Personas se quejan porque una ayuda estatal le tumbó la otra

Antes de que iniciará este periodo de emergencia, Sócrates Peralta (nombre ficticio), recibía la ayuda que ofrece el Gobierno a través de la Tarjeta Solidaridad. Con estos recursos y con su salario se las ingeniaba para suplir las necesidades básicas de su familia.

Al llegar el periodo de emergencia por el COVID-19 y su empresa insertarlo en el programa FASE (Fondo de Asistencia Solidaria para el Empleado), Sócrates perdió los beneficios que recibía por Solidaridad, lo que le ha creado una situación de mayor precariedad a la que vivía con su familia antes de la crisis.

“Yo tengo cuatro niños, tres pequeños y ya usted sabe cómo estamos viviendo en estos momentos y yo no veo motivo para que me hayan tumbado la tarjeta y yo quisiera una explicación” dice mientras reseña que si situación es muy difícil, ya no puede contar con su salario como antes ni con la ayuda de la Tarjeta Solidaridad.

La asistencia ofrecida por el Gobierno a través de sus programas Quédate en Casa, FASE I y II y Pa’Ti, han sido el auxilio para trabajadores formales suspendidos, informales, madres solteras, profesionales independientes y muchas familias de escasos recursos, profundamente afectados por la crisis sanitaria y económica.

Randy Reyes es otro trabajador que no pudo recibir la ayuda del programa FASE porque aunque es casado y tiene dos hijas aparecía en el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben) como dependiente de su madre, la cual goza de la ayuda del programa Progresando con Solidaridad y la integraron automáticamente al Quédate en Casa.

“Eso impidió que pudiera recibir los RD$8,500 de FASE y tuve que conformarme con el 30%de mi salario. Ha sido algo muy difícil, pero he sobrevivido hasta donde he podido, ya gracias a Dios la compañía abrió y fui de los cinco primeros en ser llamado a reincorporarme al trabajo”, explica aliviado Randy, quien trabaja en una empresa que se dedica a la instalación de puertas y ventanas importadas.

De 1,088,055 trabajadores afectados por 106,481 solicitudes de suspensión de contrato de trabajo, unos 167,100 fueron rechazados para recibir la ayuda del Gobierno mediante el programa FASE, lo que ha hecho más difícil a estos trabajadores garantizar a sus familias sus necesidades básicas.