Advierten fallas en la Ley 63-17 sobre Transporte y Seguridad Vial

El estudio «Multas por infracciones de tránsito y legislación de seguridad vial en República Dominicana», publicado por el Observatorio Político Dominicano (OPD), una iniciativa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), advierte que la Ley 63-17, sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, no aborda de manera eficiente la realidad social del país frente a este problema.

La investigación del OPD revela que, pese a que en la actualidad no se están aplicando las infracciones con los montos establecidos por la Ley, es decir, de dos a siete salarios mínimos, de hacerlo se podría inducir a malas prácticas al generar mayores incentivos para los sobornos, entre otros factores negativos.

“En 2017 se aprobó, promulgó e inició la implementación de la Ley 63-17, que cambió la estructura y organización, y estableció un régimen de sanción pecuniario con base en salarios mínimos. En principio, la norma no contempló qué sucedería en caso de que se realizara un aumento salarial, hecho que ocurrió en marzo del año en curso y que provocó el incremento de los montos en las multas por infracciones de tránsito”, explica el estudio.

El estudio revela que de 2016 a 2017, el aumento fue de alrededor de 400 %. No obstante, en 2019 con el aumento al salario mínimo del sector público, se duplican los montos cobrados con relación al 2017-2018, representando un aumento de 900 % con relación a los montos previos a la reforma.

La investigación del OPD precisa que la intención de la reforma de 2017 al sistema de tránsito y movilidad era dar respuesta efectiva a problemas multifactoriales que afectan al país, tales como los accidentes de tránsito, el congestionamiento vial y las deficiencias del transporte, mediante un conjunto de modificaciones en el sistema que permitiera de forma integral solucionar estos problemas.

Aumento en multas

Otro aspecto que aborda el estudio es que los fondos obtenidos por concepto de infracciones a la Ley 63-17, que tan solo en 2018 ascendieron a más de 241 millones de pesos, no son reinvertidos totalmente en el sistema y dejan fuera de la distribución de estos fondos a las autoridades locales, planes y estrategias de salud pública, desarrollo de infraestructuras, entre otros ámbitos que se hacen necesarios para la solución real del problema.

La investigación destaca que la 63-17 también se promulgó debido a la necesidad nacional de disminuir los accidentes de tránsito en el país, que según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se mantiene como el segundo país de América Latina con mayor tasa de mortalidad en accidentes de tránsito desde hace varios años, registrándose más de 1,000 accidentes de tránsito por año en los últimos cinco años. Las motocicletas son el medio de transporte más propenso a estos siniestros, con un 67.1% de las muertes registradas en choques de tránsito solo en 2017.