Punta Catalina aporta en promedio 210 megavatios al sistema eléctrico

A pesar de los conflictos entre trabajadores y el consorcio que la construye, la Central Termoeléctrica Punta Catalina se ha mantenido en su proceso de pruebas técnicas aportando al sistema eléctrico nacional un promedio de 210 megavatios.

El pasado 17 de abril, cuando los trabajadores paralizaron sus labores molestos porque el Consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella comunicó que la empresa había tenido pérdidas económicas y por eso no se le otorgaría el bono a los empleados, la planta fue sacada de operación a las 7:54 de la mañana y no volvió a generar durante todo el día, pero ya el jueves 18 empezó generando 130 MW y en la noche alcanzaba una capacidad de 360 MW.

El viernes y el sábado pasado, la planta se mantuvo disponible, sin embargo no hizo aportes al sistema eléctrico. Desde el domingo pasado la planta, cuya generación se produce en base a carbón mineral, mantiene una operación de 220 MW.

A finales de febrero, la unidad 1 de Punta Catalina entró en fase de prueba y se estima que este periodo dure tres meses, por lo que ya para final de mayo las pruebas técnicas deben finalizar y la planta empezar a operar de manera normal.

Para la primera semana de mayo está programada la prueba de encendido de la caldera de la unidad 2 de la Central Termoeléctrica para lo que la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) anunció que recibió ofertas técnicas y económicas de cinco empresas para el suministro de la segunda partida de carbón mineral que usará en la fase de prueba la Unidad 2.

La construcción de Punta Catalina, que desde sus inicios encontró la objeción de distintos sectores, se realiza bajo un contrato EPC (llave en mano), por lo que el consorcio debe realizar todas las pruebas de calidad y funcionamiento antes de entregar la obra. Entre el consorcio que edifica la obra y el Gobierno representado por la CDEEE mantienen una diferencia que será redimido en arbitraje internacional por un reclamo del consorcio de US$708 millones adicionales a lo establecido en el contrato, alegando “sobrecostos” causados por incrementos en el volumen de construcción.

En este momento, el consorcio se encuentra enfrentando el reclamo del sindicato de trabajadores, quienes exigen el pago de su bonificación y aunque se anunció un acuerdo entre las partes ante el Ministerio de Trabajo, los sindicalistas denuncian amenazas de despidos y la planta se mantiene militarizada.