Empleados cancelados acuden a Contraloría en busca de certificación
Cientos de empleados públicos desvinculados de sus puestos acuden cada día a la Contraloría General de la República para solicitar una certificación por años en servicio que les sirva para canalizar sus prestaciones laborales ante las entidades correspondientes.
Desde tempranas horas de la mañana, las filas se extienden por los alrededores de la institución, ya que por el protocolo sanitario no se pueden aglomerar en el departamento correspondiente por la falta de espacio. Personal de seguridad de la Contraloría, organizan en filas a los solicitantes y lo van pasando poco a poco al departamento de Certificaciones que se encuentra en el cuarto nivel del edificio.
Según personas consultadas en el lugar, los empleados que han sido desvinculados de sus puestos de trabajo por los cambios en la administración pública vienen de todas las provincias del país.
“Ayer habían más de dos mil personas aquí, si usted quiere venga mañana temprano para que vea”, explicó un empleado de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (Digecog) que no quiso ser identificado.
Agregó de manera especulativa que las cancelaciones en el sector público sobrepasan las 50,000 y que por eso se ve tanta gente buscando certificaciones. “Vienen tempranito gente de todas las provincias y usted los ve ahí, en esa fila que le da la vuelta al edificio”, aseguró.
Estadísticas Según estadísticas ofrecidas a Listín Diario por la Dirección de Comunicaciones de la Contraloría, del 5 al 29 de enero unas 4,685 personas han acudido a la institución para solicitar certificaciones, la mayoría de estas por años de servicios en el sector público. Estas certificaciones tardan cerca de una semana en ser entregadas.
Cada día, de acuerdo a los datos ofrecidos, asisten en promedio cerca unas 275 personas a solicitar certificaciones, siendo el martes 19 el día con mayor registro con 504 personas.
Igual que en la Controlaría sucede en el Ministerio de la Administración Pública (MAP), a donde asisten cientos de servidores públicos cancelados en busca del cálculo de sus prestaciones laborales.