Académica plantea bajar los altos sueldos en el Gobierno

El Gobierno tendrá que reorientar el presupuesto hacia las actividades y obras prioritarias para la supervivencia, como son alimentación y salud, diafanizar las compras de esta catástrofe sanitaria, hacer un recorte temporal de los salarios muy altos de algunos de sus funcionarios y solicitar a sus acreedores una moratoria de la deuda.

Así opina de la académica Diana Contreras, ex directora de la Escuela de Idiomas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y vicerrectora de Extensión UASD, 2009/2020.

Cuando la curva disminuya “y se vuelva recta y volvamos a la vida activa muchos estarán desempleados, la actividad turística, y las remesas habrán decrecido sustancialmente”, por lo que el Gobierno tendrá que priorizar la búsqueda de una salida al desempleo, al sector informal, al año escolar, apoyar los programas agrícolas para garantizar la soberanía alimentaria.

La académica, máster en Economía Aplicada, fue condecorada Caballero de Palmas, por el Estado francés, y aspira a diputada por el Distrito Nacional, circunscripción1, mediante una alianza de varios partidos políticos, encabezados por el PRM, entiende que el Gobierno deberá, para evitar estallidos sociales, tomar las iniciativas asumidas por los jefes de Estado del Salvador y Argentina que han contribuido a paliar los efectos económicos de la pandemia.

El primer deber del Estado dominicano es garantizar la vida y la salud de sus ciudadanos, y la razón por la que haya asumido el costo de tener la población en su casa volcando su poder a encarar la crisis sanitaria. No obstante, considera que el dilema del confinamiento parcial o absoluto puede provocar manifestaciones sociales que conduzcan a saqueos.

A pesar de que el Estado ha visto decrecer sustancialmente sus recaudaciones ha tenido que ampliar en monto y cobertura los programas sociales, pero este esfuerzo deja sin ningún apoyo a miles de familias, la mayoría de las cuales vive del sector informal o de algún sector empleador que no ha sido incluido en el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE), mediante el cual el Gobierno cubrirá parte del salario de los empleados suspendidos temporalmente.