DIVISAS

Aseguran que flotación del dólar cambiará

El economista Haivanjoe Cortiñas aseguró ayer que el objetivo de la política monetaria hoy día es la meta de inflación, y que se adoptó desde principio de 2012, luego que el Banco Central dejara atrás el esquema de metas monetarias que implementó como respuesta a la crisis financiera de 2003-04.

Cortiñas se expresó en esos términos al referirse a la opinión ofrecida por algunos economistas que favorecen dejar libre el mercado de divisas; al respecto señaló que al parecer no se comprende que la actual política monetaria de la República Dominicana se lleva a cabo priorizando la meta de inflación, como el principal objetivo de esa política y que todos los instrumentos e indicadores monetarios están supeditados al logro de la meta de inflación.

Añadió que en octubre de 2006 la Junta Monetaria aprobó el Nuevo Reglamento Cambiario, de conformidad a lo establecido en la Ley Monetaria y Financiera número 183-02, marco legal que establece que las operaciones cambiarias se enmarcan dentro de los principios de convertibilidad y transferibilidad, para lo que se asume la libre flotación cambiaria.

Haivanjoe sostuvo que el Art. 32 de la Ley 183-02 le otorga mandato al Banco Central para poder comprar y vender divisas, de conformidad con la política y estrategia monetaria vigente, facultad que no debe interpretarse como una negación al libre mercado cambiario del país.

“Entender esa capacidad operativa del Banco Central dentro de un esquema de meta de inflación es fundamental para la estabilidad cambiaria dominicana, especialmente a partir del efecto transmisión que existe entre el tipo de cambio y la tasa de inflación que pueda registrarse en la economía dominicana”, enfatizó el economista, según se indica en un comunicado de prensa.

Indicó que en el actual ciclo económico así como las expectativas del mercado internacional de divisas, lo más saludable es continuar apostando a alcanzar el cumplimiento de la meta de inflación, tal y como se ha estado logrando desde que se adoptó en 2012; de no ser así, los efectos de la inflación en el país afectarían a la población de menores ingresos.

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