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Estudio

Gestión de residuos sólidos, reto de las alcaldías de RD

  • Gestión de residuos sólidos, reto de las alcaldías de RD
Jhenery Ramírez
Santo Domingo

Uno de los desafíos que deben enfrentar las alcaldías de República Dominicana es la gestión de los residuos sólidos, pues su capacidad evidencia que no hay certeza plena del estatus legal de la propiedad de los terrenos donde está ubicado el botadero.

Esto se debe al despojo de la administración del vertedero de Duquesa a la empresa privada que lo manejaba, hecho que supone un hueco en materia de ordenamiento jurídico.

Estos datos fueron arrojados por el Observatorio Político Dominicano (OPD), entidad adscrita a la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), en su informe “Panorama Municipal 2017”, en el que la entidad asegura que si bien los gobiernos locales en el país han avanzado en materia de infraestructura, en cuanto a gestionar integralmente los desperdicios se han quedado atrás.

El estudio, autoría de Natanael Disla y Pamela de la Rosa, coordinador e investigadora de la Unidad de Gobierno Local del OPD-Funglode, destaca que entre las atribuciones de los alcaldes se encuentran la limpieza y el embellecimiento de sus municipios, por lo que es necesario prestar atención especial a estos aspectos.

La investigación valora el programa de gestión de residuos sólidos “Dominicana Limpia”, ya que a través de él se intervendrían en una primera etapa 18 vertederos, 25 municipios y 62 distritos municipales, con una inversión de RD$1,500 millones tres años.

Transparencia

En tanto, el OPD-Funglode dice que otro de los desafíos que deben enfrentar los alcaldes es la transparencia y la rendición de cuentas”: “A mediados de marzo, la Cámara de Cuentas de la República llamó la atención a cerca de 4,000 funcionarios y exfuncionarios municipales quienes hasta esa fecha no habían rendido sus declaraciones juradas, según lo establecen los artículos dos, cinco y seis de la Ley 311-14, que instituye el Sistema Nacional Autorizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos, del 8 de agosto de 2014”, cita el estudio.

Los investigadores comentan que a pesar de tal falta, la Procuraduría General de la República (PGR), hasta la fecha, no ha procedido en cuanto a estos casos, como lo estipulan los artículos 13 14 y 19, de la citada ley.  

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