Finanzas

SEGÚN GOBERNADOR DEL BANCO CENTRAL

BC: Si se libera el 30% de las AFP RD entraría en crisis económica como la del 2003

Redacción DigitalSanto Domingo, RD

El gobernador del Banco Central y presidente de la Junta Monetaria, Héctor Valdez Albizu, expresó su oposición a la modifica­ción de la Ley 87-01 que crea el Sistema Domini­cano de Seguridad Social (SDSS), que permitiría a los afiliados a las Admi­nistradoras de Fondos de Pensiones (AFP) el retiro de hasta un 30% de sus ahorros, “por las conse­cuencias negativas y per­versas sobre los sectores más vulnerables de la so­ciedad, la estabilidad y el crecimiento económico”.

En un artículo, Valdez Albizu consideró desafor­tunada e improceden­te esta propuesta legis­lativa, puesto que habría que disponer de más de RD$173,000 millones pa­ra devolver en efectivo a los afiliados, lo que impli­caría un aumento despro­porcionado de la emisión monetaria de más de un 64% respecto al nivel ac­tual.

Traería inflación Alertó que esta situa­ción generaría un exce­so de demanda de bie­nes y servicios que, en la coyuntura actual, con una producción ralentiza­da, provocaría altos nive­les de inflación que redu­cirían el poder adquisitivo de las personas, deterio­rando el valor de sus ingre­sos y ahorros, y por ende su capacidad de consumo, lo que afectaría de manera más perniciosa a los hoga­res vulnerables y de meno­res ingresos e incrementa­ría los niveles de pobreza.

“Estaríamos como nación propiciando convertir una crisis sanitaria de carác­ter transitorio en una crisis económica y financiera más permanente que requeri­ría años revertir”, sentenció Valdez Albizu.

El gobernador añadió que dicho proceso inflacio­nario y de mayor incerti­dumbre en los agentes eco­nómicos se traspasaría al mercado de divisas a través de un exceso de demanda de moneda extranjera, oca­sionando una depreciación desproporcionada del tipo de cambio, generaría fuga de capitales y frenaría la in­versión extranjera directa.

Consideró que el único resultado de esa propues­ta sería “un retroceso a un escenario de crisis similar al de 2003, que generó un costo para el país en tor­no a un 20% del produc­to interno bruto”. Señaló que de obtenerse la liqui­dez a través de una recom­pra de títulos por parte del Ministerio de Hacienda, se desviarían cuantiosos recursos que el gobierno necesita destinar a la asis­tencia de los sectores más afectados por las medidas

para disminuir la propaga­ción del COVID-19.

Indicó además que per­mitir el retiro anticipado de los ahorros de los fondos de pensiones afectaría a los propios trabajadores, quie­nes al final verían disminui­das sus pensiones en torno a un 25% o tendrían que ex­tender su edad de retiro en­tre 2 y 4 años, para alcanzar el mismo nivel de pensión que hubieran obtenido en caso de no haber retirado anticipadamente los recur­sos acumulados.

Sin fundamento Valdez Albizu también consideró sin fundamen­to la alternativa de que el Banco Central sea garante de un fondo especial con cargo al cual las entidades de intermediación finan­ciera entregarían a los tra­bajadores el equivalente de hasta el 25% del saldo acumulado en sus cuentas de capitalización indivi­dual, ya que entra en con­tradicción directa con las disposiciones de la Cons­titución de la República y de la Ley Monetaria y Fi­nanciera No. 183-02.

Al respecto, recordó que el Banco Central es un ór­gano con autonomía cons­titucional y como tal debe actuar con sometimiento pleno al ordenamiento jurí­

dico del Estado y que el Ar­tículo 15 de la Ley Mone­taria y Financiera prohíbe al Banco Central otorgar fi­nanciamientos que conlle­ven algún tipo de subsidio, ni tampoco garantizar obli­gaciones de otros, ni dar aval, ni garantía personal, ni asumir obligaciones de terceros.

En su documento, el go­bernador Valdez Albizu se­ñaló que el gobierno do­minicano ha realizado un esfuerzo fiscal extraordina­rio, implementando medi­das concretas y focalizadas dirigidas a auxiliar a las fa­milias con menores recur­sos económicos y en apoyo a las empresas y sus em­pleados.

Reiteró que el Banco Central y la Junta Mone­taria han dado facilidades monetarias y financieras por más de RD$100,000 millones y US$622.4 millo­nes para proveer liquidez a las entidades de interme­diación financiera y contri­buir con la dinamización del crédito al sector produc­tivo nacional y a los secto­res que demandan mone­da extranjera. Igualmente, informó que ha colocado más de US$1,600 millones a través de la Plataforma Electrónica de Divisas para contribuir a la estabilidad del mercado cambiario.

Valdez Albizu destacó la aprobación reciente por parte del Fondo Moneta­rio Internacional (FMI) de US$650 millones, equiva­lente al 100% de la cuota del país ante dicho organis­mo, como asistencia finan­ciera de emergencia para atender necesidades de la balanza de pagos deriva­das de la pandemia del CO­VID-19.

+64% Subiría la emisión monetaria Valdez Albizu consideró desafortunada e improcedente la propuesta legislativa, porque habría que disponer de más de RD$173,000 millones para devolver en efectivo a los afiliados, lo que implicaría un aumento desproporcionado de la emisión monetaria de más de un 64% respecto al nivel actual.

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