Un 15 % del alcohol que toman los latinoamericanos es ilegal; RD es uno de los primeros en consumo per cápita

América Latina consume un 15 % de bebidas alcohólicas ilegales, con México a la cabeza por el volumen consumido y la República Dominicana, Ecuador y Bolivia por consumo per cápita, según un estudio global que advierte sobre los riesgos de salud pública que corren los países de la región por este motivo.

"Muchas personas sufren intoxicaciones con etanol, ceguera y cientos mueren por el consumo de bebidas adulteradas", declaró hoy a Efe Lourdes Chavarría, líder del equipo de la empresa de investigación de mercados Euromonitor International, que estudió la situación en 14 países latinoamericanos.

También están incluidos en el estudio ocho países africanos y dos de Europa Oriental, donde el consumo de bebidas ilícitas sin control sanitario, de seguridad o fiscal es todavía mayor que en América Latina, con porcentajes del 41 y el 26 %, respectivamente.

El estudio, a cuyo adelanto pudo acceder Efe, indica que en los 24 países estudiados se consumen bebidas de contrabando, adulteradas, artesanales, fabricadas de forma ilegal, caseras y no aptas para el consumo humano, además de las legítimas.

El consumo global de bebidas alcohólicas legales en 2017 fue de 222,8 millones de hectolitros, lo que demuestra que una costumbre que está "profundamente arraigada" en muchas sociedades, señala Chavarría.

Si se toman en cuenta los países estudiados de América Latina, África y Europa Oriental, el consumo anual de bebidas alcohólicas es de 42,3 millones de hectolitros, de los cuales 10,9 millones de hectolitros son ilegales.

El valor de venta de esas bebidas es de 4.800 millones de dólares y, desde el punto de vista fiscal, la cantidad de impuestos que generarían si fuesen legales es de 1.700 millones de dólares.

Los investigadores de Euromonitor comprobaron que dentro de América Latina México es el mayor mercado para el alcohol ilícito en volumen, con un 42,5 % de lo consumido, seguido por Colombia y Perú, con 16 y 12,6 %, respectivamente.

Chile es el país de menor consumo de alcohol ilícito, con apenas un 1,2 %.

Sin embargo, el impacto de este problema es mayor en países más pequeños como República Dominicana, Ecuador y Bolivia, donde el consumo por persona está por encima del promedio regional.

En algunos países latinoamericanos, como El Salvador, es común la venta sin control de alcohol medicinal, en farmacias pequeñas, para ser mezclado con jugos y otras bebidas.

Inclusive hay personas adictas al alcohol que beben enjuagues bucales y hasta perfumes y en el caso salvadoreño "el alcohol medicinal tiene dos etiquetas, para diferenciar con la de color rojo el que se puede utilizar en las bebidas", dijo Chavarría.

El problema alarma más todavía porque el nivel de conocimiento de los consumidores, sobre los riesgos que corre su salud al tomar esas bebidas es muy bajo y, en general, "se dejan llevar por el bajo precio, no cuestionan el origen del producto, ni revisan los empaques o etiquetas", agregó.

Los otros países estudiados en América Latina por Euromonitor fueron Argentina, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Paraguay.

De África fueron incluidos Ghana, Malawi, Mozambique, Nigeria, Sudáfrica, Tanzania, Uganda y Zambia, mientras que Rusia y la República Checa fueron los escogidos por Europa Oriental.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que el 27,7 % del consumo de alcohol a nivel mundial es ilícito, lo que evidencia la dimensión del problema y de los riesgos para la salud que puede producir.

El estudio de Euromonitor destaca que las bebidas "espirituosas" destiladas dominan el mercado ilícito, mientras que la cerveza, a pesar de ser la bebida más consumida, solo da cuenta de un 2,3 % del mercado ilícito.

"Los reveladores datos del estudio muestran claramente la necesidad de mejorar la regulación y condiciones globales del consumo de alcohol", dijo Chavarría a Efe.

Las regulaciones de los países son complejas e inadecuadas, las penas que se aplican a los operadores ilícitos no son disuasorias y la falta de una fiscalización estricta de la cadena de suministro facilita el comercio o hace que esas personas actúen con cierta impunidad, señala el estudio.