Economia & Negocios

Investigadores desnudan inequidad en sistema de SS

Patria Reyes RodríguezSanto Domingo, RD

Los economistas e investi­gadores Airón Fernández y Matías Bosch mostraron las inequidades que pre­senta el sistema dominica­no de la Seguridad Social insistiendo en la necesidad de una reforma estructural sustitutiva que cambie de raíz el modelo que se aplica actualmente.

Al presentar los resulta­dos de su investigación so­bre el sistema de seguridad social que se aplica en el país y que están contenidos en una nueva edición del li­bro “Del Negocio Seguro a la Seguridad Social”. Ai­rón Fernández Gil y Matías Bosch Carcuro, explicaron que este modelo ha sido pensado más para el be­neficio de los grandes gru­pos de poder económico en detrimento del derecho constitucional de la pobla­ción a la protección social.

Virtual

En una rueda de prensa virtual para presentar los hallazgos más relevantes del estudio, los investi­gadores de la Fundación Juan Bosch destacaron que, a pesar de que, fruto de la pandemia, al sistema Dominicano de la Seguri­dad (SDSS) han dejado de cotizar 313,933 trabaja­dores de 9,082 empresas, las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) privadas y las Administra­doras de Fondos de Pen­siones (AFP) han logrado grandes ganancias mien­tras a la población se les niega el derecho a un efi­ciente servicio de salud y a pensiones dignas que ga­ranticen la vejez. Afirma­ron que, contando hasta marzo de este año, las Ad­ministradoras de Riesgos de Salud (ARS) privadas han logrado ganancias por RD$14,897 millones y las Asociaciones de Fon­dos de Pensiones (AFP) entre enero y septiembre 2020 han acumulado ga­nancias por RD$3,400 mi­llones, cifras superiores a las obtenidas en igual pe­ríodo en los años 2016, 2017 y 2018, con ga­nancias acumuladas por RD$43,168 millones des­de el 2004

SEPA MÁS

Modelo de la seguridad social

Injusticias

Los investigadores ex­plicaron que, durante la pandemia, las injusticias del modelo de Seguri­dad Social que actual­mente impera en el país ha quedado más devela­da, ya que el Estado ha tenido que financiar las coberturas no considera­das por el COVID-19.

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