En casi dos meses en estado de emergencia se han realizado 111 licitaciones

República Dominicana se aproxima a los dos meses en estado de emergencia a causa de la devastadora pandemia Covid-19 que cada día avanza indetenible en el país.

Durante ese período, que comenzó el 19 de marzo, las instituciones públicas autorizadas han comprado y contratado gran cantidad de bienes y servicios para atender las necesidades de la población durante esta etapa de crisis.

Hasta el lunes 11 de mayo esas entidades habían efectuado 111 requerimientos por un monto superior a los $14,399 millones de pesos, según los registros de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

El 28.21% de los procesos los había efectuado Promese/cal, el 24.28% Salud Pública, el 21.03% el Servicio Nacional de Salud y 19.34% el Plan de Asistencia Social de la Presidencia. En conjunto estas cuatro instituciones han realizado más del 92% de las convocatorias.

Hasta ahora sólo nueve instituciones están autorizadas a realizar compras y contrataciones de emergencia.

Estas son el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social; el Servicio Nacional de Salud; el Programa de Medicamentos Esenciales/Central de Apoyo Logístico (PROMESE/CAL); los ministerios de Defensa y Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC); la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE); el Plan de Asistencia Social de la Presidencia; los Comedores Económicos del Estado y el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI). Varias de ellas se han visto envueltas en escándalos ante denuncias de irregularidades en las licitaciones que han realizado.

La primera fue el Servicio Nacional de Salud, cuyo escándalo estalló el 03 de abril cuando su director, Chanel Rosa Chupany, fue cuestionado sobre el tema por el periodista Juan Bolívar Díaz en el programa Uno + Uno.

Tres días después de esa entrevista Chanel Rosa Chupany envió un comunicado a los medios de comunicación solicitando que se realice una investigación para se verifique sin en la institución que él representa ha habido alteraciones en los procesos de compras.

Ese mismo día, el seis de abril, el ministro de la Presidencia y coordinador de la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y el Control del Coronavirus, Gustavo Montalvo, reaccionó ante la situación.

En esa alocución Montalvo indicó que muchas de las adjudicaciones realizadas hasta ese momento habían sido canceladas por incumplimiento, debido a que los insumos no fueron entregados en la fecha establecida en los contratos.

Dijo que del Servicio Nacional de Salud (SNS) fueron anulados bienes contratados por un valor de $2,725 millones de pesos.

Además, anunció la creación de una comisión de veeduría ciudadana para dar seguimiento y monitorear las compras y contrataciones de emergencia.

Pero al día siguiente el asunto se calentó aún más cuando el empresario Pablo Cabrera denunció en el programa Esta Noche Mariasela irregularidades en un proceso de licitación del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI).

El escándalo causado por esta denuncia encendió las alamas en el Gobierno y al otro día el presidente Danilo Medina destituyó, mediante el Decreto 146-20, a siete funcionarios de la institución y la directora, Berlinesa Franco, renunció.

Seis días después de esto Montalvo anunció una serie de medidas para democratizar y transparentar los procesos de compras y contrataciones.

Desde entonces la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) envía diariamente un boletín en el que se pueden ver los detalles de los procesos activos. Además, la comisión de veeduría, la cual contrató a dos técnicos, uno local y un extranjero, pronto presentará su primer informe sobre los procesos realizados hasta el 30 de abril.

Sin embargo, aún después de todas estas medidas continúan las denuncias por irregularidades en las compras y contrataciones de emergencia, pues la semana pasada la periodista Nuria Piera publicó una investigación en la que presentó una serie de anomalías en una licitación realizada por el Ministerio de Defensa para la compra de termómetros.

Esto provocó que el Ministerio cancelara el proceso alegando que el mismo presentaba debilidades administrativas.

Como se ha visto, al escudriñar los procedimientos se han encontrado diversas irregularidades, como la adjudicación de un contrato a una empresa de construcción para proveer equipos médicos; contratos que terminaban con montos muy por encima del publicado inicialmente, que una misma compañía tenía varias adjudicaciones, precios desproporcionados de algunos artículos, entre otras.

Solo queda esperar qué dicen el informe de la comisión de veeduría, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, pues esta semana el Partido Revolucionario Moderno (PRM) solicitó a este organismo que investigue una empresa a la cual se le han adjudicado varios contratos durante este período de emergencia.