El Tribunal Constitucional declaró la nulidad de la resolución del Ministerio de Energía y Minas que impone la obligatoriedad de obtener una certificación de no objeción en esa institución para la exportación de sustancias minerales metálicas y no metálicas.

El TC acogió una acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por la Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana (CAMIPE) y la Asociación Dominicana de Productores de Cemento Portland (ADOCEM) y declaró no conforme con la Carta Magna la Resolución R-MEN-REG-034-2017, emitida por el Ministerio de Energía y Minas el 28 de agosto del 2017.

El órgano constitucional estableció que la resolución impugnada viola los artículos 40.15, 69.10, 128.1.b y 138.2 de la Constitución de la República, referentes al derecho a la libertad y la seguridad personal, la tutela judicial efectiva y el debido proceso, los principios de la administración pública y las disposiciones sobre las atribuciones del presidente de la República para emitir resoluciones, decretos y reglamentos.