La actual situación requiere de un rediseño de los impuestos y que se reduzcan las exenciones
Ahora más que nunca se requiere una reforma tributaria integral
La caída de las recaudaciones en República Dominicana debido al impacto económico de la pandemia Covid-19 obligará al Gobierno a reformar sus políticas fiscales para incrementar sus ingresos y reducir sus gastos.
Esas reformas deben estar orientadas a lograr una mayor eficiencia del gasto público, lo cual se puede lograr, por ejemplo, reduciendo las pérdidas del sector eléctrico y eliminando exoneraciones de impuestos.
El planteamiento lo hacen los expertos Joaquín Zentner y Fanny Vargas en un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre los retos y oportunidades que tiene el país post Covid-19.
Los expertos indican que estas medidas podrían dar espacio fiscal para la implementación de paquetes de medidas dirigidas a mantener el empleo y aumentar la productividad de los trabajadores.
“La actual situación requiere una reforma tributaria integral que amplíe la base imponible mediante el rediseño de los impuestos y la reducción de exenciones, tomando en cuenta criterios de eficiencia, equidad y progresividad”, planten los autores.
Esa reforma, agregan, debería implementar modificaciones al Impuesto sobre Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) y la eliminación de muchas exenciones, exceptuando las de servicios de salud y de educación, de intermediación financiera, alquileres de vivienda y combustibles.
Los expertos consideran que en una reforma tributaria integral será necesario reformar y simplificar los impuestos directos para reducir la evasión, al tiempo que se profundizan los esfuerzos de fortalecimiento institucional de la administración tributaria y aduanera.
“Los incentivos sectoriales, de zonas francas y para inversionistas pueden reformarse para mayor efectividad y focalización, privilegiando esquemas más eficientes que las exoneraciones de impuestos. Estas medidas crearán espacio fiscal para implementar políticas de desarrollo productivo y de disminución de la desigualdad y la pobreza”, proponen.
Ley de responsabilidad y transparencia fiscal
Los autores destacan que la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal y la implementación de un marco fiscal de mediano plazo apoyarían los objetivos de sostenibilidad fiscal.
“La ley fijaría los objetivos a mediano plazo del gobierno, guiaría las políticas actuales hacia un nivel de la deuda de referencia mediante una regla operativa, y eliminaría la incertidumbre en lo que se concreta el Pacto Fiscal, lo que contribuirá a la reducción de los riesgos fiscales y los costos de financiamiento”, explican.