto con la ley y la justicia penal.

Ha contribuido, además, al establecimiento de la Defensoría del Pueblo, la implementación del Código Procesal Penal, la capacitación de fiscales en la Escuela Nacional del Ministerio Público y de jueces en la Escuela Nacional de la Judicatura, así lo muestra el informe de Huella Digital de la Cooperación Europea en la Republica Dominicana.

En el tema de la equidad de género, sus aportes han impactado en la mejora de la estrategias para enfrentar la violencia intrafamiliar y de género, impulsando la creación de las unidades de igualdad de género en los ministerios, en la formación de fiscales y policías y en la definición de estrategia de apoyo al combate de la violencia. Igual, ha promovido la creación y desarrollo de la Unidad Policial Especializada de Atención a Mujeres víctimas de violencia.

Algunos puntos luminosos

Para el 2018, 24 entidades nuevas del gobierno central autónomas y descentralizadas, entregaron sus nóminas al Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP), alcanzando con ello el 96% de la meta establecida, un logro importante porque a través de este programa apoyado por la UE, se promueve la trasparencia de las distintas gestiones.

(Gráfico de nominas entregadas al SASP, informe de cumplimiento de PARAII )

37 nuevas instituciones públicas del Gobierno central e instituciones autónomas y descentralizas, sumadas las instituciones que ya realizan de manera regular su autoevaluación, alcanzando un total de 170 entidades, finalizaron la autoevaluación bajo el modelo del Marco Común de Evaluación (CAF), cumpliendo así, uno de los objetivos estratégicos de la Administración Pública, para propiciar efectividad, calidad y eficiencia en los servidores del Estado.

(Indicador de Autoevaluación del la CAF, informe del PARAP II)