Cerca de 20,000 trabajadores son suspendidos por día en el país en medio de crisis por COVID-19

Al cierre de la tarde de ayer, el Ministerio de Trabajo registraba unas 15,932 solicitudes de suspensión de contratos de trabajo, las cuales afectan a un total de 199,819 trabajadores de distintas empresas del territorio nacional.

El dato fue ofrecido por el ministro de Trabajo, Winston Santos, quien indicó que el ritmo de solicitudes afecta a cerca de 20,000 trabajadores por día. Dijo que la institución trabaja para que a partir del martes 07 de abril, más de 300,000 trabajadores puedan ser beneficiados con la ayuda ofrecida por el Gobierno a través del Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE).

El funcionario manifestó que, aunque no le gusta hacer estimaciones sobre datos supuestos, tomando como referencia el ritmo de empresas que se someten diariamente al proceso de suspensión de contratos, más de 300,000 trabajadores suspendidos podrían estar recibiendo la ayuda económica del Gobierno bajo el Programa FASE.

Agregó que para iniciar la entrega de la ayuda no se puede esperar a que todas las empresas agoten el proceso de registro y que se espera cumplir con los primeros a partir de este 07 de abril y precisó que todo depende de que los mecanismos para hacer efectivo el pago estén listos para esa fecha.

Respecto a la solicitud de las Centrales Sindicales de que se haga pública la lista de empresas que han sometido solicitudes de suspensión de personal, el ministro indicó que esto aún no se discutido en la comisión, sin embargo, se mostró de acuerdo en que sea publica esa lista ya que los trabajadores serían el mejor mecanismo de auditoria pública.

Expuso que el tema más serio en la situación que está viviendo el mercado laboral se da en los trabajadores informales, ya que no es posible identificarlos desde el Ministerio de Trabajo ni del Ministerio de Hacienda.

Señaló como otro desafío que analizan seriamente las empresas que se verán en situación de iniciar operaciones bajo un esquema de trabajo diferente y que pueda afectar el ingreso de sus empleados.

“Que los trabajadores tengan que trabajar jornadas reducidas, como hay empresas de zonas francas que ya han pedido eso, el problema será cómo nosotros podemos subsidiar a esos empleados que no recibirían todo su salario”, señaló Santos.

Agregó que muchas empresas en un tiempo querrán reabrir sus operaciones aunque sea con un personal mínimo y con jornadas de trabajo reducido para no perder sus mercados y poder subsistir económicamente.

Aseguró que esta crisis sanitaria creada por el COVID-19 ha puesto a prueba a todos los sectores en el país y que la ciudadanía puede confiar que en estas comisiones que se han creado no hay intenciones politiqueras y ningún otro interés que no sea ayudar a la población más vulnerable en esta crisis.

Afirma es mal menor que algunos se quieran beneficiar de las ayudas

El ministro de Trabajo, Winston Santos, no descartó que algunos sectores pudieran intentar beneficiarse de la ayuda del Gobierno para los trabajadores, pero que ese sería el mal menor, ya que no se puede dejar de acudir en auxilio de quienes sostienen el sector productivo nacional.

“Tu pones en la balanza cuantos se van a beneficiar y cuantos nos van a engañar, son muy pocos los que nos pueden engañar, porque de todas maneras hay dos filtros, tienen que tener empleados registrados y haberle dado de baja y luego se hará el cruce con la Tesorería”.

El ministro expuso que en esta situación de emergencia han tenido que ir aprendiendo sobre la marcha, buscando la mejor manera de aplicar las medidas y de proteger el ingreso de los trabajadores y sus empleos.

Aseguró que las medidas que está tomando el Gobierno son muy ponderadas para garantizar la sostenibilidad de las mismas, aseguró que no son medidas populistas como las que se implementan en otros países.

Hace casi dos semanas el Gobierno ordenó suspender por 15 días las actividades comerciales a causa de la expansión del coronavirus en el país y desde entonces se trabajan en los mecanismos de implementación de medidas que protejan el ingreso de los trabajadores y disminuir el impacto negativo de la paralización de los sectores productivos.