Finanzas

Vocero del PRSC en Cámara de Diputados: “Lo prioritario para nosotros es la segunda lectura para las AFP”

Redacción Economía & NegociosSanto Domingo

El vocero de la bancada del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) en la Cámara de Diputados, Máximo Castro Silverio, dijo que la prioridad para los legisladores que pertenecen a esta organización política es la aprobación en segunda lectura de la entrega del 30% de fondos de las AFP a los trabajadores.

Castro Silverio comentó que esto será “innegociable” y que este tema está en primer lugar en la agenda legislativa, ya que este proyecto de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) tiene que “ser prioritario” para República Dominicana por la necesidad que están viviendo los trabajadores dominicanos en este momento.

“Hay que aprobarlo porque el país lo está esperando. Son cuatro millones de dominicanos que están esperando ese proyecto”, expresó el legislador por Santiago de los Caballeros.

El diputado aclaró, al ser abordado por la prensa, que no hubo un consenso para aprobar el 30% de las AFP por el presupuesto complementario.

“El presupuesto es una pieza que trae los recursos de la Junta Central Electoral y los partidos políticos. Eso sí amerita un consenso”, manifestó.

Detalles

El proyecto de ley que busca el acceso al 30% de los fondos de pensiones que tienen acumulados los trabajadores para amortiguar el golpe económico de la pandemia de COVID-19 fue aprobado en primera lectura por la cámara baja. Este indica que la entrega de los fondos se efectuaría en un plazo de diez días de presentada la solicitud en donde el afiliado deberá indicar el número de cuenta bancaria para el depósito.

Sin embargo, el proyecto detalla que las personas que deseen acogerse a la ley deberán solicitar los fondos en un plazo máximo de 30 días de concluido el estado de emergencia por la pandemia del coronavirus.

El artículo 5 del proyecto de ley señala que el 30% de los fondos acumulados en las AFP constituyen un fondo de garantía para los afiliados en los estados de emergencia que no puede ser utilizado bajo ninguna circunstancia por las instituciones financieras.