No metamos la mano en los bolsillos y en las pensiones

El proyecto de ley presentado en el congreso que permitiría a los trabajadores cotizantes de las AFP (tra­bajadores que actualmen­te “cotizan”, o ahorran men­sualmente, para constituir sus pensiones hacia su retiro en el futuro) retirar el 30% de sus ahorros acumulados en las diferentes AFP que conforman el Sistema Nacio­nal de Pensiones, es un ver­dadero espejismo que escon­de un conjunto de imágenes erróneas y efectos negativos. Empecemos por desmitificar a las AFP como los “mons­truos” que se ha pretendi­do presentar. Las AFP no son dueñas de esos recursos, son ADMINISTADORAS, LOS RECURSOS SON PROPIE­DAD EXCLUSIVA DE LOS TRABAJADORES Y EM­PLEADOS “COTIZANTES”, NO ESTAMOS QUITANDO­LE DINERO A ESE “GRAN NEGOCIO” QUE SE PIEN­SA SON LAS AFP: ESTAMOS JUGANDO CON EL DINERO Y LAS PENSIONES DE LOS TRABAJADORES COTIZAN­TES. A la AFP le corresponde ser celosas con esos depósi­tos, invirtiéndolos de mane­ra segura, para proteger a los trabajadores. Para ello exis­te una ley que limita seve­ramente las áreas donde se pueden invertir el dinero de­positado bajo administración. Esos recursos, y los intereses que generan, son la base de la pensión futura del trabajador; Cualquier reducción en los de­pósitos individuales de cada trabajador, reduce su pensión futura, es dinero del trabaja­dor.

Analicemos la realidad de los efectos de la ley. Primero, sería METER LA MANO EN EL BOLSILLO DEL TRABA­JADOR COTIZANTE AHO­RA, VERSUS UNA PRONUN­CIADA REDUCCIÓN DE LOS MONTOS QUE ESOS TRABA­JADORES COBRARÍAN CO­MO FUTUROS PENSIONIS­TAS, para garantizar su retiro en la vejez. Segundo, ocasio­naría graves perjuicios a la es­tructura económica del Sis­tema Nacional de Pensiones; Tercero, todo ello para no ob­tener el supuesto objetivo del legislador de ayudar a los coti­zantes del sistema a sobrepa­sar las penurias económicas que les ha causado la crisis del Covid-19, situación de la cual no son responsables ni los coti­zantes ni sus patronos emplea­dores; Finalmente, y cuarto, la ejecución de esta ley crea­ría graves desequilibrios ma­croeconómicos, afectando significativamente al Banco Central y las finanzas públicas responsabilidad del Ministerio de Hacienda.

El Espejismo de este pro­yecto de ley esconde un absur­do moral detrás de una idea que parece sencilla y justa: Si en la cuenta del trabajador en la AFP tiene ya ahorrados una suma determinada, digamos RD$ 140,000.00 (El prome­dio actual), 1 parecería lógico que debe tener el derecho a que le “devuelvan” digamos RD$ 30,000.00, para utili­zarlos en este momento tan difícil. Parece claro, justo y fácil. Ahora bien, ¿tiene sen­tido para un empleado o un trabajador (el “cotizante”) que se le facilite reducir con­siderablemente sus ahorros destinados a garantizar su futuro y el de su familia, para cubrir una necesidad inme­diata de la cual ese emplea­do o trabajador no es respon­sable? EN REALIDAD, SE LE ESTÁ QUITANDO SU DINE­RO, AUNQUE EL TRABA­JADOR COTIZANTE NO SE DE CUENTA DE INMEDIA­TO, EL RESULTADO AL FI­NAL ES QUE A DICHO TRA­BAJADOR SE LE REDUCIRÁ CONSIDERABLEMENTE SU PENSIÓN, PERJUDICANDO SU AHORRO Y SU FUTURO EN FAVOR DEL CONSUMO IMEDIATO.

