Unos sí y otros no con la pronta reapertura de la economía

El sector de la construc­ción, agrupado en las siete asociaciones más grandes de República Dominica­na, la Asociación de Indus­trias (AIRD) y una facción de las agrupaciones sindi­cales están de acuerdo con las medidas de control sa­nitario para contener el impacto del brote del co­ronavirus COVID-19 en el país, pero coinciden en la necesidad de que se per­mita la operación de em­presas que garanticen la reactivación económica, dando prioridad a las ac­tividades productivas de bajo riesgo.

En tanto, la Iglesia Ca­tólica y una facción de los sindicatos apoyan que se mantenga el confina­miento por más tiempo. La Iglesia Católica prepa­ra un protocolo para cuan­do llegue el momento de abrir los templos y las au­toridades pongan fin a las medidas extraordinarias, que prohíben la aglomera­ción de personas, con me­didas de “disciplina y con­trol” que aún no han sido descritas por las autorida­des eclesiales, quienes han pedido al Gobierno esta­blecer una estrategia, tam­bién, disciplinada y con­trolada para la apertura progresiva del comercio, fortalecer la vigilancia en los barrios y continuar con la implementación cre­ciente de las pruebas pa­ra detectar el coronavirus COVID-19.

Piden reanudar obras

Los constructores hicie­ron el reclamo mediante un comunicado que re­úne la posición de siete grandes asociaciones co­mo son la Cámara Domi­nicana de la Construcción (Cadocon); el Instituto Dominicano del Concre­to (Indocon); las asocia­ciones de Constructores y Promotores de Vivienda (Acoprovi); la de Cons­tructores de Vivienda del Cibao (Acoprovici); la Dominicana de Ferrete­ros (Asodefe), Dominica­na del Acero (Adoacero); Dominicana de Cemen­tos Portland (Adocem), y la Asociación Nacional de Contratistas de Obras Ci­viles (Ancoci), en el que ponen de ejemplo las me­didas que ejecutan países afectados por la pandemia, como Puerto Rico y Colom­bia.

En República Domini­cana se aplica un confina­miento desde marzo que mantiene paralizado total­mente al sector de la cons­trucción, el cual moviliza 400,000 empleos directos y miles indirectos, cuando según dicen la actividad se ha estado desarrollando en la mayoría de los países de América Latina como Chi­le, Guatemala, Colombia y Puerto Rico y en otros de Europa y Estados Unidos. En esos países, dicen, los gobiernos han permitido que la construcción de vi­viendas y obras de infraes­tructuras sigan su curso, lo cual ha sido avalado por un estudio preparado por el Instituto McKinsey de Es­tados Unidos que clasifica la construcción dentro del grupo de sectores con me­nor riesgo de transmisión y mayor relevancia econó­mica, junto con la agrope­cuaria, la industria manu­facturera, y la minería no metálica, entre otros.

Sindicatos difieren

La decisión del Gobierno de postergar la reapertura de las actividades económicas provoca reacciones opuestas en el sector sindical. El pre­sidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindi­cal (CNUS), Rafael –Pepe– Abreu, reiteró su postura de iniciar una apertura gradual y ordenada de las activida­des económicas, pero otros estiman peligroso tomar de­cisiones precipitadas y, por tanto, se deben extender las medidas 15 días más.

“Yo prefiero una apertu­ra ordenada y guiada por las autoridades que impues­ta por la desesperación de la gente”, sentenció el pre­sidente del CNUS y agregó que si existiese garantía de que las personas fueran a recibir durante su confina­miento ingresos suficientes para satisfacer sus necesida­des perentorias toda la po­blación apoyara la extensión de la cuarentena.Con una postura diferente y de apoyo a la decisión del Gobierno reaccionó el presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominica­nos (CNTD), Jacobo Ramos, quien consideró que aún no es tiempo de levantar las restricciones económicas y que sería muy peligroso to­mar decisiones precipitadas que provoque un rebrote del virus.

“Hemos visto que lo que dicen las autoridades es que cada día hay más casos, que la pandemia está aumentan­do y eso significa que la eco­nomía no está preparada pa­ra reabrirse, creo que lo más importante es preservar vi­das y la salud del pueblo do­minicano y si tenemos que estar 15 días más confina­dos en las casas hagamos un sacrificio porque la salud es­tá por encima de todo”, des­tacó Ramos.

Propuesta Álvarez Renta

El sector empresarial cali­ficó positivo el protocolo planteado por el economis­ta Luis Álvarez Renta pa­ra la reapertura de las acti­vidades productivas, luego de la cuarentena decreta­da por el Gobierno. La vice­presidenta de la Asociación de Industrias (AIRD), Circe Almánzar, consideró que lo expuesto por el experto eco­nomista en su artículo “Re­apertura después del virus”, coincide con lo que ha esta­do planteando el sector em­presarial sobre la importan­cia de establecer protocolos que permitan iniciar una apertura gradual y segura de la actividad económica.

El presidente de la Aso­ciación de Empresas Indus­triales de Herrera (AEIH), Leonel Castellanos, tam­bién destacó que el proce­so de reapertura no debe aplazarse más y que debe ser condicionada al cumpli­miento de un protocolo mí­nimo de trabajo.

Posición del Codue

El presidente del Conse­jo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE), pas­tor Feliciano Lancen, afirmó que están de acuedo con la eapertura gradual de la eco­nomía, pero creen prudente la cuarentena a fin de evitar contagios del coronavirus.

Lancen destacó el respaldo que dan las iglesias evangé­licas a las autoridades del Ministerio de Salud Pública, y ponderó la decisión del Po­der Ejecutivo en mantener el estado de emrgencia y el protocolo para contener el virus en el país.

Colaboraron en esta historia Cándida Acosta, Patria Reyes y Alicia Estévez

SEPA MÁS Medidas de la iglesia Ante el COVID-19. La Iglesia Católica co­menzó la celebración de Eucaristías sin feligre­ses y la suspensión de las actividades que impli­quen aglomeración de personas, lo que, según informó la Conferencia del Episcopado Domini­cano, le fue reconocido por el presidente Danilo Medina.

Protocolo. La iglesia propuso que, de iniciar la actividad comercial, se realice con la firma de un protoco­lo entre el Gobierno y las empresas y considerar la extensión del estado de emergencia.