La propuesta del proyecto de ley equivale a que el tra­bajador haga un intercam­bio, utilizando su propio di­nero, que solo favorece al Estado, evitándole al Gobier­no un gasto social que real­mente le corresponde como una obligación a favor de los vulnerables. Con la apli­cación del proyecto de ley NO ESTAMOS AYUDANDO AL TRABAJADOR, SE LE ESTÁ OBLIGANDO A PER­JUDICAR SUS AHORROS, PARA RESOLVER UN PRO­BLEMA INMEDIATO DEL CUAL NO ES NI SIQUIERA RESPONSABLE. Menudo fa­vor que le estamos haciendo: lo que realmente correspon­de es que el Estado le preste la ayuda económica y social que requiere para enfrentar la pandemia, SIN NECESI­DAD DE QUE APELE A SUS AHORROS QUE TIENE DES­TINADO PARA EL FUTURO DE ÉL Y SU FAMILIA.

Además, el efecto sobre la estructura del Sistema Nacio­nal de Pensiones sería muy perjudicial. Las AFP (78% del total de los Fondos de Pensión existentes en el País) tenían al final del 2019 bajo administra­ción RD$ 556,201,110,121. La aplicación del proyecto de ley del 30%, implica una re­ducción de los aportes men­suales de aproximadamen­te RD$166,860,333,036.00, monto muy considerable que retrasaría el crecimiento de una herramienta social indis­pensable en cualquier socie­dad civilizada. De hecho, el Sistema de Pensiones requiere una reforma para garantizar todo lo contrario: Un gran au­mento en cotizaciones, ciertos cambios en los mecanismos de inversión para que los depósi­tos generen mayores intereses y réditos en favor de los traba­jadores, para que puedan acu­mular un mayor nivel de aho­rros y contar con pensiones más altas que le permitan un retiro digno compatible con la situación económica cuando lleguen a su vejez.

Peor aún, el proyecto de ley no cumpliría tampoco con el objetivo del legislador. El 72% de los cotizantes al Sistema de Pensiones (1,394,304 perso­nas) recibe entre 2 uno y dos salarios mínimos mensua­les (entre RD$ 13,482 hasta 26,964), y el promedio acu­mulado por cuenta individual de pensiones era de aproxi­madamente RD$ 145,000 en Diciembre del 2019. Con esas cifras (Boletines de la Super­intendencia de Valores), la de­volución de sus ahorros de un 30% significa que cada traba­jador cotizante recibiría, co­mo mucho, cerca de UN MES de salario, resultando en una drástica reducción de su pen­sión futura. ¿Tiene sentido devolver entre RD$ 20,000 a RD$ 30,000 por persona, de los ahorros de los trabajado­res, reduciendo su pensión PARA EL RESTO DE SU VI­DA posiblemente en alrede­dor del mismo porcentaje, a unos RD$ 16,000, de los RD$ 20,968 que actualmente espe­ran recibir?

Finalmente, el efecto per­judicial sería también con­tra el Sector Público, porque el grueso (entre un 80 y un 90% dependiendo de la ins­titución específica) de los de­pósitos de los trabajadores en las AFP han sido invertido en títulos y bonos del Banco Central y del Ministerio de Hacienda, por lo cual se re­quiere de una liquidación temprana de esos bonos y valores para cumplir con el Proyecto de Ley del 30%. Esto constituiría un golpe brutal contra las finanzas públicas, precisamente en un momento en que el pa­rón económico causado por la pandemia ha restringido enormemente la capacidad financiera del gobierno, ya que han caído estrepitosa­mente las recaudaciones, y al mismo tiempo han au­mentado los gastos que tie­ne que utilizar para subsi­diar las ayudas sociales, los alimentos, y la de sa­lud pública, todos los cua­les que se han incremen­tado considerablemente con la crisis del COVID 19, con el consecuente debili­tamiento de la estabilidad macroeconómica.